Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: El País
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho del diálogo con los grupos armados ilegales una de sus principales apuestas para alcanzar la paz en Colombia, buscando poner fin a décadas de conflicto armado. Aunque los esfuerzos por negociar con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Estado Mayor Central (EMC) han sido complejos y llenos de tensiones, las conversaciones con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han mostrado, en teoría, un mayor margen de avance. Sin embargo, las expectativas de un acuerdo rápido se han visto frenadas por una serie de exigencias por parte del grupo armado, liderado por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien permanece en el centro de las discusiones.
La Segunda Marquetalia es uno de los grupos armados con los que el gobierno colombiano ha establecido una mesa de negociación. Esta facción fue creada por disidentes de las FARC que no aceptaron el Acuerdo de Paz de 2016, encabezada por figuras emblemáticas de la antigua guerrilla como Iván Márquez. A diferencia de otros grupos insurgentes, la Segunda Marquetalia ha señalado estar dispuesta a avanzar hacia un acuerdo, siempre que el gobierno cumpla con los compromisos pactados en el marco de las negociaciones.
Walter Mendoza, jefe de la delegación de este grupo, ha sido claro en sus declaraciones: el grupo está "listo para avanzar a la velocidad que quiera el Gobierno", pero solo si se respetan los acuerdos previamente alcanzados en las negociaciones celebradas en Caracas, Venezuela.
Entre las demandas de la Segunda Marquetalia, destacan temas estructurales que afectan a los territorios más vulnerables de Colombia, como la construcción de infraestructura, el acceso a la educación, la mejora de los servicios de salud y la vivienda. Mendoza ha subrayado que resolver un conflicto que lleva más de seis décadas no puede hacerse de manera apresurada, y que un periodo de dos años, como el que ha proyectado el gobierno, es insuficiente para abordar los problemas históricos de las regiones afectadas.
Uno de los mayores retos en el actual proceso de paz con la Segunda Marquetalia es la insistencia del grupo armado en que su líder, Iván Márquez, sea parte activa de la mesa de negociaciones. Sin embargo, Márquez enfrenta una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos, lo que ha complicado su participación. Según Walter Mendoza, "la mesa está coja" sin la presencia de Márquez, ya que él es no solo el líder del grupo, sino también el jefe de la Comisión Política de la organización.
Esta exigencia ha generado un punto de quiebre en las negociaciones. Mientras que el grupo armado insiste en que el gobierno de Petro tiene las herramientas políticas y jurídicas para gestionar la suspensión de la orden de captura, el Ejecutivo ha reconocido que cumplir con esta solicitud es una tarea sumamente difícil. Otty Patiño, alto comisionado para la paz, mencionó en un debate de control político que las conversaciones se han complicado debido a esta exigencia inesperada. "Es una echada para atrás y pone en crisis al proceso", afirmó, destacando que este obstáculo pone en riesgo la continuidad del diálogo.
Patiño también advirtió que, para que esta petición avance, sería necesario un nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, lo que implicaría complejas negociaciones bilaterales. Además, recordó que miembros de la Segunda Marquetalia están solicitados en extradición por cargos relacionados con el narcotráfico, lo que añade una capa adicional de dificultad a las conversaciones. La posibilidad de suspender o levantar las órdenes de captura dependerá en gran medida de si el grupo accede a medidas concretas, como la georreferenciación de sus frentes y un compromiso firme de poner fin al conflicto.
Otro factor clave en las negociaciones es el papel que juega Venezuela como garante del proceso de paz. Walter Mendoza ha defendido abiertamente la continuidad del régimen de Nicolás Maduro en este rol, asegurando que su permanencia en el poder es vital para el éxito de las conversaciones. El jefe negociador de la Segunda Marquetalia expresó su preocupación por la influencia de sectores de la extrema derecha en Venezuela, que, según él, podrían intentar desestabilizar el proceso iniciado por Hugo Chávez y continuar con los esfuerzos por boicotear las negociaciones de paz en Colombia.
A pesar de las tensiones políticas en Venezuela, el grupo insurgente confía en que el gobierno de Maduro seguirá comprometido como garante, destacando su importancia para la estabilidad de las conversaciones. Sin embargo, este respaldo a Maduro también puede generar divisiones dentro de Colombia y en la comunidad internacional, lo que añade otro reto a un proceso ya complicado.
Aunque aún no se ha fijado una fecha para la reanudación de las negociaciones, se espera que el próximo ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia tenga lugar en La Habana, Cuba. Sin embargo, las expectativas sobre el éxito de este nuevo ciclo son mixtas. Mientras que algunos ven en la disposición del grupo armado una oportunidad para avanzar hacia la paz, otros consideran que las demandas en torno a Iván Márquez y las complejidades legales internacionales podrían estancar el proceso.
A medida que se aproxima el segundo ciclo de negociaciones, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el desafío de equilibrar sus compromisos con la justicia internacional, la presión de la opinión pública y su intención de alcanzar un acuerdo de paz que sea sostenible a largo plazo. La Segunda Marquetalia, por su parte, seguirá presionando para que se cumplan sus demandas, especialmente en lo que respecta a la inclusión de su líder en la mesa de diálogo.
El proceso de paz con la Segunda Marquetalia está lleno de incertidumbre, con avances y retrocesos que podrían definir el futuro de la seguridad y la estabilidad en Colombia.
Si bien las intenciones del gobierno de Gustavo Petro son claras, el camino hacia la reconciliación está lleno de obstáculos que no pueden ser ignorados. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si es posible encontrar un equilibrio entre las demandas de la guerrilla y las limitaciones del Estado colombiano, en un esfuerzo por poner fin a más de 60 años de conflicto armado en el país.
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