Por: Guillermo Linero Montes
La historia de las marchas populares en Colombia, es de estragos civiles, es de crímenes de estado, es de gente desaparecida y es de empresarios malsanos, que en venganza política empeoraban la esclavitud de sus empleados después de cada marcha. Las marchas del 1 de mayo, por ejemplo, sirvieron en los dos gobiernos de Álvaro Uribe para gritarle paraco, que es un calificativo envolvente de delitos atroces; y a Juan Manuel Santos, en las marchas del 1 de mayo le cuestionaban “la orientación neoliberal de su gobierno que se caracterizó por “la mercantilización de la salud y la educación, por su empeño en ahondar el modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas, principalmente minerales, y por la promoción a la inversión por parte de multinacionales”[1]. Y ni qué decir de las marchas contra Duque, pues la historia ya las tiene registradas como batallas campales entre una población juvenil, que ejercía su libre derecho a protestar, y un estado represivo e infame que se los prohibía.
En contraste, las marchas del 1 de mayo, ahora bajo la presidencia de Gustavo Petro -que fue elegido por la incuestionable voluntad popular- no hubo ni siquiera pliegos de peticiones laborales, y los profesores, y los trabajadores de la banca y de la salud, no salieron tras reivindicaciones. Tampoco los indígenas salieron a exigirle al gobierno que les devuelva sus territorios históricamente arrebatados, ni a pedir que les rediman la dignidad menoscabada; sino salieron a reafirmarle su apoyo incondicional. Los estudiantes tampoco salieron a protestar con máscaras ni escudos para su protección, sino salieron con tambores a agradecerle al presidente por su firme decisión de ampararlos educativa y laboralmente.
En fin, esta vez la gente se reunió, en un coro de voces sensatas, de voces telúricas, para manifestar su credibilidad y compromiso con el presidente Gustavo Petro; y salieron a exigirle al régimen -no al gobierno- que ceda en sus egoísmos; pues, de no hacerlo el pueblo hará sus reformas a través de una constituyente. Una constituyente que le restaría al régimen su poder político desmedido e infame o, en el peor de los casos, un levantamiento popular espontaneo que extinga esa anomalía; pues, como lo exige el modelo de la democracia, sólo debe regir el poder popular, es decir, el poder de las mayorías.
No obstante, la oposición y sus medios de comunicación comprados, se han puesto de acuerdo en afirmar que el presidente usurpó a los trabajadores el derecho histórico de salir a protestar cada 1 de mayo, contra los empresarios esclavistas y contra los gobiernos corruptos. No les cabe en la cabeza, y ni siquiera en el sentido común, que las marchas de este 1 de mayo, por su propia cuenta hicieron a un lado sus peticiones consuetudinarias para darle espacio a su respaldo incondicional al gobierno de Gustavo Petro.
No en vano, en su discurso de agradecimiento al pueblo por su respaldo, el presidente señaló dos caminos a seguir: el camino del respeto por la dignidad humana de nuestros nacionales, al proponer la constituyente; y el camino de la lucha por la dignidad humana de todas las personas del planeta, al romper relaciones con un gobierno y un gobernante -no con el pueblo de Israel- que parecieran divertirse asesinando niños y niñas con bombas lanzadas a la población civil de Palestina. Una población inocente, blanco de descerebrados que están actuando igual a los paramilitares en nuestro país, que incapaces de confrontar a sus verdaderos enemigos, se desahogaban arremetiendo contra los campesinos: a quienes les violaban sus mujeres, les degollaban sus hijos y a ellos los decapitaban o los arrojaban a los hornos crematorios; repito, sólo y únicamente, porque no podían y temían confrontar a sus verdaderos enemigos.
Con todo, frente a la multitudinaria presencia de la gente, muchos colombianos y colombianas se preguntan ¿por qué el pueblo, ese que en sus marchas del 1 de mayo siempre les ha reclamado a los gobiernos y a los gobernantes por sus injusticias, elegían como presidentes a sujetos que terminaban ligados judicial o extrajudicialmente a crímenes de lesa humanidad, como los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que auspiciaron por acción o por omisión los denominados “falsos positivos”; es decir, el asesinato por la espalda a más de siete mil jóvenes humildes sin que estos hubieran cometido un solo delito?
Y se preguntan también ¿por qué ese pueblo mayoritario, en las elecciones del periodo presidencial de 2018 a 2022, no eligió al candidato Gustavo Petro -de expresa sensatez e inteligencia- y optó por Iván Duque -de palmaria y crasa ignorancia-? ¿Por qué prefirieron a un presidente que no tuvo miramientos para aplastar a quienes se atrevieron a protestar contra sus burdas reformas?
Y se preguntan con justa indignación ¿por qué ese pueblo que sale a protestar multitudinariamente los 1 de mayo, y del cual se surte la tasa electoral del país, ha sido capaz de elegir -en los periodos presidenciales anteriores al presidente Petro- a individuos con apellidos de familias pudientes, a corruptos y a delincuentes, y no a honestos candidatos de su raigambre social? La respuesta a estas preguntas es una sola y es muy elemental: porque las elecciones se compraban y los tarjetones y los formularios se adulteraban. Esa es la realidad de nuestra historia electoral: antes del triunfo del presidente Petro, nunca ganó alguien por quien el pueblo hubiera votado.
[1] Rodríguez, E. (2014). La protesta social en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Jurídicas CUC, 10 (1), 233 - 281.