Por: Laura Cano y Sergio Saavedra.
Esta es la cuarta entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente
El Cauca es uno de los departamentos con cifras más altas de hectáreas de hoja de coca sembradas, incluso hace parte de los enclaves productivos; zonas en donde se crean condiciones propicias para su producción, transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior.
En el departamento hay dos puntos donde hay mayor concentración de estos cultivos: uno, El Naya; ubicado en límites de este departamento y el Valle del Cauca, y por otra parte, más al sur, en Argelia y El Tambo.
Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019)
Con estas cifras hay que señalar que según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia del 2019 Argelia y El Tambo es el enclave más productivo del departamento.
Allí “se estima que los cultivadores recibieron en promedio COP$84,8 millones de pesos por hectárea cosechada al año, mientras que en el resto de la región Pacífico recibieron apenas COP$24,2 millones de pesos por hectárea cosechada al año”, lo que indicaría que esta zona es, al menos y siguiendo lo dicho por el UNODC, 244 % más productiva que en el resto de la región Pacífico.
Además, hay que señalar, por un lado, que para el 2019 las áreas sembradas con coca en el país eran de 154.000 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De éstas, 6 % del total nacional sembrado se ubicaba en el enclave de Argelia y El Tambo, es decir, cerca de cerca de 9.000 ha; dos veces más que lo reportado en el 2015 y seis veces más que lo registrado en el 2010. Pero, con una ligera disminución a lo informado en el 2018, año en el que las hectáreas fueron 9.043.
Adicional, esto lo que indica es que en estos municipios del Cauca, dedicarse a este tipo de actividad, primero, representa una posibilidad de empleo, y segundo, casi que se convierte en una de las principales, pues gran parte de las hectáreas del estas zonas están ocupadas por estos cultivos de uso ilícito. En este punto vale la pena nombrar, que si bien los precios de la pasta base han tendido a subir en general, para el 2019 oscilaban – en Argelia y El Tambo- en los $3.000 y $3.500.
Esto, a su vez está atravesado con que el departamento en general ha sido uno de los más violentos en el último año. Siguiendo datos del Sistema de Información Sipares, desde el 01 de enero de 2020 a la fecha, han sido asesinados/as, al menos, 35 líderes y lideresas sociales, siendo Argelia la zona más crítica. Mientras que se han denunciado 10 hechos de asesinatos de firmantes de paz. Y, solo en el 2020, fueron cometidas 14 masacres y 4 en lo que va del 2021.
Acerca de todo este panorama y de lo que significa el Decreto 380 de 2021 en este contexto, desde Pares hablamos con Marylén Serna Salinas, vocera nacional del Congreso de los Pueblos y lideresa campesina del departamento del Cauca.
Pares: Algunos sectores han desestimado las implicaciones del glifosato en la salud, ¿Cuáles son las implicaciones en términos de salud y en términos sociales?
Marylén Serna: Salinas Pensar que el glifosato es la salida para la disminución de los cultivos, es desconocer el origen de esta situación; las razones por las cuales las comunidades campesinas, indígenas y negras se han visto involucradas en la instalación de estos cultivos de uso ilícito, en su mayoría relacionadas con temas económicos y sociales de los territorios.
El hecho de que no existan políticas públicas que favorezcan el campo, fortalezcan y apoyen la producción de alimentos y que garanticen las economías campesinas para la subsistencia de mejores condiciones de vida, así como la infraestructura vial para el transporte de los productos, pasando por la evaluación de los tratados de libre comercio que han entrado a deteriorar la economía campesina, pues han remplazado la venta de alimentos producidos por este sector, ha llevado a que la comunidad deba sumirse en esta situación de los cultivos de uso ilícito como una salida.
El tema problema del glifosato pareciera que se quiere borrar de un brochazo, cuando es un problema muy amplio; social, económico y ambiental. Lo más reciente se quiere vender como una solución rápida a un problema que es estructural e histórico, que ha venido agudizando todo este contexto.
Hay que decir que fumigando, contaminando las aguas, afectando la salud de la gente y generando desabastecimiento de alimentos, es muy difícil solucionar algo. Las estrategias deben ser a mediano, largo y corto plazo, deben ser estrategias integrales y en concordancia con las propuestas que están haciendo las comunidades. No es con una fumigación, ni con una manera rápida, la forma en la que se debe resolver esta problemática. Es con políticas públicas, recursos, programas concretos de sustitución y valorando, sobre todo, las propuestas de la gente.
