Por: Redacción Pares
En medio de los avatares del paro camionero el presidente Petro hizo una alocución el pasado jueves 5 de septiembre a las siete de la noche. Sorprendió el tema que escogió en su discurso: la denuncia de que se había pagado, desde adentro de la policía, 11 millones de dólares en efectivo por obtener el software de espionaje israelíta llamado Pegasus. La compra se habría hecho durante los años en los que Iván Duque era el presidente y lo habría hecho para espiar a sus opositores.
Aunque los rumores de que esto habría ocurrido venían desatados desde marzo del 2024, el presidente esa noche de jueves anunció que se tenían las pruebas pertinentes para hacer oficial esta información y empezar una investigación en donde rodarían cabezas importantes dentro de la policía. La investigación había estado a cargo de la UIAF, organismo adscrito al ministerio de Hacienda, que tiene como su principal función descubrir lavado de activos o movimientos de dinero que tuvieran algún tipo de actividad ilícita. La UIAF obtuvo esta información a través del Egmont Group y de la Unidad de Análisis Financiero de Israel y el presidente Petro habría violado, según últimas informaciones, acuerdos de confidencialidad al haberlos hechos público.
Lo cierto es que en caso de que se comprobara si Pegasus está en Colombia, en manos de la policía, la libertad en este país estaría en entredicho. El 30 de octubre del 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en donde dio por terminado el DAS después de los escándalos que protagonizó esta entidad durante los ocho años que duró el gobierno de Alvaro Uribe. A partir de allí la inteligencia se divide en cuatro: la Agencia Nacional de Inteligencia que está adscrita a presidencia que ahora es conocida como DNI -inspirada en las agencias británicas de inteligencia- que, en teoría, depende del DAPRE pero tiene mucha autonomía. Luego está el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, la UIAF, que detecta crímenes financieros y la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL que, según lo expuesto por el presidente, fue la que decidió comprar Pegasus para espiar, en los años de Iván Duque, a la oposición.
El software Pegasus ha sido protagonista de escándalos en España y en Estados Unidos. El presidente español Pedro Sánchez fue víctima de este espionaje al igual que 65 políticos catalanes, periodistas, abogados y personalidades públicas. En Estados Unidos en el año 2021 los creadores de Pegasus, el grupo NSO, fue incluido en una lista negra. Pegasus permite a los clientes del NSO Group hacerse con el control remoto de un dispositivo móvil sin que el usuario sea consciente de ello. Es una herramienta implacable muy útil para la persecución de terroristas y criminales por parte de algunos Gobiernos, pero también para el espionaje de opositores y disidentes. Algunas agencias privadas de seguridad pensaron su momento adquirir el software pero el propio gobierno Biden decidió declararlo ilegal. El primer caso de espionaje en Estados Unidos por medio de Pegasus fue contra el defensor de derechos humanos emiratí Ahmed Mansoor. Sesenta ejecutivos y 180 periodistas de todo el mundo habrían sido chuzados por este sistema.
Según Amnistía Internacional cerca de 50 mil teléfonos en todo el mundo ya habían sido intervenidos por Pegasus. Este número al menos es hasta el 2021. Lo más seguro es que el número ha seguido creciendo. En El Salvador opositores de Bukele han sido informados por Apple de que sus teléfonos habían sido intervenidos. Uno de ellos fue el de Gabriela Cáceres, periodista de El Faro, uno de los pocos medios que se han mantenido críticos contra ese gobierno. Otro periodista que también fue intervenido por Pegasus fue Jamal Khashoggi quien fue secuestrado y desaparecido en la embajada de Arabia Saudita en Estambúl durante el 2018. Una semana antes de que mataran al periodista mexicano Cecilio Pineda, uno de los más incisivos contra la incapacidad de Enrique Peña Nieto, su teléfono había sido intervenido por el software.
Una investigación de Amnistía Internacional describe de esta manera la capacidad de hacer daño de Pegasus: “es especialmente invasivo ya que tiene la capacidad de recopilar y enviar una cantidad ilimitada de datos personales y privados. Por su naturaleza, esta herramienta de vigilancia digital es proclive a las violaciones de derechos humanos. Una vez que infecta un teléfono, permite al atacante el pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Mediante su utilización se han vulnerado los derechos de opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, aunque no solo, ya que entre los números infectados están también los de personas pertenecientes al mundo académico, de la abogacía, de la medicina, líderes sindicales, de la diplomacia e incluso jefes de Estado”.
Aunque la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, afirme que no hay pruebas que Pegasus ha sido usado para intervenir magistrados o ciudadanos, las investigaciones continúan y el presidente afirma que alguien, dentro de la DIPOL, tiene el software y ha sido utilizado para perjudicar a los que alguna vez fueron oposición. En caso de que se compruebe será uno de los golpes más duros que han recibido las libertades en el país.
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