Foto: Movimiento de Mujeres en el municipio de Barbacoas – Nariño. Revista Semana
El informe de la Fundación Paz y Reconciliación “Lo que Hemos Ganado”, en el capítulo “Retos Territoriales para el Posconflicto”, describe a los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, Magui, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Cumbitara, Samaniego, El Charco, Policarpa, El Rosario, Linares, Mosquera y la Tola, como de alto riesgo por la presencia de las Farc, el ELN y las Bacrim, grupos armados ilegales que en primer lugar han librado una batalla por la disputa territorial por controlar actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, hasta tejer alianzas entre ellos para compartir las ganancias que esta deja.
La anterior situación le plantea un reto bastante alto, no solo al departamento como tal, sino también a la nación en materia de seguridad, convivencia e inversión social, en lo que a la implementación de una eventual etapa de posconflicto se refiere. Mucho más si se tiene en cuenta que en este departamento cohabitan los tres actores armados, en ocasiones compartiendo el mismo territorio, lo que dificultaría cualquier intento por reforzar la presencia estatal y sanear las instituciones públicas capturadas en principio por el narcotráfico y el paramilitarismo.
El factor presencial de los tres actores armados en un mismo territorio, le genera al Estado un desafío enorme en el momento de traer a la paz a los guerrilleros de las Farc en el departamento de Nariño, porque el riesgo del rearme en el otro grupo subversivo (ELN) que cohabita en la zona, o el traspaso hacia las Bacrim, será latente. Por lo tanto la oferta para lograr una desmovilización total y perdurable en el largo tiempo debe ser lo suficientemente atractiva, para que no exista la tentación de que este sea atraído nuevamente por la ilegalidad.
Esta oferta que se debe hacer desde el Estado para que los desmovilizados no caigan nuevamente en los tentáculos de la ilegalidad, debe ir acompañada de acciones que ayuden a combatir la minería ilegal, que hace presencia en el departamento de Nariño, donde no solamente las Farc, sino también el ELN y los Rastrojos, son sus principales protagonistas. Esta actividad es desarrollada en minas ubicadas en zonas selváticas de difícil acceso, lo que dificulta que exista un control por parte de las autoridades. A esto se le suma que los químicos utilizados en la extracción no tiene ningún tipo de restricción en el mercado. Este es el caso del mercurio o el cianuro, que solo puede ser decomisado cuando no se transporta de manera correcta.
Estos químicos representa una amenaza para la población porque son los principales agentes contaminantes en las fuentes hídricas de la región, lo que a su vez genera un riesgo en la salud de quienes consumen esas aguas para su diario vivir. A lo anterior se suma la cadena de criminalidad que llega a la zona como consecuencia de la actividad minera ilegal: prostitución, maltrato infantil, porque hay niños en las minas que trabajan; desplazamientos, invasión a la cultura de una región, crímenes, amenazas, etc. Un ejemplo de lo anterior, es lo sucedido en noviembre de 2012, en los municipios de Samaniego, La Unión y Ricaurte, donde familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus tierras por las constantes amenazas de las Bacrim y las Farc, quienes se encontraban detrás de la extracción mineral ilegal en la zona.
Por lo anterior preocupan los municipios ubicados en la llanura del pacifico nariñense integrada por los municipios de: Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payan, donde ha tomado mayor fuerza esta actividad y donde además la intensificación del conflicto armado por el control territorial, ha desplazado en forma considerable la economía tradicional campesina, dando paso al cultivo, cosecha, procesamiento y transporte de la coca a mercados internacionales.
El cultivo de la cadena de valor de la economía ilícita creció tanto en la llanura del pacífico nariñense, que de acuerdo con el informe que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2010, Nariño tenía el 26% de las 57.000 hectáreas sembradas con coca en el país, es decir 14.671 hectáreas, seguido del Guaviare con 5.434 hectáreas y Cauca con 5.427 hectáreas (UNIDOC, 2010).
Según la Oficina de Naciones Unidas, “los resultados que reportan las autoridades en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos en el Departamento se agudizan en algunas subregiones, específicamente en la Costa Pacífica, en donde entre los años 2008 y 2011, las subregiones de Telembí, Pacifico Sur y Sanquianga ocuparon los 3 primeros lugares respectivamente, sumando un porcentaje mayor al 97% del total de área de erradicación por aspersión en Nariño, derivándose de ello, diferentes problemas sociales, económicos, etc., que obstaculizan el libre desarrollo y crecimiento económico de la población”.
Es por esto que los problemas propios de la región como la pobreza que se vive en municipios como Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, la Unión, etc., debe ser tratados de manera estructural, porque en gran parte son los mismos vacíos institucionales, económicos y sociales que originaron el conflicto, y mientras estas condiciones no cambien, será difícil llegar a un proceso de estabilización de un posconflicto en el territorio, porque mientras no se persiga al peligro que representan las bandas criminales y no se lleve al ELN a una mesa de negociación, este territorio, siempre se estará sujeto a oleadas de violencia, con todas las aristas que esto conlleva.
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