Por: Francisco Daza - Coordinador de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humano
A la compleja situación de violencia y seguridad que se viene presentando en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander se suman otros escenarios de disputa armada de forma simultánea en otras partes del país. El mes de febrero inicia con el llamado que hace la defensoría del pueblo a través de la alerta temprana de inminencia 002 de 2025 sobre el escenario de riesgo en los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, por cuenta de la confrontación armada entre facciones de las disidencias de las Farc que dejan múltiples escenarios de riesgo para la población de estos municipios[1].
Por un lado, se encuentra las Columnas Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, por el otro, el Frente 57 Yair Bermúdez, las primeras, haciendo parte del Estado Mayor Central con presencia en el suroccidente colombiano a través de los Bloques Occidental Jacobo Arenas (BOJA) e Isaías Pardo teniendo como epicentro de su presencia y accionar el departamento del Cauca, mientras que el segundo, hace su aparición de forma más reciente en el suroccidente del país como disidencia del EMC concentrando sus acciones en el Norte del Cauca y como lo señala la alerta, en el departamento del Valle[2].
Esta confrontación tiene orígenes recientes y se da en el marco del proceso de expansión territorial del EMC en el suroccidente del país desde el departamento del Cauca permitiéndole consolidar su presencia en departamentos como Nariño, municipios fronterizos entre Cauca, Huila y Tolima y parte del departamento del Valle del Cauca.
El escenario de riesgo que se enuncia en la alerta temprana se suma a un contexto más amplio de acciones armadas que se desarrolla en el suroccidente del país. Por un lado, en el departamento del Cauca el Estado Mayor Central a través de las diferentes estructuras que integran el BOJA mantiene una disputa armada con la alianza que hay entre el ELN y la Segunda Marquetalia. En el departamento del Valle del Cauca el contexto de criminalidad organizada lo encabezan grupos locales como la Inmaculada, que opera en Tuluá, y acciones adelantadas por el Frente Jaime Martínez en el municipio de Jamundí como el atentado con motobomba que realizó a mediados del año pasado.
Por otro lado, en Buenaventura, a pesar de que el proceso de paz urbana mantiene la tregua entre Shottas y Espartanos, se mantiene el desarrollo de economías ilegales concentradas en el cobro de extorsiones y contrabando. Ante este complejo escenario de seguridad que vive el departamento del Valle del Cauca al que se suma lo recientemente alertado por la defensoría del Pueblo, la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisco Toro expuso recientemente en la W que no quiere que haya “otro Catatumbo” en su departamento, haciendo alusión a la crisis humanitaria que se vive actualmente en esa subregión de Norte de Santander por cuenta de la oleada de violencia perpetrada por el ELN y que se ha prolongado por más de dos semanas.
Desde el año pasado, se han implementado estrategias para abordar la consolidación territorial de grupos armados en el suroccidente de Colombia, como la Operación Perseo en el departamento del Cauca. Sin embargo, persisten focos de conflicto que no han sido gestionados de manera efectiva por el Estado en esta región del país. Estos siendo en parte, resultado de la compleja fragmentación de los grupos armados en esta y otras zonas, que generan nuevos escenarios de confrontación armada no previstos y fuera del desarrollo de los diferentes procesos de negociación que se vienen adelantando en el marco de la implementación de la política de paz total.
El panorama de seguridad en el suroccidente del país refleja la persistencia y reconfiguración de los actores armados, cuyas disputas por el control territorial pueden generar mayores impactos humanitarios en departamentos como Cauca y Valle del Cauca. La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de una respuesta estatal más efectiva que aborde no solo la confrontación entre grupos armados, sino también el impacto de las economías ilegales sobre las comunidades. Si bien se han implementado operativos y acciones para garantizar la seguridad de algunas zonas del departamento del Cauca, la falta de una estrategia integral que combine el control territorial por parte del Estado colombiano con soluciones sociales y económicas pone en riesgo la estabilidad de esta región de Colombia y evidencia los desafíos y grietas que debe enfrentar la política de paz total en este año.
[1] La alerta expone riesgos tales como asesinatos selectivos, confinamientos, desplazamientos forzados, entre otros, así como exposición a hurtos y cobro de extorsiones.
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