Por: Oscar A. Chala Padilla
Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
En la noche del 4 de septiembre, en pleno horario prime time, en el momento en el que la mayoría de los noticieros a nivel nacional emiten sus titulares, el presidente, en un tono sobrio, dentro del hall de la Casa de Nariño que da hacia las escaleras, en un ambiente tenue marcado por luces bajas, dio inicio a una alocución que dejó un leve aire de confusión para la mayoría de la gente, que ya venía esperando desde horas de la tarde las declaraciones del gobierno, cuando el presidente anunció que saldría en televisión nacional.
“Buenas noches, colombianas y colombianos. Aunque se presumiera —por obvias razones— que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece todavía más preocupante...”. Con estas palabras, en un ambiente lúgubre y con la voz grave que se suele poner para expresar malas noticias, el presidente comenzó a leer un comunicado que le había llegado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) contando, en pocas palabras, sobre transacciones bancarias que probarían que se compró el sistema de interceptaciones Pegasus, de origen israelí, por más de USD $11 millones durante el gobierno Duque, en pleno estallido social de 2021.
El presidente dio paso a esta información, no sin antes señalar que “Aunque que sobre este primer punto solo mencionaré —ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado— que sabemos distinguir perfectamente [entre lo] que es un paro empresarial —en inglés se le llama “lockout”— [que] siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos, de un movimiento social que, como ocurrió con el estallido en el gobierno pasado, siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado de esta diferenciación que haremos”.
Tras más de 15 minutos hurgando entre nombres en hebreo, direcciones en Israel y cifras en dólares, finalmente señaló que daba órdenes a la Fiscalía General y a la DIPOL para profundizar en las investigaciones y encontrar finalmente el sistema Pegasus, del que aún no se tiene noticias.
Esta información, que en otro momento sería una revelación grave que haría temblar los cimientos propios del Estado colombiano (pues probaría de algún u otro modo que el gobierno Duque sí utilizó diferentes estrategias de inteligencia para interceptar, chuzar y amedrentar a figuras públicas y sociales durante el cierre de su gobierno, estrategias unidas al seguimiento que hizo de embajadas, como quedó demostrado en este artículo de Revista RAYA), terminó generando mucho más ruido del que se esperaba en la opinión pública.
Esto, en parte, porque mientras el presidente daba sus declaraciones en televisión nacional, la mayoría de los ciudadanos de Bogotá se devolvían caminando o estaban atascados en diferentes trancones de buses del SITP o Transmilenio, a causa de los bloqueos que los gremios de camioneros en paro han puesto en la mayoría de los puntos neurálgicos de la ciudad, así como gran parte del flujo vehicular se encontraba afectado en las principales vías del país.
El paro nacional, que ya completa 5 días (de los cuales 3 han sido protagonizados por repertorios de presión como bloqueos totales e intermitentes de las principales vías de las ciudades más importantes del país), se encuentra estancado en medio de las negociaciones que el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Interior, El Ministerio de Minas y la Defensoría del Pueblo han sostenido con la mayoría de estos gremios que aglomeran camioneros y algunos transportadores, a los que también se les han unido motociclistas, conductores de taxi y conductores de aplicaciones de transporte (que ya se habían movilizado en semanas anteriores en Bogotá y otras ciudades). Se esperaba que la alocución del presidente tratara alguno de estos temas, pero no sucedió así.
El paro que puso a prueba la coherencia del progresismo
La narrativa frente al paro cambió con fuerza en el transcurso del mismo miércoles, cuando los cuestionamientos a Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, una de las principales agremiaciones que en estos momentos se encuentra en paro, y Luis Ernesto Gómez, uno de los liderazgos visibles del gremio camionero, salieron a la luz pública.
Cárdenas ha sido cuestionado por tener cercanías con el Centro Democrático y varias de sus principales figuras, además de haber salido a defender a su padre, quien arrolló a varios manifestantes durante el estallido social de 2021. Por su parte, a Gómez se le cuestiona haber sido candidato por ese partido a la alcaldía de La Calera en 2019, en la que sacó 778 votos, solo el 5,12% de la votación de aquel entonces.
La mayor parte de las figuras del progresismo elaboraron un relato en la que se señalaba que existen intereses ocultos detrás de la mayoría de los líderes del paro camionero, esto, luego de que en la noche del martes no se lograran llegar a acuerdos, tras la propuesta de la MinTransporte, María Constanza García, de congelar los aumentos del ACPM (principal punto del paro camionero) pero sin retrotraer el aumento ya efectuado de $1904 pesos, realizado el pasado lunes.
Este relato, posteriormente, ha sido contestado y replicado por el mismo gobierno de Gustavo Petro a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), igual que en la de algunos de sus funcionarios, quienes insisten en que detrás de los bloqueos y las manifestaciones existen intereses de poderosos empresarios y figuras económicas, incluso llegando a relativizar el repertorio de acciones de los movimientos sociales durante los estallidos sociales de 2019 y 2021, para indicar que los bloqueos son ilegítimos.
Y aunque es cierto que Fedetranscarga aglomera a un gran puñado de camioneros que decidieron organizarse tras el paro camionero de 2016, solo tiene peso en 14 empresas, a diferencia de la Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera, Colfecar, que tiene representación en el Consejo Nacional Gremial y que algomera a la mayoría de las grandes empresas del transporte de carga, quienes decidieron no sumarse al paro. Del mismo modo, tampoco participa la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que reúne en su interior a la mayoría de las bases camioneras y del transporte de carga, y que decidieron no tomar vías de hecho para ejercer presión, tal cual lo contó en su momento La Silla Vacía.
