Por : Katerin Erazo, Periodista
La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa, nuevamente, un punto de inflexión. La decisión del gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, de congelar 15.000 millones de pesos destinados a proyectos clave de justicia transicional en Colombia ha desatado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del país.
Esta medida, que suspende la cooperación durante 90 días, ha puesto en la cuerda floja el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones más fundamentales para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las FARC.
La JEP fue creada para esclarecer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado colombiano, investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante décadas de violencia, y garantizar la reparación a las víctimas. Desde su creación, la jurisdicción ha desempeñado un papel clave en el proceso de reconciliación, permitiendo que se descubran crímenes como el asesinato sistemático de miles de jóvenes, la desaparición forzada de miles de personas y otras atrocidades cometidas por diversos actores del conflicto, tanto guerrilleros como miembros de la fuerza pública.
Es precisamente este mecanismo el que se encuentra ahora en riesgo. La congelación de fondos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta proyectos que son esenciales para la consolidación de la paz en Colombia, tales como la implementación de la reforma rural integral y el fortalecimiento de la justicia transicional. En total, la suspensión de estos recursos implica la retención de hasta 35 millones de dólares mensuales (420 millones de dólares anuales), una cifra crucial para la ejecución de estos programas de gran calado.
Ante esta situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado con firmeza ante esta decisión. A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su apoyo incondicional a la JEP y denunció lo que considera un intento de frenar el avance hacia la justicia y la verdad sobre el conflicto armado. Petro fue claro al afirmar que suspender los fondos para la JEP es un acto político que pone en peligro el futuro del proceso de paz en Colombia.
“Suspender los recursos para la JEP es un intento de tapar la verdad sobre el conflicto armado”, aseguró Petro, destacando que la justicia transicional es el primer paso hacia la reparación de millones de víctimas que aún esperan que los crímenes del pasado sean esclarecidos y que los responsables reciban justicia. Además, comparó la decisión de Estados Unidos con un acto simbólico de ocultar la memoria histórica del país, aludiendo a "tapar los murales que pintan sobre la masacre en La Escombrera de Medellín", una de las fosas comunes más emblemáticas del conflicto.
El mandatario colombiano subrayó que la paz en Colombia necesita de un ejercicio constante de memoria histórica, verdad y justicia, y que la JEP juega un papel crucial en ese proceso. Según Petro, la suspensión de estos fondos no es un simple desacuerdo económico o diplomático, sino un obstáculo directo a la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera.
A pesar de la medida tomada por el gobierno estadounidense, Petro ha afirmado que su administración se encargará de suplir los fondos congelados con recursos propios. Esto, sin embargo, plantea una serie de retos para un país que sigue lidiando con un déficit fiscal y una economía afectada por diversas crisis internas.
Este paso también refleja un desafío mayor para el gobierno colombiano: cómo sostener los mecanismos de justicia transicional y la reforma rural integral, que son fundamentales no solo para el proceso de paz, sino también para reducir las desigualdades históricas en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
La reforma rural integral, que incluye la restitución de tierras a las víctimas del despojo y el impulso a la economía campesina, es una de las promesas más ambiciosas del acuerdo de paz. Sin los recursos internacionales, el gobierno de Petro se enfrenta a un dilema crucial: cómo seguir adelante sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) el recorte en la cooperación internacional está estrechamente vinculado con la forma en que Estados Unidos ejerce su soft power y su diplomacia a través de proyectos de cooperación. Estos proyectos no son simples actos de caridad, sino inversiones estratégicas que, aunque no generan lucro directo, tienen un enfoque humanitario y buscan facilitar el acceso de las poblaciones a bienes, servicios y espacios de participación política y social.
En ese contexto, el recorte impulsado por Donald Trump representa un giro hacia el hard power, es decir, una diplomacia más dura y realista, alineada con la visión de Robert Keohane. Su objetivo es redefinir las relaciones internacionales de manera más desigual y jerárquica. En los próximos años, según Chala, es probable que se observe una recomposición de las dinámicas de cooperación, pero esta vez mediadas por intereses políticos bajo la premisa de “América Primero”, priorizando los beneficios estratégicos de Estados Unidos.
