Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: GreenSmart
Colombia, ubicada estratégicamente entre dos océanos y cruzada por la línea ecuatorial, se ve amenazada por los efectos del cambio climático que afectan su recurso hídrico y sus cultivos. Con 20 de sus 32 departamentos identificados con alto riesgo según diversas organizaciones, ya experimentando los impactos de esta crisis, el papel de la política en la acción climática se vuelve crucial, especialmente en vísperas de las elecciones regionales.
La apuesta del Gobierno del Cambio
La actual administración, liderada por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente Susana Muhamad, ha colocado la acción climática en el centro de su agenda política. El Plan Nacional de Desarrollo se enfoca en la adaptación, resiliencia y mitigación de los territorios. Esto implica la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la mitigación de la erosión costera. Además, Colombia se ha propuesto cumplir metas de reducción de emisiones de gases contaminantes.
Un hito importante en esta lucha es la participación de Colombia en la Cumbre del Clima (COP 28) en Dubai, que se realizará a finales de este año con el objetivo de establecer un acuerdo multilateral que limite la explotación del Ártico. Estas acciones gubernamentales indican un compromiso firme con la acción climática a nivel internacional.
Elecciones regionales: una oportunidad para la acción climática
El próximo 29 de octubre, Colombia celebrará sus elecciones de autoridades locales, en las cuales se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales municipales, asambleístas departamentales y juntas administradoras locales. Estas elecciones revisten una importancia crítica para la acción climática, la descarbonización y la transición energética, ya que brindarán a la ciudadanía la oportunidad de poner la política ambiental en el centro del debate público y establecer las bases para que sea un pilar fundamental en los gobiernos locales durante los próximos cuatro años.
La crisis climática es la amenaza más grave que enfrenta la humanidad, y Colombia no es la excepción. Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (BUR3), el 100% de los municipios colombianos enfrenta algún tipo de riesgo relacionado con el cambio climático. Esto subraya la necesidad urgente de que las candidatas y candidatos estén incluyendo políticas con enfoque climático en sus propuestas de gobierno.
Según Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, coordinador de la Línea Empresas y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la reducción de las emisiones de gases para combatir el cambio climático es una preocupación global. Por lo tanto, es fundamental que Colombia se comprometa a implementar cambios concretos y medibles en su acción contra el cambio climático. Los nuevos planes de desarrollo del país deben incorporar medidas clave relacionadas con este problema ambiental, como la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la ejecución de proyectos que fomenten prácticas ambientalmente responsables.
En este contexto, se vuelve de suma importancia establecer mecanismos de gobernanza que involucren a diversos actores del sector público en la promoción y respaldo de acciones destinadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del calentamiento global. Además, es crucial recordar que Colombia ha adquirido compromisos internacionales en el Acuerdo de París, los cuales deben cumplirse antes de 2050. Por lo tanto, Nashry Zahgui enfatizó en que es imperativo que todas las entidades gubernamentales respalden activamente estas iniciativas para asegurar que se cumplan los objetivos ambientales establecidos a nivel internacional.
Los efectos del cambio climático ya se están haciendo sentir en Colombia, y el costo de la inacción es significativo. A raíz del fenómeno de La Niña en 2022, el Gobierno Nacional destinó 2.1 billones de pesos para hacer frente a la ola invernal. Además, se proyecta que el cambio climático podría causar pérdidas anuales de 4.3 billones de pesos, con riesgos que incluyen inundaciones, huracanes, deslizamientos, sequías e incendios forestales.
Estas cifras representan un llamado de atención, ya que los recursos para hacer frente a estas amenazas son limitados y necesarios para otros fines. Es imperativo que Colombia tome medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la adaptación al cambio climático para evitar costos aún mayores en el futuro.
La adaptación al cambio climático no debe considerarse simplemente como un gasto, sino como una inversión en el futuro sostenible de Colombia. Según la Cepal, una inversión de 1,8 billones de dólares entre 2020 y 2030 en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente al clima, producción agrícola mejorada en tierras secas, protección de manglares y resiliencia de los recursos hídricos podría generar ganancias por 7,1 billones de dólares para la región.
Las elecciones regionales de 2023 ofrecen a las regiones de Colombia la oportunidad de tomar medidas concretas contra el cambio climático. Con el 100% de los municipios del país enfrentando riesgos climáticos, estas elecciones son cruciales para garantizar la implementación efectiva de políticas ambientales a nivel local.
El voto consciente y responsable de la ciudadanía puede influir en la agenda política de los próximos cuatro años y acelerar los procesos de descarbonización y adaptación necesarios para proteger nuestro planeta y nuestras comunidades. Es el momento de actuar y hacer del cambio climático una prioridad en las elecciones regionales de Colombia.