Por: Ghina Castrillón Torres
Politóloga feminista
Tras la reciente calamidad en la carretera Quibdó-Medellín espero que sean rigurosas, serias y contundentes las investigaciones de la Aerocivil a las aerolíneas por lo que sería la especulación en los precios.
En medio de la trágica situación es indignante el aprovechamiento de las aerolíneas y esto evidencia una vez más la urgente necesidad de repensar tanto la conectividad física de la región, como también la conexión política que debe existir con las zonas más vulnerables del país.
La pérdida de vidas y la devastación en el Chocó son consecuencias directas de la falta de inversión en las regiones más empobrecidas, especialmente los territorios habitados por gentes negras. Es claro que estas tragedias no son accidentes aislados, sino el resultado de la negligencia, corrupción y racismo prolongado por décadas en la atención de las necesidades de la población. La política hacia el Chocó ha sido de marginación y la emergencia actual, con un saldo de 39 víctimas fatales y un número aún desconocido de personas desaparecidas, debe ser un llamado de atención urgente.
La declaración de estado de desastre natural es un primer paso necesario. Pero más allá de los recursos económicos que se destinen, se deben cuestionar las políticas que han marginado a la región entera. Además de que es momento de poder investigar rigurosamente a las empresas que, en medio de la crisis, han especulado y se han lucrado.
La conectividad aérea se ha convertido en una vía crucial ante la interrupción de las carreteras, y revela una problemática: los altos costos de los pasajes aéreos. Satena, ante la controversia por el aumento de precios, anunció nuevos vuelos y el compromiso de mantener tarifas accesibles. Sin embargo, esto solo pone de evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas para evitar la especulación en momentos de crisis.
Recientemente se conoció que la Aerocivil tomó una medida importante al modificar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, obligando a las aerolíneas a autorregular sus tarifas ante desastres naturales. Esto, sin embargo, debería ser un primer paso hacia una revisión más profunda de la política tarifaria, especialmente en regiones como el pacífico.
La movilidad aérea no debe ser un lujo inalcanzable.
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció el aumento exorbitante de los precios de los tiquetes, calificándolo como una "agresión en el marco del derecho al consumidor". La emergencia no puede ser excusa para prácticas que atentan directamente con el bienestar de toda la región.
El presidente Petro envió un mensaje contundente a las aerolíneas: "No se debe establecer negocios sobre la sangre". Este llamado a la ética en medio de la tragedia debería atenderse tanto en el sector aéreo como en otros sectores económicos, por lo que puede representar el alza de costos en productos de la canasta básica.
El decreto de emergencia que destina quinientos mil millones de pesos para atender las obras de mitigación en la vía es un paso necesario para afrontar la situación actual. Sin embargo, esta inversión debe ir de la mano con una planificación a largo plazo que aborde las raíces del problema: la falta de desarrollo y la marginación histórica de regiones como el Chocó.
La reunión anunciada para el jueves 18 de enero en Quibdó es una oportunidad para que el Gobierno Nacional y las autoridades locales tracen un camino hacia la recuperación. Más allá de la emergencia inmediata, se necesita un compromiso continuo con el desarrollo de la región, con la construcción de infraestructuras y con la superación de barreras históricas.
La tragedia en la vía Chocó-Medellín nos recuerda las profundas brechas que existen. Es hora de que lleguen las acciones concretas, y que no sean solo una respuesta a la emergencia, sino la base de una política para todas las regiones periféricas de Colombia.
En este proceso, es crucial que las investigaciones a las aerolíneas sean rigurosas y, de encontrarse prácticas especulativas, se impongan sanciones ejemplares.