Por su parte, la Asociación Nacional del Transporte, dirigida por Alejandro Quiroga, es la que se ha asumido como federación y gremio de gremios que reúne la mayoría de las vocerías y liderazgos del paro camionero, tal como constó en el documento de 13 puntos que presentaron como su base de negociación al gobierno nacional.
Fuente: Semana.com
A pesar de las afrentas discursivas que los gremios en paro han recibido por parte de ciertos sectores del progresismo, sí es importante rescatar que, a diferencia del manejo de las manifestaciones durante los últimos 5 años, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido no obrar con la fuerza en este caso para romper la mayoría de los bloqueos existentes, lo que marca una diferencia frente a los gobiernos anteriores, que respondieron a la mayoría de las acciones de hecho con fuertes actos de represión por parte de las fuerzas del Estado.
¿Un periódico de ayer?
La noticia de Pegasus ya había salido a relucir varias semanas atrás, luego de que en la emisión de Señal Investigativa (una alianza entre la Revista RAYA y Señal Colombia) del 28 de julio, se desentrañara el entramado de funcionarios israelíes y colombianos que estuvieron involucrados presuntamente en la adquisición de este software de espionaje, que permite interceptar comunicaciones encriptadas de teléfonos inteligentes, accediendo a información privada como correos, mensajes, llamadas y datos en la nube.
La gravedad del tema Pegasus radica en que ha sido utilizado por diferentes gobiernos para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, violando la privacidad y la libertad de expresión.
No obstante, ya desde marzo se había venido hablando del sistema, cuando W Radio publicó que el medio de comunicación israelí Haaretz indicó que se había realizado una transacción por el orden de USD $13 millones por parte del gobierno colombiano hacia Israel para comprar el sistema, a través de la empresa NSO Group, que presuntamente fueron trasladados en un avión privado y en efectivo de manera irregular. Tras haber sacado la primicia, el entonces director de Inteligencia, Carlos Ramón González, señaló 3 meses después, el 27 de junio, que era probable que el sistema Pegasus estuviera en manos de privados, pues no se hallaron rastros de este en los departamentos de inteligencia del país.
Según la misma W Radio, la investigación de Haaretz indicaba que las negociaciones por el software se habían realizado desde 2020, en plena pandemia.
En la alocución presidencial de ayer, el presidente leyó en el comunicado enviado hacia la UIAF varias de las transacciones realizadas probarían eventualmente que el pago en efectivo se realizó y estaría por el orden de los USD $11 millones. No obstante, y más allá de la gravedad que implica el nuevo descubrimiento en medio de las investigaciones ya existentes (ordenadas por el DNI hacia la Fiscalía General de la Nación), los cuestionamientos hacia el presidente comenzaron a surgir por traer a colación este tema de gravedad en medio del paro de camioneros.
Un espejo incómodo para el gobierno progresista
Este paro se ha convertido en uno de los escenarios más complejos a nivel político que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que enfrentar. Inicialmente, porque quienes están en paro son gremios organizados que han sido tradicionalmente distantes de los movimientos sociales de izquierda, pero que han apelado a repertorios de acción muy similares al de estos movimientos.
Negociar en medio de un paro sin apelar al uso de la fuerza como primer recurso ya marca una novedad respecto a sus antecesores. Sin embargo, el negacionismo de los repertorios de acción de estos gremios y su representación como sujetos carentes de agencia ligados a los grandes intereses de grupos económicos en el discurso puede complicar las negociaciones en los próximos días, especialmente frente al giro discursivo que el gobierno ha dado y que ha representado otro bache en la crónica crisis comunicativa que presidencia presenta desde hace más de año y medio. Crisis que ya los grandes medios y los liderazgos de opinión le han salido a cobrar.
La negación de los bloqueos como repertorio de acción de los movimientos sociales durante el paro de 2019 y 2021 por parte de figuras como Gustavo Bolívar ha degradado el debate sobre la necesidad de acabar con el subsidio al ACPM/Diésel o sobre la posibilidad de un tránsito hacia un sistema de transporte de carga mixto férreo/vehicular a un debate sobre el relativismo con el que se observa el pasado.
De hecho, la mayor parte de la crítica ha girado sobre si la legitimidad de los bloqueos y de otras herramientas de la acción directa son justificables sólo en algunos escenarios sociales, debate en el que el gobierno se metió al indicar que estas movilizaciones estaban impregnadas por el “lockout” y que no podían igualarse con las movilizaciones de los últimos años, aun cuando los jóvenes, los estudiantes o los camioneros son grupos de interés que se mueven y se organizan dentro de agremiaciones e inciden desde la acción colectiva.
Reducir y relativizar a estos movimientos impide que se pueda negociar con ellos bajo los mismos criterios con los que el gobierno (oposición durante el gobierno Duque) esperaría que se dialogara y transara con los movimientos sociales que representa. De hecho, esta relativización podría ser peligrosa, si el paro camionero termina por aglomerar a otros sectores sociales y se convierte en un riesgo de un nuevo estallido social.
Fueron precisamente en momentos previos a nuevas reformas tributarias, en situaciones económicas inciertas y bajo la presión de medidas impopulares que la gente se volcó a las calles en 2019 y 2021.
Por ahora, queda esperar si el presidente cumple su promesa final de la alocución, y si el día de hoy, o mañana, o pasado mañana, explica en otra alocución su teoría prometida sobre por qué este paro no lo genera un movimiento social justo, o se abre a retomar sus posturas frente al paro, abre un espacio para reconocer la condición de los pequeños y medianos camioneros y abre otros frentes de negociación que puedan aterrizar las propuestas de los grandes gremios aglomerados en la Asociación Nacional del Transporte.
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