Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
En una entrevista para la Revista Cambio, el 29 de septiembre, Gustavo Bolívar dijo que no votaría por María José Pizarro si fuera ungida como candidata presidencial dentro del bloque progresista del Pacto Histórico. La declaración, que ya venía cargada debido a que Bolívar había asegurado que con Pizarro no sostiene ningún tipo de relación, que existen diferencias profundas y que no hay posibilidad de restablecerlas, terminó por generar suspicacias sobre la posibilidad de que las tensiones personales entre los diferentes actores políticos que componen al Pacto terminen rompiendo al proyecto de unidad, que aún no cuaja del todo.
Luego, en Caracol Radio, un día después, Pizarro le respondió a Bolívar indicando que estas declaraciones lo único que hacían eran herir al proyecto de unidad del Pacto Histórico, que en realidad consideraba que debe ser el derrotero fundamental del progresismo hacia 2026.
Junto a ello, el 7 de octubre estalló otro enfrentamiento público, esta vez entre Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, e Isabel Zuleta, senadora del mismo bloque de gobierno. Landinez, en una entrevista para El Tiempo, señaló que Zuleta estaba sola en su iniciativa de proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y permitir de nuevo la reelección —idea que se ha convertido en la bandera fundamental de Zuleta y con la que ha generado una lectura de amigos/enemigos dentro del Pacto Histórico—, y que la mayoría de la bancada tanto en Senado como en Cámara se plegaba a la negativa del mismo presidente Petro de reelegirse.
Zuleta posteriormente respondió a Landinez, indicando que existe una división profunda entre los que “apoyan la continuidad del proyecto político del gobierno” y los que “apoyan a Cristo, sus intereses electorales y se acomodan”.
Ya la senadora había tenido otros roces con los miembros de la bancada de su coalición y con otras figuras del gobierno, especialmente frente al ministro Cristo, al que acusa de querer alimentar su propio interés electoral e imponer su agenda al progresismo hacia 2026, evitando que en el Acuerdo Nacional se plantee la posibilidad de la reelección.
Estos recientes choques, junto con la pelea que emergió en el interior de la Asamblea de la Colombia Humana, celebrada a mediados de agosto de 2024, tras la elección de Gloria Flórez como presidenta de la colectividad, demarcan que los intentos por reactivar las movilizaciones y lanzarse de nuevo a la radicalización democrática en las calles pueden quedarse cortos, debido a las crecientes fracturas y divisiones en el seno del Progresismo.
Así mismo, denotan que la competencia por llegar al Congreso y a la Presidencia ya comenzó.
Los llamados a heredar el proyecto político del Progresismo
Fuente: El Espectador
Tal y como lo contamos en este artículo, la mayor parte de los llamados “alfiles” del gobierno nacional se encuentran en los departamentos y unidades administrativas ligados a la presidencia. De ellos, al menos se sabe de la posibilidad de que uno de ellos puede lanzarse a la presidencia (Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS) debido a que fue candidato con anterioridad a la Alcaldía de Bogotá, y se conoce de al menos varios nombres que llaman la atención dentro de las bases, entre ellos el de Daniel Rojas, exdirector de la SAE y actual ministro de Educación, así como el de Alexander López, expresidente del Polo Democrático, excongresista y hoy director del Departamento de Planeación Nacional.
La alta presencia de estos alfiles dentro de sus círculos más cercanos en el gobierno denotaría que, al menos desde 2023, con la primera crisis política y remezón ministerial, el gobierno ha cedido parte de sus espacios de poder y burocracia a su círculo más cercano, por lo que su gobernabilidad pasa, en parte, por lo que este círculo haga y conforme actúe frente a la coyuntura nacional.
El gobierno ha cedido estos espacios con dos fines. El primero, para rodearse de su círculo más cercano para gobernar sin ningún tipo de acuerdo o compromiso político que lo amarre, y porque no quiere transarlo con los partidos en el Congreso, estrategia que abandonó desde hace ya varios meses y que se denota con la progresiva salida de las cuotas políticas de los partidos del gabinete ministerial.
Estas cuotas que el gobierno entregó han comenzado a acumular poder e incidencia para llegar como opción hacia 2026, ya fuese teniendo incidencia dentro de la futura campaña y composición del Pacto Histórico, o perfilándose como candidatos dentro de las listas al Congreso o como posibles presidenciables.
