Por: Santiago Medina, asistente de investigación
Ximena Riaño, pasante
Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos
En medio de las complejidades que presenta actualmente el proyecto de Paz Total desarrollado por el gobierno de Gustavo Petro, el proceso de paz urbana adelantado en el Valle de Aburrá se ha mantenido estable. Recientemente, se ha logrado extender el plan piloto de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá que busca la reducción de las confrontaciones entre los grupos y la extorsión en barrios específicos de la ciudad. Por esto, vale la pena preguntarse ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a este punto y cuál es el panorama que puede tener hacia el futuro?
El desarrollo del proceso
La paz urbana en el Valle de Aburrá inicia de manera formal con la instalación del “Espacio Dialógico para la Paz y la Reconciliación Urbana en Medellín”, que tuvo lugar el 2 de junio del 2023 en la Cárcel La Paz de Itagüí, en el marco del proyecto de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. En la instalación de la mesa se encontraban alias ‘Douglas’ y Alias ‘Tom’ como cabecillas del grupo La Oficina, la estructura criminal más importante del Valle de Aburrá, junto a alias ‘Albert’, líder de Los Pachelly, y otros 10 voceros de organizaciones que, según la oficina del comisionado de paz, representaban alrededor del 90% de todo el crimen organizado del área metropolitana.
A pesar de los reveses que surgieron a partir del cambio de Alto Comisionado de Paz a finales de 2023, la mesa se mantuvo estable durante el 2024, siendo un proceso de paz urbano significativamente abierto hacia la sociedad civil y los medios de comunicación, en comparación a las otras mesas de paz urbana, que mantenían un mayor hermetismo. Como muestra de eso, el 15 de octubre de ese año se anunció la hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en el proceso, reconociendo a las comunidades como actores clave que pudieran tener un papel protagónico en la construcción de paz en la ciudad, además de la inclusión diferencial de la población víctima del conflicto, mujeres, población LGBTIQ+ e integrantes de comunidades étnicas.
En esta hoja de ruta se plantearon tres espacios para la participación de la sociedad civil: las asambleas autoconvocadas por la paz urbana, de carácter más territorial y autónomo; el Espacio Asambleario de la sociedad civil, a través del cual se recogerán las reflexiones y propuestas de las asambleas; y el Comité de Impulso, que mantendrá encuentros constantes de diálogo y seguimiento al proceso junto con la delegación del Gobierno. Además, se postularon los ejes para el desarrollo del proceso, los cuales fueron: la identificación de violencias urbanas en los territorios, el diálogo social para la equidad, la verdad para la reconciliación y no repetición, la creación de nuevas economías, el desmonte de las estructuras armadas ilegales y las garantías de seguridad para quienes se acojan a la justicia.
La publicación de la hoja de ruta, sumado a la ausencia de altos índices de violencia a causa de enfrentamientos entre las estructuras sentadas en la mesa, permitió que el proceso cerrara el 2024 con un fortalecimiento de su legitimidad y estabilidad. Sin embargo, seguían existiendo dudas al no ser claro cuál será el piso jurídico que tendrá el proceso de sometimiento a la justicia por parte de las estructuras criminales. Además, a pesar de la estabilidad y la confianza construida en la mesa, hasta ese momento no se tenían mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados, principalmente en términos de economías ilícitas.
De la estabilidad a los hechos
En medio de este panorama, se planteó la necesidad de materializar la estabilidad del proceso a través de la reducción de las expresiones de violencia y criminalidad, y para esto se puso en marcha el Piloto de Paz Urbana en Medellín y Valle de Aburrá.
Este Piloto se implementó entre el 19 de diciembre del 2024 y el 19 de enero de 2025 en 25 barrios de Medellín (específicamente en la comuna Aranjuez) y Bello (en las comunas 4,5,6 y 7), donde las estructuras mantienen una presencia hegemónica. Su principal objetivo fue aplicar y hacer seguimiento a los compromisos logrados en los diálogos a nivel territorial, entre los cuales se encontraba la reducción de homicidios, de extorsión, de delitos de explotación sexual y de tráfico de drogas.