Para Chala, este escenario marca el fin del multilateralismo tal como se ha conocido desde 1945 con el Plan Marshall, modelo que, pese a sus transformaciones a lo largo del tiempo, ha definido la cooperación internacional hasta la actualidad. Sin embargo, también podría dar paso a un nuevo tipo de multilateralismo, más regionalizado y centrado en distintos polos de poder a nivel global, lo que reconfiguraría las relaciones internacionales.
En el caso de Colombia, la reducción de la ayuda de USAID envía un mensaje contundente, ya que dicha agencia financiaba numerosos proyectos en el país. Esto genera una crisis dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que deberán replantear sus estrategias y buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus iniciativas. A su vez, surge la necesidad de fortalecer esquemas de cooperación regional, como la cooperación Sur-Sur, que permitan consolidar fondos comunes y reducir la dependencia de potencias tradicionales.
Si bien existe la posibilidad de un efecto dominó, este sería contenido en cierta medida, dado que la inversión proveniente de Europa, aunque disminuida, se mantiene. En este escenario, Colombia deberá explorar nuevos aliados para la cooperación internacional. Asia podría convertirse en una alternativa viable, al igual que Europa, mientras que a nivel regional se requiere una mayor integración latinoamericana basada en redes de cooperación y financiamiento conjunto, elementos clave para superar este desafío.
Cabe resaltar que la suspensión de los fondos no solo ha generado una crisis dentro de Colombia, sino que también ha tensado las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington. Aunque la medida de Trump afecta principalmente a Colombia, también tiene un impacto en otros países receptores de ayuda, especialmente aquellos en situaciones de conflicto o pobreza extrema, como Gaza. Lo que ha llamado la atención, sin embargo, es la exclusión de países como Egipto e Israel, considerados aliados estratégicos de Estados Unidos, que seguirán recibiendo apoyo militar.
La decisión de suspender la ayuda internacional a Colombia, aunque justificada por el gobierno estadounidense bajo el argumento de reducir la cooperación con ciertos países, ha sido vista como un desaire hacia uno de sus principales aliados en América Latina. Esto coloca a Colombia en una posición incómoda, dado que el país ha dependido históricamente de la asistencia de Estados Unidos en diversos frentes, desde la lucha contra el narcotráfico hasta los esfuerzos de paz y justicia.
Más allá de la diplomacia y los acuerdos temporales, la suspensión de los fondos es un recordatorio doloroso de los enormes desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz. Aunque los Acuerdos de Paz de 2016 representaron un hito histórico, la implementación de estos sigue siendo frágil.
La JEP ha sido una de las principales herramientas para garantizar que el pasado no quede impune y que las víctimas del conflicto no sean olvidadas. Sin embargo, el proceso sigue siendo vulnerable a los vaivenes de la política internacional y las prioridades de los gobiernos extranjeros.
Como bien ha señalado Petro, “la paz necesita verdad”, y la suspensión de fondos a la JEP es una amenaza directa a esa verdad. En lugar de cerrar heridas, el impacto de esta medida podría abrir nuevas fisuras en una sociedad colombiana que aún lucha por superar décadas de violencia. Los próximos meses serán cruciales para determinar si Colombia podrá mantener su compromiso con la paz, la justicia y la memoria histórica, sin importar los obstáculos externos.
Al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿puede Colombia garantizar la paz sin los recursos necesarios para hacer justicia? Y, más aún, ¿estará la comunidad internacional dispuesta a apoyar un proceso que, más allá de sus imperfecciones, sigue siendo un modelo para la resolución de conflictos en América Latina? Las respuestas aún están por verse, pero una cosa es clara: la lucha por la verdad y la justicia no puede detenerse.
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