Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional podría estar pasando en estos momentos —la tercera y cuarta semana de febrero de 2024— de una fase de negociación a una de congelamiento. Así lo anunció el Comando Central del ELN (COCE), en un comunicado del 19 de febrero, donde acusa al Estado de estar “adelantando acciones violatorias a lo pactado en la Mesa de Conversaciones” y, por tanto, llama “a consultas” a su delegación.
La organización guerrillera recrimina al Comisionado de Paz, a las Fuerzas Armadas y a la Policía de estar orquestando una iniciativa de diálogo regional con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Lo que significa estar iniciando otro proceso paralelo de paz con una fracción de está guerrilla. Encendiendo las alarmas del COCE, pues lo consideran una clara violación del Gobierno nacional a los acuerdos firmados recientemente con ellos en las ciudades de México, La Habana, Caracas y Bogotá.
En el comunicado, el COCE le recuerda al Gobierno que existe un Comité Nacional de Participación, acordado en la Mesa de Conversaciones, encargado específicamente de estructurar, motivar y atender a la sociedad civil para que participe en este proceso de paz. Labor que viene cumpliendo a cabalidad, pues, durante el segundo semestre de 2023 y lo que lleva de este, el Comité ha realizado 53 encuentros de 77 en total, logrando vincular a muy diversos actores en todo el territorio nacional.
El objetivo del COCE, al igual que del Comité Nacional de Participación, es que este año y el próximo esta dinámica con la sociedad civil se mantenga y amplíe. Desean que la ciudadanía se vincule a este proceso, para que ayuden a identificar los problemas que requieren ser atendidos en el país; además que se logre proponer las transformaciones que se imaginan para la paz. En breve, se desea una sociedad participativa y propositiva en el proceso de paz.
Sin embargo, para el COCE, con la autorización del Gobierno nacional de realizar los diálogos regionales, las dinámicas planteadas en la Mesa están cambiando. Este está autorizando a un mandatario regional —al gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar— a que a partir de la primera semana de marzo explore con un frente del ELN una salida negociada al conflicto. Abriendo con ello una puerta muy problemática tanto para la dirección central de está guerrilla como para el mismo Gobierno.
Para el ELN es problemático, porque el Gobierno le está abriendo puertas a que, si así lo desean, otras fracciones de esta organización guerrillera —de manera autónoma y con deseos manifiestos de querer negociar la paz— exploren salidas al conflicto en diversos lugares del territorio nacional. Lo que provocaría un debilitamiento del COCE como organización y pone en evidencia una posible crisis interna que ellos podrían manejar.
Para el Gobierno abrir está puerta significa poner a funcionar otro frente de la Paz Total, uno que hasta ahora ha explorado poco. Aquel que la Ley 2272 de 2022 le han llamado “diálogos regionales vinculantes”, con el que se buscaría la resolución de las conflictividades sociales en los territorios. Este frente propone a las autoridades municipales y departamentales que sean ellas las encargadas de convocar a la sociedad para que se vinculen en la soluciones de problemas de seguridad comunitaria.
Este es un frente de trabajo que para el Gobierno, como se advierte, tiene varios problemas, entre ellos la poca claridad que hay en cuánto al poder que tiene el Ejecutivo para delegar a los entes territoriales el tema de negociar la seguridad y la paz, pues está es una responsabilidad constitucional del Estado central. También, en el debilitamiento que podría generar a la Mesa de Conversaciones con el ELN, lo que le quitaría fuerza al proceso y causaría confusión entre la ciudadanía al ver tantos frentes de trabajo con la misma guerrilla.
Y, finalmente, en el envío de un mensaje contradictorio al ELN y la pérdida de confianza en el adversario. Pues, por un lado, le piden y exigen unidad de mando a la guerrilla, para que controle sus tropas y pueda cumplir a cabalidad los acuerdos pactados —como la implementación de las ayudas humanitarias y del cese al fuego—, pero por el otro, están autorizando los diálogos regionales con fracciones del mismo ELN, lo que significa está atacando la imagen de unidad que ella estaba logrando.
En síntesis, la autorización que el Gobierno nacional le está dando al gobernador del departamento de Nariño de realizar diálogos regionales con fracciones del ELN está poniendo en riesgo de parálisis y debilitamiento el proceso de paz con esta guerrilla. Además de poner en tela de juicio la unidad de mando de esta agrupación y evidenciar los probables problemas internos, crea desconfianza entre las partes y permite que reduzca ritmo un proceso que mostraba avances significativos.
A pesar de estos problemas, y de que el COCE haya decidido llamar a sus representantes en la Mesa de Negociaciones a “que paren el proceso mientras resuelven un problema fundamental”, es importante guardar la esperanza de que esta nueva piedra en el camino se supere pronto. Estamos frente a un proceso que ha logrado avanzar considerablemente, son varios los acuerdos firmados en estas seis rondas de negociaciones que lleva, entre ellos, uno donde se renovó un cese al fuego por 180 días —que apenas cumple un mes próximamente—.
Además se cuenta con el acompañamiento de una serie de países amigos —en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, que con su experiencia y conocimiento, sabrán proponer a las partes una salida a esta nueva fricción. En este sentido, esperemos que está fase de congelamiento, de iniciarse, dure poco. Y que las dificultades se conviertan de nuevo en una oportunidad para aprender y avanzar de manera más segura en el camino de la paz.
*Este artículo es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.