Pares: La meta del gobierno Duque es que este 2021 se erradiquen 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, ¿Es el glifosato el camino? ¿Qué decir sobre el papel institucional en este contexto?
M.S: Yo creo que el CNE puede jugar el papel institucional para llevar a la implementación de unas políticas y unos programas específicos, pero esto no puede ser decidido desde esta instancia, debe ser desde las comunidades. Hoy, las comunidades que están inmersas en estos cultivos de uso ilícito, están organizadas, tienen sus procesos organizativos, se están pensando el futuro y el territorio, tienen sus propios planes de vida y sustitución gradual, tienen compromisos y pactos internos para ir saliendo de esta lógica.
Lo que ha pasado es que el Gobierno sigue poniendo por encima que esto es algo ilegal, y por lo tanto se niega a reconocer las propuestas que hace la gente para esta sustitución. Acá en el Cauca tuvimos la experiencia desde el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos y las comunidades del Cañón del Micay, quienes hicieron una propuesta de ir levantando los cultivos de manera gradual, pero con la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones constitucionales, sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo porque el Gobierno siempre dijo que apoyar cualquier propuesta de las comunidades era contribuir con la ilegalidad.
Es un círculo vicioso donde el Gobierno acusa a la gente que cultiva, pero a su vez no trae una alternativa real para ir sustituyendo e implantando otro sistema económico más sostenible. Debe haber un diálogo desde el respeto y reconocimiento por parte de la institucionalidad con las comunidades.
Pares: Algunos sectores que defienden la decisión del gobierno señalan que el glifosato es el camino para que en Colombia disminuyan las hectáreas sembradas y para que se mitigue la resiembra, ¿Qué opina de esta afirmación?
M.S: Yo pienso que en una situación como la de Colombia en el marco del conflicto armado y de la presencia de tantos actores armados, políticos, económicos, sociales y organizativos en los territorios, no se puede implantar un programa así, pues el campesinado, por ejemplo, ha demostrado la capacidad de propuesta, de negociación, cumplimiento y exigencia. Entonces, estos programas deben partir de eso.
La institucionalidad todavía mantiene esa idea que desde el escritorio, las estadísticas y los estudios se pueden diseñar e implementar políticas, pero no. La gente hoy se está pensando su propio territorio, se ha organizado, movilizado y eso se quiere desconocer, pues no hay cumplimiento de los acuerdos a los que se han llegado, y ese ha sido uno de los factores más relevantes para que las comunidades no reconozcan en la institucional un garante de los derechos. Tenemos cientos de actas de compromisos firmadas por parte del Gobierno que no han tenido cumplimiento y eso es muy grave.
Hay que apostarle a la bilateralidad; la comunidad conociendo la política pública y el Estado reconociendo las propuestas que se hacen. Hacer ajustes y poder implementar cosas más reales y sostenibles ambiental, económica y socialmente.
Pares: En las regiones donde este programa va a llegar hay un amplio repertorio de violencias, las cuales además en su mayoría son históricas. ¿La fumigación que representa en términos de estas conflictividades?
M.S: Para las y los campesinos el glifosato es símbolo de muerte y veneno. Nada que represente muerte, o deterioro de la salud y la vida, expulsión de la gente de los territorios, contaminación del agua, o deterioro del suelo, significará desarrollo o avances para una comunidad.
Hay que decir que muchas veces estos cultivos de uso ilícito tienen que ver con gente externa que llega a los territorios. Es cierto que las comunidades han entrado en esta lógica, pero también hay una lógica del comercio, de la acumulación, donde los actores externos están mayormente involucrados, y para ellos las implicaciones no son las mismas; ellos se van luego de la fumigación a colonizar otros territorios, otras tierras. Esto, mientras que para quienes habitan estas zonas las implicaciones sí son mucho más amplias.
Por ejemplo, deben entrar a otro tipo de economías de subsistencia que muchas veces lleva a que la gente se arme, o a otro tipo de dinámicas que igual llevan a consecuencias que afectan el tejido social.
Hay que repetir, que la fumigación llega a agudizar todas estas problemáticas que existen, pues todo esto se exacerba; se aumentan los conflictos entre la misma gente, se aumenta la pobreza, aparecen temas de enfermedades y, por supuesto, se vuelve más critica la situación de desplazamientos forzados.