Uno de los ejemplos de esta acumulación e incidencia se puede rastrear en la llegada de Hollman Morris como gerente de RTVC, luego de que Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico, denunciara presuntos perfilamientos —cuando Hollman era aún subgerente del Sistema de Medios Públicos— contra militantes y presuntos disidentes dentro del mismo Progresismo, incentivados desde allí, luego de que la abogada y activista María Niny Echeverry denunciara que Escaf tenía intereses en la realización de los Juegos Panamericanos que iban a celebrarse en Barranquilla.
Dentro de esas nuevas figuras emergentes, han surgido dos grandes tendencias: la nueva tecnocracia, reflejada en ministros como Susana Muhamad y Laura Sarabia, que beben de las premisas del progresismo, pero aplicadas dentro del escenario de la administración pública; y los sectores más radicalizados, como el de Bolívar, Morris o Cielo Rusinque que, aunque hacen parte de direcciones políticas importantes, siguen teniendo mayor peso en la formación y consolidación de militancias, y su peso en la opinión pública genera mayor ruido.
La pelea entre Gustavo Bolívar y María José Pizarro se enmarca en esta disputa, y denota que claramente la pelea por asumir el liderazgo y las banderas del Pacto Histórico pasa entre unos sectores que le apostarán a la experiencia que el gobierno adquiera durante estos años para consolidar nuevas formas de administrar el Estado para resolver sus falencias resolviendo los grandes problemas sociales del país, y otros sectores que partirán de las narrativas de que hay elementos dentro del Estado que impiden la transformación, y que por ello hay que buscar respuestas reformándolo o actuando fuera de él.
Lo único que en este momento une a todas estas figuras, es la presidencia de Gustavo Petro. No obstante, el gran problema que ha tenido el progresismo es no haber logrado cierta unidad ideológica desde el gobierno, por lo que ahora mismo el Pacto Histórico es susceptible a la formación de facciones, tendencias y corrientes con postulados cercanos, pero posiciones altamente irreconciliables entre sí, como lo manifiestan las disputas al interior de sus bases políticas.
Según la encuesta Guarumo de inicios de septiembre de 2024, las 4 grandes figuras del Progresismo que estarían con opciones de llegar a la presidencia serían Gustavo Bolívar, Francia Márquez, María José Pizarro y Daniel Quintero. No obstante, para las bases, y según una encuesta informal realizada por estas mismas en X (anteriormente Twitter), construida por varios activistas, también suenan los nombres de la exministra de Salud, Carolina Corcho y el de Carlos Caicedo.
Los liderazgos mermados por las formas tradicionales de hacer política
Fuente: El País, Cali.
Las revelaciones de Daniel Coronell sobre presuntas irregularidades del representante a la Cámara y expresidente de esa misma corporación, David Racero, en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), han golpeado la bandera de la transparencia y la anticorrupción dentro del programa de gobierno y sus defensores en el Congreso.
Según los reportes de Coronell, Racero presuntamente recibía dineros de una de sus UTL, Estefanía Montoya —quien posteriormente salió a desmentir, señalando que eran intercambios de dinero y préstamos consensuados entre ambos—, así como tenía a su conductor, Leonardo García, trabajando dentro de una tienda de frutas y verduras de su propiedad.
Luego, Coronell reportó que Racero posiblemente habría solicitado puestos en el SENA a través de su tío, luego de revelar varios chats donde el congresista le solicita a Jorge Rojas, director de esa entidad, varios cargos, y señala en los mismos que la transacción se realizará con su tío, José Luis Mayorca, excandidato a la gobernación del Cesar en 2023 y dueño de una IPS.
Con estas denuncias, la Corte Suprema de Justicia abrió dos investigaciones contra Racero, luego de que el mismo congresista apareciera en medios de comunicación solicitando a la justicia que lo investigue por lo sucedido.
Estas actuaciones no son aisladas dentro del partido de gobierno. César Pachón, exsenador dentro del mismo bloque del Pacto Histórico, quien fue apartado del cargo por un fallo del Consejo de Estado que le acusó de doble militancia durante las elecciones de 2022, también fue acusado de utilizar los recursos de su UTL para pagar una deuda, luego de que contratatara a alguien sin experiencia y le ordenara que su sueldo fuera transferido a terceras personas para cubrir sus gastos personales. Por este caso también hay un proceso abierto en la Corte Suprema en contra de Pachón.
