Por: Paola Andrea Marín Molano
Después de seis meses de congelamiento en la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, el pasado 2 de noviembre llegó a Caracas, Venezuela, la delegación del ELN para retomar el diálogo y revisar los factores de crisis que han dejado a la mesa en "cuidados intensivos".
El ELN, a través de un comunicado, afirmó su compromiso de continuar en el espacio de negociación. En dicho comunicado, manifestó que, atendiendo a los llamados de la sociedad civil, asiste a este encuentro con el fin de revisar y analizar la situación del país y, a su vez, buscar una salida a los factores de crisis que han afectado el proceso de diálogo. Por su parte, aunque el Gobierno Nacional ha sido reservado y aún no ha emitido comunicados oficiales, se sabe que ha enviado una delegación reducida, conformada por Vera Grabe, Iván Cepeda, Rodrigo Botero y el almirante Orlando Romero, con el objetivo de evaluar los puntos críticos y considerar la posibilidad de reactivar el séptimo ciclo de diálogos antes de finalizar el año.
Gestoría de Paz del ELN en Caracas, Venezuela. Tomado de X @DelegacionELN
¿Cuáles son las tensiones?
En mayo de 2024, el Gobierno y el ELN firmaron el primer acuerdo de la agenda de diálogos, enfocado en la participación de la sociedad civil, lo cual representó un avance significativo. No obstante, el proceso de paz entró nuevamente en crisis en septiembre de este año, luego de un atentado en Puerto Jordán, Arauca, atribuido al ELN, que dejó 25 personas heridas y resultó en la muerte de tres militares. Este acto llevó al Gobierno a suspender las conversaciones, exigiendo un "gesto de paz" por parte del ELN.
Si bien el atentado en Arauca ha sido uno de los puntos más álgidos en el marco de la negociación, es importante recordar que no ha sido el único elemento de crisis. Hechos como el secuestro de Luis Manuel Díaz en noviembre de 2023, la confirmación de las negociaciones con exmiembros del ELN —ahora conocidos como los Comuneros del Sur en Nariño—, los diversos paros armados en el departamento del Chocó, los múltiples señalamientos del ELN sobre la presunta convivencia entre grupos paramilitares y el Ejército Nacional, y la no renovación del cese al fuego, que tenía vigencia hasta agosto de este año, han dejado varias heridas en el proceso de negociación.
Las tensiones y las crisis son normales en los procesos de diálogo. En el caso de la negociación con el ELN, estos conflictos se han logrado resolver en ciclos y reuniones subsecuentes a los eventos críticos. Sin embargo, como era de esperarse, el atentado en Arauca ha marcado un posible "punto de no retorno", donde podría existir la posibilidad de trazar las llamadas “líneas rojas” que tanto se le han exigido al Gobierno Nacional.
La urgencia de avanzar
Existen varias razones para descongelar la mesa de negociación con el ELN. Es fundamental renovar el cese al fuego y cumplir con los acuerdos en los que se han involucrado diversos sectores de la sociedad civil a través del acuerdo de participación. No obstante, estos esfuerzos serán insuficientes si no se crean bases sólidas que permitan el avance de la negociación. Los eventos que han originado tensiones evidencian, principalmente, la desarmonía entre las necesidades regionales y las visiones de las partes sobre cómo debe desarrollarse el proceso de diálogo.
Focalizar las negociaciones en las regiones más afectadas podría ser una salida viable que, además de permitir una revisión de los impactos directos de la guerra en zonas específicas, también fortalecería la institucionalidad y contribuiría a evitar la expansión de los grupos armados. Aunque el caso del departamento de Nariño es particularmente controvertido en lo que respecta al ELN, este intento articulado de avanzar en los diálogos podría arrojar luz sobre cómo implementar estrategias similares en regiones como el Catatumbo.
Retomar las conversaciones en un contexto de tensión y desconfianza plantea desafíos concretos. En primer lugar, es necesario establecer mecanismos de verificación y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos de ambas partes, especialmente en lo referente al cese al fuego, cubriendo los vacíos que dificultan la identificación de posibles violaciones, y en la participación ciudadana, atendiendo cuestiones relacionadas con los mecanismos que garanticen, por ejemplo, la no instrumentalización de la sociedad civil.
Las dos delegaciones enfrentan hoy el reto de construir una narrativa de paz que sea creíble tanto para la sociedad colombiana como para los actores involucrados. La prolongación de la crisis ha generado desconfianza en la ciudadanía, que cuestiona la eficacia de las negociaciones y teme que las concesiones al ELN puedan llevar a un aumento de la violencia. Por ello, tanto el Gobierno como el ELN, además de comunicar sus compromisos y voluntades, deben crear estrategias de comunicación que permitan generar diálogos fluidos.
Finalmente, han pasado dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, y uno de sus pilares, en lo que respecta a los procesos de Paz Total, se encuentra debilitado. Si bien es cierto que la mayoría de los procesos de paz no logran pactarse en períodos tan cortos como el de un gobierno presidencial, es urgente definir los tiempos y objetivos específicos para las próximas fases de la negociación. A las puertas del período electoral, existe una presión adicional para lograr avances significativos que puedan consolidar el proceso antes de un cambio de administración. Esto implica no solo continuar con el diálogo, sino también implementar políticas de paz que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto, garantizando que el proceso no se convierta en un símbolo de promesas incumplidas.
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