Por: Redacción Pares.
Más de 70.000 indígenas han sido afectados por la pandemia de COVID-19 en América, 23.000 de ellos viven en los 190 pueblos originarios de la cuenca del Amazonas, donde se ha registrado más de un millar de fallecimientos, señaló la ONU.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la diseminación de la pandemia de coronavirus se está cobrando un alto precio en forma de víctimas entre los miembros de los pueblos indígenas y que la enfermedad, junto a los desafíos medioambientales, representa una gran amenaza para estas comunidades.
En su mensaje para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, Michelle Bachelet denunció que estas comunidades, habitualmente ubicadas en lugares remotos, se enfrentan a múltiples dificultades como un acceso inadecuado a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico en los casi 90 países donde habitan.
Al mismo tiempo razonó que “su estilo de vida comunitario puede incrementar la probabilidad de contagio, aunque en todo el mundo hemos visto ejemplos inspiradores de cómo las comunidades indígenas han tomado medidas basadas en su fuerte organización interna para limitar la propagación del virus y reducir sus impactos”.
Una situación que, según la Alta Comisionada, no se produce entre los indígenas que habitan en áreas urbanas donde “usualmente sufren pobreza multidimensional y las afectaciones se agravan por la severa discriminación, que incluye el acceso a la salud”.
Más de 70.000 contagios en el continente americano
Bachelet cifró en más de 70.000 el número de personas indígenas afectadas por la pandemia del COVID-19 en las Américas, e incluyó entre ellas a las 23.000 repartidas entre los 190 pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas, donde se ha registrado más de un millar de fallecimientos.
Estas muertes suponen un alto costo para estas comunidades ya que incluyen a varios indígenas de edad avanzada que poseían un profundo conocimiento de las tradiciones ancestrales de estos pueblos. Un ejemplo es el caso del jefe Aritana del pueblo Yawalapiti, muerto esta semana en Brasil.
La Alta Comisionada explicó que en la cuenca del Amazonas, que abarca territorio de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, viven más de 420 pueblos indígenas cuyas tierras son constantemente dañadas y contaminadas por la minería ilegal, la explotación forestal y la agricultura de tala y quema.
“A pesar de las regulaciones que restringen el movimiento y la actividad económica, muchas de estas actividades ilegales han continuado en los meses recientes, junto con los movimientos de los misioneros religiosos, que también exponen a las comunidades a un alto riesgo de infección”, destacó.
Igualmente subrayó que las comunidades indígenas que viven en condiciones de aislamiento voluntario pueden tener poca inmunidad a la infección del virus, creando situaciones de riesgo.
Los territorios en Colombia reclaman atención
Aunque los niveles más altos de contagio se concentran en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales acumulan el 59,8% de los casos, llama la atención que en poco tiempo la pandemia ha logrado trasladarse a municipios cercanos con poblaciones de 100.000 habitantes aproximadamente, donde el principal problema es la capacidad de atención hospitalaria, pues al haber un sistema centralizado de salud y con precarias condiciones de cobertura, estas zonas quedan en un alto riesgo de contagio y propagación. Asimismo, otra condición para tener en cuenta es que cerca de estos puntos se encuentran la mayoría de los asentamientos indígenas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC ha denunciado que se ha insistido por varias vías la atención, acciones y respuestas de Iván Duque, exigiendo, principalmente, garantías de alimentación, agua y salud. Aunque estos deberes no habían sido cumplidos por parte del Gobierno, éste informó al CIDH la entrega de ayudas humanitarias por medio del programa “Colombia Está Contigo-Un Millón de Familias”, así como el desarrollo del “Plan de acciones urgentes en los territorios indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio en el marco del SISPI en coordinación con el SGSSS”.
“Estas gestiones que hasta el momento no se han concretado de manera efectiva, puesto que, en la mayoría de los territorios indígenas no se registra la entrega de equipos de bioseguridad, ni fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos indígenas, ni programas de información adecuados, y tampoco garantías para el aislamiento preventivo obligatorio”, afirmó la ONIC.