Por: Guillermo Linero Montes
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda
Las manifestaciones y/o protestas sociales, son un mecanismo universal que asegura la convivencia en términos de compartir sin salvajismos, si no la única, sí la más importante tarea de la especie: garantizarse la supervivencia. Para ello, el desarrollo cognitivo, el progreso, es la más contundente estrategia. No de otra manera lo comprendieron los pensadores clásicos occidentales, para quienes lo importante no era estrictamente sobrevivir, sino hacerlo cada vez de la mejor manera.
Platón le llamaba a dicha tarea la búsqueda de la felicidad, que es igual a vivir sabroso, mientras que su alumno Aristóteles, sin contradecirlo, le denominó la búsqueda del bienestar, que es igual a vivir tranquilo. Lo cierto es que, para que ello ocurra, esos mismos pensadores de la antigüedad -pienso además en Solón y en Demócrito- vieron necesaria la construcción de una estrategia de acción social que lo asegurara cabalmente o, más exactamente, vieron una estrategia de acción política; pues el objetivo primordial no era la utópica armonía del libre albedrío, sino la organización reglada de la polis.
Si bien originalmente se concibieron distintos modelos políticos para alcanzar tal propósito, al final, por su eficacia y efectividad, fue adoptado el modelo de la democracia. En efecto, la democracia tiene como principio fundamental la participación ciudadana, que hace de los beneficios del poder un derecho plural y equitativo, y no uno de los privilegios en los que ese mismo poder se concentre en grupos políticos de intereses comunes (en dictaduras), se concentre en clanes familiares de intereses consanguíneos (en autarquías) o, incluso, que se concentre en un cerrado grupo de intereses malsanos, tan inescrupuloso y atroz, que ha de resguardarse a la sombra de políticos corruptos y a la sombra de quienes -como el emperador de Andersen- se disfrazan de “gente de bien” (me refiero al llamado régimen).
La democracia, en contrario a las autarquías, a las dictaduras, o más exactamente a los regímenes políticos de esencia excluyente, permite a cada participante del grupo social hacer parte de un pacto político -el pacto de la nacionalidad y la soberanía, el contrato social de Rosseau- y, desde el ejercicio de esta ciudadanía, le permite hacer vigilancia, le da herramientas para el control político y hasta le otorga el derecho a manifestar su oposición frente a las decisiones que desde el poder se tomen en contravía de esos propósitos naturales únicos: la búsqueda de la supervivencia y el desarrollo cognitivo. Para ello, el modelo de la democracia incluye figuras de acción política por medio de las cuales el pueblo puede participar de las decisiones gubernamentales.
En Colombia, por ejemplo, existen mecanismos constitucionales para garantizar el ejercicio de la participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato -contenidos en el artículo 103 de la Constitución- y, especialmente, existe el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 37.
Con todo, desde que fue esbozada la organización social bajo el liderazgo de un gobernante con poder, las manifestaciones y protestas han sido el instrumento de mayor contundencia a la hora de tumbarlos cuando han hecho las cosas mal. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia, es que estas expresiones populares, que buscan la corrección o destitución de los gobernantes fallidos, son recurrentes y, en la mayoría de los casos, si no en todos, las cosas no cambian (siguen los pobres y siguen las costumbres malsanas).
De hecho, cuando muere un rey, lo primero expresado por sus súbditos es “ha muerto el rey, viva el rey” o “a rey muerto, rey puesto”; empero, pese al relevo del gobernante, nada cambia, y esto es así porque con el derrocamiento de los monarcas no desaparece la malsanía por la cual fue tumbado, pues esta procede del modelo político que lo guiaba, que en el caso de los reyes es la autarquía.
De modo que no son los reyes el problema de fondo, sino la autarquía y sus inequidades. Se derrocan gobernantes de extrema derecha y se les reemplaza con gobernantes de extrema izquierda, o viceversa; pero el modelo dictatorial permanece. Se tumban partidos políticos para suplirlos por otros de igual calaña, pero nada cambia, pues se mantiene el modelo de una oligarquía clandestina, corrupta e inequitativa.
Entonces, ¿a qué se debe que cambien los gobernantes y no la mala situación? Un estudiante de derecho constitucional respondería -a luz de las ideas de Weber y Foucault- culpando a quienes tienen poder por encima de las organizaciones; es decir, al poder ejercido sobre los gobernantes, pero que no proviene legítimamente del pueblo. No obstante, para el imaginario popular no existe nada por encima de los gobernantes, excepto el mandato popular, y a la ciudadanía no se le ocurre pensar que las actuaciones de un mandatario puedan estar supeditadas a un poder invisible distinto al otorgado por el pueblo.
En Colombia, pese al cambio propuesto por el presidente, la oligarquía -régimen, le llamó Álvaro Gómez- se halla todavía por encima de la organización gubernamental del presidente y se resiste a que realice su plan de gobierno, porque no es oligarca y sus políticas, que tienen la fuerza y el blindaje del mandato popular, los desvelará en su traza de maleantes y, de no caer sobre ellos la justicia formal, al menos los abrumará el escarnio público, como ya hoy empiezan a padecerlo personajes como Luis Carlos Sarmiento Angulo (por su responsabilidad en la corrupción de Odebrecht) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (por su responsabilidad en el asesinato de al menos 6.402 ciudadanos).
Por esa realidad de los regímenes, que están por encima de los gobernantes, de nada ha valido que estos últimos caigan o sean derrocados; y, por esta misma razón, es que el presidente Petro aparece abanderando las marchas más significativas que han ocurrido dentro de su gobierno; porque es al régimen -por fin ahora el país advierte lo que Álvaro Gómez visualizó hace 30 años- al que debemos dirigir nuestras manifestaciones y protestas por su negación a permitirle al presidente y a su equipo de gobierno que lleven a cabo las reformas por las que fue elegido.
De tal suerte, tanto como quien escribe estas líneas, como sus lectores, debemos sentirnos comprometidos con tales manifestaciones, excepto que no hagamos parte del modelo democrático, garantizado por las elecciones populares, y nos creamos pertenecientes al cerrado modelo de la oligarquía, garantizado por la inequidad y la opresión violenta.
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