Po: Guillermo Linero
A propósito de las manifestaciones realizadas este pasado 8 de febrero en apoyo al presidente Gustavo Petro y como respuesta a la ruptura institucional que vienen provocando con sus burdas maneras, tanto la procuradora Cabello como el fiscal Barbosa y, por qué no decirlo, también los magistrados de la Corte Suprema, es pertinente precisar cuál de esas fuerzas -ahora en una suerte de choque de trenes- detenta en verdad el poder supremo del estado, si la rama ejecutiva o si la judicial.
No obstante, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 115, dice con mucha concreción y elementalidad comunicativa que: “El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Como vemos, según nuestra carta constitucional, el presidente es el jefe del “conjunto –así define la RAE al Estado- de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y de los órganos de gobierno de un país soberano”.
En consecuencia lógica, el presidente es el jefe de las tres ramas del poder, por mucha autonomía que tengan cada una de ellas y sus dependencias institucionales. Es precisamente por esa concentración de poder en la rama ejecutiva, que a nuestro régimen de gobierno se le denomina “presidencialismo” y no fiscalismo. Aun así, a muchos ciudadanos y ciudadanas, les cuesta entender que el presidente ejerza plenamente su jefatura de estado.
Es algo tan inocente como no comprender, por ejemplo, que el dueño de un carro al entregarle las llaves a su conductor para que lo lleve a una dirección determinada, no puede interrumpirle durante el trayecto su autonomía con el timón; pues esa potestad le permite a su chofer resolver problemas con la inmediatez que no tendría de preguntarle a su jefe cómo y hacia dónde girar ante una eventualidad que exija un acto reflejo. Con todo, pese a dicha autonomía inviolable, tampoco el conductor puede negarle a su jefe, su calidad de dueño del carro, como al presidente no puede negársele, por ejemplo, su jefatura sobre el fiscal, la procuradora y los magistrados de la Corte Suprema, así estos jerarcas actúen con plena autonomía.
De manera que las discusiones entre las ramas del poder, realmente casi siempre resultan innecesarias, cuando no maquiavélicas, porque el verdadero y único poder –y eso deben saberlo sus representantes legales- lo tiene estrictamente el pueblo. Los historiadores, los filósofos y los estudiosos e investigadores de la política, le llaman poder popular, que es un poder preexistente al orden social.
El origen del poder popular es el caos, y gracias a los contratos sociales, gracias a la creación de unas instituciones para que trabajen en armonía y conduzcan el carro del estado, ese poder popular no sólo ha creado las constituciones para garantizar la organización política, sino además elige a los gobernantes y, especialmente, es el único control sobre todas las ramas del poder; porque el pueblo es el directo benefactor de sus aciertos y la única víctima de sus desaciertos.
La interrelación entre el poder popular -que no es un ente abstracto sino un grupo grande de personas- y su gobernante elegido, se desdibuja cuando la democracia funciona bien, cuando los entes de control hacen su tarea con decencia; pero, si ello no es así, como la misma historia nos lo ha demostrado, el pueblo se manifiesta, y lo hace bien con los mecanismos democráticos de presión, o lo hace mal, con violencia de turba multa, cuando dichos mecanismos han fracasado.
A esto último, a la violencia de turba multa causada por pugnas políticas irresolubles por las vías del derecho, hemos estado acostumbrados los seres humanos, La historia está llena de dictadores y de opresores de muchas pelambres, frente a los cuales los pueblos se han visto en la obligación de levantarse, una y otra vez, para exigirles que cumplan con lo prometido en sus programas de gobierno.
Esa ha sido la historia corriente, y por eso les cuesta a muchos opositores del gobierno de Gustavo Petro, entender que en su caso, las manifestaciones de ese poder popular -no los plantones de grupos minúsculos anti petristas- se levanten para demostrarle su incondicional apoyo, como lo hicieron el pasado 8 de febrero luego de que el presidente -en un acto de singularidad apreciable- haya advertido una ruptura institucional que no le permite cumplir debidamente con el mandato del pueblo, o lo que es lo mismo, con la aplicación y buen desarrollo de su programa de gobierno.