Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Lo más probable es que a partir de junio de este año, los hogares, pequeñas industrias y comercios en Colombia tendrán un aumento en el “recibo de la luz”; o si se quiere, habrá un incremento generalizado en el valor de las facturas de los servicios públicos domiciliarios en el país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien es la organización encargada de fijar el precio de la energía eléctrica en Colombia, decidió ajustar las fórmulas tarifarias para “establecer un esquema diferencial que promueva el ahorro en el consumo de energía por parte de los usuarios”.
Está medida la tomó el 20 de abril de 2024, usando la Resolución 101 042, “por la que se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para promover la recuperación de los niveles de los embalses del país y prevenir así eventuales desabastecimientos” (art. 1).
El programa consiste en cobrarles a hogares, pequeñas industrias y comercios un valor extra por cada kilovatios-hora por día (kWh-día) de energía eléctrica que consuman, más allá del promedio de los últimos tres meses anteriores a la medida —antes del 15 de marzo de 2024—.
Este cobro se hará dependiendo del estrato socioeconómico del usuario: para los estratos del 1 al 3 el sobrecosto por los consumos adicionales será del 30%, los estratos del 4 al 6 el Kvh-día extra se incrementará en 50% y para el comercio e industria regulada la unidad de energía adicional tendrá un costo doble —un 100 por ciento mayor—.
Con esta regulación, la CREG busca incentivar el ahorro en el consumo de energía en el país, en los próximos seis meses —incluso podrá prorrogarse por seis meses más—. Es una medida con la que se intenta aportar a la estabilidad del sistema energético, en un momento crítico del sector eléctrico, donde el Fenómeno de El Niño ha provocado una reducción en los niveles de los embalses y donde es necesario tomar medidas para responder a la contingencia para evitar posibles racionamientos.
Los incentivos, que pueden ser monetarios o no, son herramientas que usan los agentes reguladores de los mercados con el objetivo de generar cambios positivos en los hábitos y comportamientos de los actores económicos, sean estos oferentes o demandantes. En este caso, son acciones para controlar o reducir la tendencia creciente en el consumo de energía eléctrica en el país.
Dado que es un programa nacional, a todo los agentes que participan en el mercado les debe quedar muy claro: primero, el comportamiento que se quiere cambiar —el consumo promedio diario creciente hasta el 15 de marzo de 2024—. Segundo, la meta ajustada para todos los usuarios —al usuario le debe llegar en la factura la meta de consumo mensual para que la tengan presente y trate de cumplirla—. Y tercero, los incentivos que se le entregarán—positivos para los que estén por debajo del consumo promedio, y negativos para los que estén por encima—.
Frente a estas medidas se pueden hacer muchas críticas, lo que incidirá en que a partir de junio y hasta diciembre de este año, como mínimo, el pago de los servicios de electricidad aumentará para la ciudadanía en general. El incremento se producirá debido, entre otros, a los siguientes tres factores:
Primero, a la tendencia creciente que viene presentando el consumo de energía en el país y que es difícil revertir, debido a las dinámicas del crecimiento económico. Según XM, quien es operador del mercado eléctrico, en los tres primeros meses del año, comparado con el anterior, se presentó una subida general de 7% en la demanda de la energía; y en marzo el aumento fue del 12%. Incluso en la misma resolución se dijo que “a la fecha la demanda de energía eléctrica presenta un crecimiento de 8.31 % comparado con los mismos días del mes del año inmediatamente anterior”.
Segundo, al aumento de las lluvias a partir de abril, en muchas regiones del país. Este cambio en el clima está provocando que la gente se relaje con la responsabilidad frente al consumo de energía. El incremento en las precipitaciones está generando una sensación de que la carencia del recurso hídrico ha desaparecido, y, por tanto, la programación mental inicial de reducir el consumo de energía está desapareciendo.
Finalmente, el tercer componente que afectará la efectividad del programa está en el agente que el regulador estableció como responsable de aplicar la medida. Según el artículo 7 de la resolución “Los comercializadores deberán hacer divulgación masiva a los usuarios regulados a través de todos sus canales de comunicación sobre el programa de incentivos al uso eficiente de la energía, a más tardar desde el quinto (5°) día hábil siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta que finalice el presente programa”.
Es decir, le corresponde a los comercializadores informar a los usuarios regulados sobre el presente programa de incentivos al uso eficiente de energía. A las empresas comercializadoras, que son las que nos entregan las facturas y a las que les pagamos, nos debe informar sobre las tarifas que aplicarán, hacer seguimiento a los consumos, hacer efectivo los castigos o sobrecostos y entregar los beneficios, si es que alguno lo cumple.
Es decir, el regulador puso a los ratones a cuidar el queso. La CREG le entregó a los comercializadores la responsabilidad de realizar las campañas informativas para promover reducciones en el consumo de energía entre sus usuarios no regulados. A darle consejos prácticos a los usuarios para que no les compren más energía, a desincentivarlos para que bajen el consumo de electricidad. En breve, le entregaron a las empresas comercializadoras —que tienen intereses directos para que aumente el consumo y no para que caiga— la responsabilidad de ejecutar un programa de ahorro de energía.
Y, aunque es cierto que las empresas comercializadoras manejan la información sobre consumo y son los más cercanos al usuario, también es cierto que sus ingresos y ganancias dependen de la demanda y consumo de energía. Además, los comercializadores verán aumentado los costos de operación de su actividad, al verse obligados por el regulador a responsabilizarse de implementar un programa que los perjudique.
En síntesis, estamos ante un complejo programa de incentivos con el que se busca aumentar el ahorro de energía eléctrica en el país. Un programa que requiere del conocimiento de los usuarios para que los premios y castigos funcionen en el sentido deseado. Una regulación que ha puesto como responsable de la implementación del programa a la misma industria y, en especial, a un agente que le interesa más el crecimiento del negocio que su reducción.
Finalmente, un sistema de incentivos que castiga más de lo que premia, pues el exceso de consumo se cobra de manera inmediata en la factura, entre un 30% y un 100%; mientras el ahorro se premiará con tan solo el 30% para todos y será efectivo solo al final del programa (art. 6) —que puede durar entre 6 y 12 meses—.
Pregúntese como usuario-cliente entonces: ¿cuál es su meta de ahorro de energía mensual? ¿a partir de qué nivel de consumo le cobrarán más? ¿cuánto es su consumo mensual? ¿cuánto me están cobrando de más? y ¿cuándo me darán la recompensa, si es que tengo derecho?
Por último, indague a la empresa comercializadora que lo atiende y diga si ella está realizando “una campaña educativa intensiva”, entregándole la información apropiada y suficiente para que el programa de ahorro de energía funcione y, además, de dónde está sacando el dinero para atender toda esta labor.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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