Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Este 13 de marzo de 2024 se cumple el primer año del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC). En la actualidad, el proceso pasa por el cierre del cuarto ciclo de conversaciones, iniciado el 3 marzo y finalizado siete días después, en el Centro Cultural de San José del Guaviare —la capital del departamento—.
En este municipio, que ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado, se reunieron en la Mesa de Diálogos de Paz (MDP), las delegaciones del Gobierno colombiano y de la organización armada. Acompañados por autoridades locales —Alcaldía y Gobernación—, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio del Guaviare y varios miembros de la comunidad internacional.
La Mesa de Diálogo de Paz, que se instaló formalmente el 16 de octubre de 2023 —luego de muchas tensiones y dificultades durante los primeros seis meses—, tiene el propósito de llegar a un acuerdo de paz de fin de conflicto. Acuerdo que podría ser firmado durante este gobierno de Gustavo Petro o el próximo, según los avances que se logren.
Entre los avances más importantes durante este año de proceso están: Primero, se cuenta con un Acuerdo sobre los Lineamientos Base para la Elaboración de la Agenda de Diálogos y la Construcción de Paz —firmado en Tibú, el 16 de octubre de 2023— con la que busca lograr transformaciones territoriales y la superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas.
Segundo, entre los acuerdos y protocolos firmados hasta el momento, está el importante acuerdo de implementar un Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT). Este comenzó a operar el 16 de enero de 2024 e irá hasta el 15 de julio de 2024, con posibilidad de prórroga. Además, otro firmado el 12 de diciembre de 2023, donde se comprometen al abandono del secuestro con fines económicos.
Tercero, cuenta el proceso con el acompañamiento del componente internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y los países garantes —Irlanda, Suiza, Noruega y Venezuela— están participando en la Mesa de Diálogos de Paz. Además, están involucradas organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales, como la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.
Cuarto, se tiene al frente del proceso un equipo de trabajo altamente conocedor y responsable. A la cabeza de la delegación del Gobierno nacional está Camilo González Posso, quien funge como jefe negociador, y Fabio Valencia Cossio, con experiencia en el proceso de paz del Caguán. González, por ejemplo, es una persona con un gran conocimiento acumulado en materia de paz, un intelectual que estuvo dirigiendo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), una ONG que conoce y hace seguimiento a las dinámicas del conflicto armado.
Y quinto, se viene firmando protocolos con los que se busca implementar de inmediato transformaciones en los territorios. Como el último, acordado este 10 de marzo, al cierre del IV ciclo. La Mesa firmó siete documentos, uno de ellos donde se acuerdan acciones específicas para los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Guaviare, así como la región del Catatumbo en el Norte de Santander. Acciones concretas con las que se busca aportar al desarrollo sostenible, la reforestación y conservación de los recursos naturales.
A pesar de estos importantes avances y puntos fuertes, el proceso, en su primer año, evidencia algunas dificultades y retos, entre ellos están:
La necesidad de avanzar en la definición de una agenda de negociación clara y precisa. A pesar de que se tienen identificados unos temas en el Acuerdo sobre los Lineamiento —allí están los temas de tierra y territorio, ambiente y desarrollo sostenible, poder local y gobernanza, víctimas y comunidades étnicas y campesinas, entre otros—, la Mesa de Diálogos de Paz puede llegar a un debilitamiento y cansancio a causa de la aparición de una agenda ambiciosa y amplia.
Dado que se tomó la decisión —al igual que como viene ocurriendo en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— de hacer acuerdos parciales e irlos implementando en la medida que se avanza en el proceso, se requiere de parte y parte, poner muchos recursos y acciones para avanzar de manera específica y diligente en la implementación de esto pactos. Lo cual abre la puerta a la aparición de recriminaciones por los posibles incumplimientos.
Por ejemplo, un reto actual es avanzar en la identificación de acciones concretas para la transformación de los territorios: como los planes socioambientales para la recuperación de las cuentas de los grandes ríos —como el Amazonas o el Catatumbo— que están siendo destruidos por la deforestación para cultivos ilícitos y la minería ilegal. Acuerdos como este exigen muchas acciones en territorios con múltiples actores armados y problemas de todo tipo.
De parte de la organización ilegal, es necesario que la EMC cumpla a cabalidad con el cese al fuego. Frente a este tema podría haber dificultades: estamos frente a una organización muy grande, con cerca de 27 estructuras disidentes de las Farc-ep; y que hacen presencia en muy diversos municipios —según la Defensoría del Pueblo, el grupo armado hace presencia en 234 municipios y 19 departamentos, entre ellos: Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare —.
Además el EMC se caracteriza por tener una forma organizativa federada, como una organización con una gran variedad de estructuras, con intereses diversos y formas distintas de operar en los territorios. Está amalgama hace que se perciba una autonomía territorial de las estructuras y la imposibilidad de un control unificado de mando. En este sentido, el proceso de paz podría tener, con el paso de los meses, un incumplimiento de lo acordado.
Otro reto se encuentra en la demanda que hace el EMC de darle una participación amplia y vinculante a la sociedad. Esto exige una adecuada intervención territorial para que se tengan condiciones de protección a la población. Recordemos que en todos los territorios donde hace presencia el EMC se libra una guerra por la competencia por el control territorial y rentas ilícitas; en ellos conviven otros actores armados, como el Clan del Golfo.
En conclusión, en este año se avanza en otro frente importante de la Ley de Paz Total. Se ha logrado en este primer año construir un proceso de paz donde se notan fortalezas, pero también dificultades jurídicas, políticas y de orden público. En este sentido son más los retos que los avances. Se requiere tener una agenda, una debida implementación de los acuerdos y un cumplimiento de los protocolos, como el del cese al fuego, la efectiva participación de la sociedad y la veeduría social de la población. Además, crear las condiciones para aumentar la confianza entre las partes.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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