Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Infobae
En el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, continúan exhibiendo su influencia criminal y su capacidad para imponerse sobre las autoridades locales y la población civil. En esta ocasión, el frente Carlos Patiño, una facción de las disidencias, ha aportado fondos para la construcción de un puente vehicular en la vereda Honduras, sobre el río Micay, inaugurado recientemente.
La inauguración del puente tuvo lugar el pasado lunes 1 de julio. En un evento que mezcló elementos comunitarios y criminales, la comunidad organizó un bingo para celebrar la apertura del puente, mientras los hombres armados de las disidencias rompían el listón de apertura.
Este nuevo puente, que conectará a 12 veredas, supuestamente beneficiará a unos 30.000 habitantes del Cañón del Micay. Sin embargo, la construcción no estuvo exenta de polémica: las disidencias aportaron un 15% de los recursos, obtenidos presuntamente en parte del narcotráfico, y establecieron un peaje ilegal para el uso del puente.
El puente no solo facilitará la movilidad de la comunidad, sino que también servirá como un nuevo punto de recaudación para las disidencias. Durante la inauguración, los hombres armados anunciaron las tarifas del "peaje comunitario": 2.000 pesos para motocicletas y 10.000 pesos para carros. La comunidad, en su desesperación por infraestructura, ha aceptado estas condiciones, alegando que los fondos de las disidencias representaron una parte significativa del costo total del puente, estimado en 600 millones de pesos.
Eduard Rubiano Álvarez, secretario de la Asociación Campesina del Micay, declaró que la construcción del puente, que duró entre cinco y seis meses, se llevó a cabo con recursos obtenidos mediante actividades comunitarias y eventos organizados por las juntas de acción comunal del Cañón del Micay. Sin embargo, la presencia y el control de las disidencias sobre el proyecto subrayan la precaria situación en la región, donde la falta de presencia estatal permite que grupos criminales impongan sus propias reglas.
El Cañón del Micay, escenario de constantes disputas entre las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, y el ELN, vive bajo un régimen de control impuesto por estos grupos. Existen “manuales de convivencia” que prohíben, entre otras cosas, la circulación de motociclistas con casco y de carros con vidrios arriba. La velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora y transitar después de las ocho de la noche está vetado. Las violaciones de estas normas pueden resultar en multas de hasta cinco millones de pesos o en secuestros.
Las comunidades del Cauca enfrentan un control social y económico severo. Los visitantes deben obtener permisos previos gestionados por la comunidad, y los habitantes viven bajo la constante amenaza de secuestro y extorsión. A diario, se reportan retenciones, asesinatos y desapariciones. Los comerciantes y finqueros son obligados a pagar sumas considerables de dinero para evitar represalias. En caso de no pagar, los disidentes recurren a la matanza de animales domésticos como vacas, pollos o marranos.
Pese a la violencia y el control ejercido por las disidencias, la comunidad sigue mostrando resiliencia. La entrega de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y del puente, aunque provenga de fondos ilegales, refleja la necesidad de infraestructura en la región.
Fuentes locales le indicaron al medio de comunicación El Colombiano que parte de los recursos utilizados provienen de un impuesto irregular cobrado a los cultivadores de hoja de coca, subrayando la compleja relación entre la economía ilícita y la vida cotidiana en estas áreas.
La construcción del puente en la vereda Honduras no es un hecho aislado. Las disidencias de las Farc han entregado otras obras en diversas regiones del país, buscando legitimarse ante las comunidades locales.
En mayo, entregaron el colegio agropecuario "Getil Duarte" en los límites entre el Meta y Caquetá, y más recientemente inauguraron un centro de salud en la zona rural de Tibú, Norte de Santander.
Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó la importancia de contextualizar la situación antes de la ruptura del cese al fuego entre el Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Según Marín, el Estado Mayor tenía influencia en el 99% de los municipios del Cauca, lo cual incluye presencia armada, control de economías e injerencia en las dinámicas del territorio.
Tras la suspensión del cese al fuego, se ha observado una intensificación de las acciones del Estado Mayor, especialmente del grupo Carlos Patiño, en contra del Ejército, lo que ha resultado en numerosos hechos victimizantes.
Marín subrayó la necesidad de que el Ejército tome el control de estas zonas, pero enfatizó que la solución no debe limitarse a la presencia militar. Según la investigadora, es fundamental que otras ramas del Estado estén presentes en el territorio para contrarrestar las infraestructuras establecidas por los grupos armados. Estos grupos, en ausencia del Estado, se legitiman construyendo puentes, carreteras y otras infraestructuras que también benefician a la población local.
Además, Marín mencionó que el puente construido por el Estado Mayor se finalizó en aproximadamente cinco meses, evitando los procesos de veeduría típicos de una contratación estatal. Esta rapidez se debe a los fondos provenientes del control de las economías locales. El grupo Carlos Patiño, responsable de esta construcción, también impone un peaje de entre 2.000 y 10.000 pesos a quienes transitan por la carretera, lo cual no es un caso aislado. Marín recordó el escándalo del colegio Gentil Duarte en El Caguán y la ambulancia entregada en San Juan del Micay a comienzos de año.
Finalmente, la investigadora de Pares hizo un llamado al Gobierno Nacional para que su presencia en los territorios sea integral y no se limite al control militar. La investigadora subrayó la importancia de garantizar derechos sociales, educación y vivienda para reducir la influencia de los grupos armados y mejorar la legitimidad del Estado en estas zonas.