Estos escándalos —mucho menores en términos de cuantías y gravedad— se unen a las denuncias contra Laura Sarabia, a quien presuntamente se le relaciona con irregularidades en la financiación de la campaña de Petro a la presidencia en 2022, luego de que Semana revelara unos audios de Armando Benedetti discutiendo fuertemente con ella; del mismo modo que estas denuncias también se suman al escándalo de corrupción de Olmedo López y la UNGRD.
Las divisiones que dejó la Asamblea de la Colombia Humana siguen mermando la capacidad de movilización de las bases
Fuente: Semana
El llamado de los grandes sindicatos y organizaciones sociales para movilizarse contra lo que ellos consideran es un golpe de Estado contra el gobierno se realizará el 23 de octubre de 2024. Sin una respuesta espontánea (que, en cierto modo, era lo que el gobierno esperaba con el llamado a la movilización hecho en su alocución del martes 8 de octubre), el gobierno queda ahora a la espera de si en 3 semanas, con el ruido cambiante de la coyuntura, sus bases sociales y políticas responden a su convocatoria.
No obstante, estas bases siguen fragmentadas, sumergidas en disputas intestinas y sin mayor capacidad de organización, ni claridades sobre la construcción de las Asambleas Populares, que con estas divisiones ya no queda claro a quien responden directamente, como ya lo habíamos reportado en este artículo.
Fuentes que hablaron con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) pero que no quisieron dar sus nombres y decidieron mantenerse anónimas para no generar mayores ruidos dentro de las bases políticas del gobierno, indicaron que sigue existiendo una fuerte disputa al interior de las bases, luego de la elección de Gloria Flórez como presidenta del partido.
Esta disputa, considerada como “marginal” por la mayoría de los directivos de la Colombia Humana, ha dividido al partido en varios territorios, especialmente en las regiones fronterizas y en las periferias, las mismas que denunciaron falta de democracia en la Asamblea y que denunciaron que no tuvieron ni vocería ni voto en las decisiones que se tomaron en esta.
Tanto ha sido el ruido que, a inicios de septiembre, una de las cofundadoras del partido, Janet Olarte, presentó una impugnación en contra de la Asamblea, denunciando irregularidades en la elección de Flórez como presidente, luego de señalar que presuntamente los delegados territoriales no fueron debidamente inscritos, así como no hubo quórum para hacer la convocatoria, luego de que indicara que Carmen Anachury fungiera como presidenta, vicepresidenta y secretaria general del colectivo durante varios momentos.
Olarte también indico que en la Asamblea se modificaron de manera irregular los estatutos, sin antes haber reportado esas modificaciones al Consejo Nacional Electoral.
Con estas divisiones, según las fuentes consultadas, han emergido diferentes grupos que se han autodeterminado como “asambleas” y que han dicho no reconocer el liderazgo de Flórez en la Colombia Humana, lo que ha llevado a una mayor atomización de los nodos del partido. Del mismo modo, las disputas internas han llevado a fuertes choques entre los liderazgos sociales de base y las militancias más cercanas al gobierno, quienes se acusan mutuamente de ser “infiltrados” y de “hacerle juego a la derecha”.
También las acusaciones contra Racero y las disputas entre Landinez y Zuleta han generado ruido en estos sectores, acusando que “los congresistas” y “los politiqueros” se tomaron la dirección del partido. Muchas de las bases consideran que el presidente Petro se ha rodeado de “malos consejeros” y que en realidad el gobierno está “secuestrado” por estos grupos de interés, que buscan reelegirse y sostenerse con la corrupción, como estas mismas fuentes afirmaron.
Aunque estas disputas no tocan directamente al grueso de las bases que saldrán el 23 de octubre, concentrada en los sindicatos y las grandes organizaciones y movimientos sociales, sí miden lo que está sucediendo dentro de las bases militantes del progresismo. Algunas de ellas se han organizado en grupos de WhatsApp de manera particular para coordinarse, pero su gestión se ha complicado precisamente por la atomización en la que se encuentran.
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