Como resultados de este piloto se valoró la importancia de hacer seguimiento a este proceso, y se mencionaron las dificultades que hubo para este fin, entre las que se encontró la falta de recursos económicos, el poco tiempo de implementación, el acceso a información institucional y el subregistro existente en la denuncia de hechos de violencia.
Frente al comportamiento de la extorsión, se hizo énfasis en el nivel de naturalización y normalización que tienen las actividades extorsivas en la ciudad. Si bien se pudo registrar una disminución general de los casos de extorsión, también se presentaron casos en donde personas realizaron pagos por servicios de seguridad y por ‘cuotas navideñas’ por tener temor a posibles represalias. Asimismo, la extorsión persistió en algunos barrios a través de otros métodos distintos, lo cual es sintomático de la alta capacidad de regulación económica y social que tienen las estructuras y, por lo tanto, del nivel de consolidación de la gobernanza criminal en los barrios referidos.
También se mencionó la necesidad de ampliar la cobertura y la temporalidad del piloto, establecer fases de implementación progresiva, generar articulación con la institucionalidad y la sociedad civil, fortalecer los mecanismos de monitoreo, y mejorar los canales de denuncia anónima. En este sentido, se anunció la extensión por tres meses más del plan piloto de paz urbana en los barrios priorizados.
Otra de las conclusiones mencionadas fue que la implementación del piloto tuvo un impacto positivo en la percepción de las comunidades sobre la seguridad, lo cual podría funcionar como una forma seguir fortaleciendo la legitimidad de la mesa de diálogo por parte de la sociedad civil, y al mismo tiempo, generar razones concretas para que se dé el cumplimiento de los compromisos generados por la mesa.
¿Qué pasará ahora?
El proceso de paz urbana del Valle de Aburrá ha venido demostrando el nivel de consolidación y estabilidad que ha construido desde su instalación, tanto desde la composición y el desarrollo de la mesa de diálogo, como más recientemente desde acciones concretas aplicadas a nivel territorial. La disposición de los voceros en el espacio, el nivel de confianza conseguido, la apertura a la participación de la sociedad civil y la puesta en marcha de estrategias para la reducción de la violencia y la criminalidad en los barrios de la ciudad, son algunos de los aspectos positivos que se pueden evidenciar del proceso hasta ahora.
El reciente anuncio de la inclusión de Diego Murillo alias ‘Don Berna’ -recluido en Estados Unidos- a la delegación de las estructuras criminales, sumado al traslado de José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ -líder de La Oficina y La Terraza- desde La Picota a la cárcel de Itagüí, podría aportar a dinamizar las conversaciones en la mesa, y hacer que la incidencia que tengan los acuerdos a nivel territorial sea mayor, debido a la influencia y el peso que tienen estas figuras sobre la dinámica criminal de la ciudad.
Sin embargo, el proceso se enfrenta algunos retos, de cara a la recta final del gobierno de Gustavo Petro, como los son la negativa de apoyo por parte de la actual alcaldía y gobernación, las dificultades metodológicas para la implementación los compromisos en los territorios, la persistencia de problemáticas sociales y económicas que contribuyen a la consolidación de la criminalidad a nivel barrial en los municipios, o la ausencia de un piso jurídico claro para el sometimiento de los miembros de las organizaciones criminales
Sobre esto último, la senadora Isabel Zuleta indicó en el evento de presentación del informe que es fundamental considerar un proceso que trascienda el sistema carcelario punitivista, pues este no ha permitido resolver las problemáticas que han propiciado los conflictos, para lo cual se menciona la necesidad de la acción del Estado para aportar a la transformación de las condiciones económicas y sociales que propician la persistencia del crimen, generando una lectura más estructural y a su vez más compleja de la problemática, pero que sigue sin responder a interrogantes sobre cómo se daría el proceso de desarticulación y sometimiento de las estructuras.
Es necesario reflexionar que, mientras más avanza el desarrollo de la mesa, más se acerca el momento de pensar en aspectos fundamentales para el proceso como las formas en las que va a avanzar en el desescalamiento de las gobernanzas armadas en los barrios, y cómo se desarrollará el sometimiento a la justicia, junto con los mecanismos para evitar la reestructuración o la cooptación de los espacios por parte de otras.
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