Foto de Confidencial Colombia
Uno de los principales resultados del estudio en estos departamentos fue identificar el comportamiento de los actores armados frente a las economías extractivas. En el año 2013 se presentaron 196 ataques a la infraestructura petrolera del país, la cifra más alta alcanzada desde 2001 y se prevé que durante el transcurso de este año las FARC y el ELN continuarán con la estrategia de atacar este tipo de infraestructuras. En tiempos de negociación de paz ambas guerrillas se apropiaran del tema de la inversión energética y petrolera, ya sea en medio de la negociación con el ELN o una vez firmado el proceso de paz, en el interior del país se tendrá que dar una álgida discusión para clarificar jurídicamente la inversión en materia petróleo-energética.
Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, realizado por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014 y se enfoca en tres líneas de investigación: mapa de seguridad, minería y petróleo, y movimiento social. Los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira.
Según el estudio la entrega de algunos bloques para la exploración y explotación de pozos petroleros ha llevado a que se dé un incremento de los conflictos sociales, en gran medida derivado de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra en Nariño, La Guajira y Putumayo. Las comunidades de estas tres regiones – en especial las del sur del país- han comenzado a fortalecer la organización social a partir de tres discursos: Inversión minero-petrolera, distribución de la ganancia generada por la explotación de estos recursos y temas relacionados con la propiedad de la tierra
La investigación también demuestra que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. En Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados pero cada vez está mejor organizado, mientras que en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar, lo que conlleva a que los riesgos para los líderes sociales sean mucho mayores.
Frente a temas de seguridad, el estudio reveló que durante el año 2013 se presentó un proceso de recuperación de las FARC en el sur del país (Nariño y Putumayo) ya que lograron hacer presencia importante en cabeceras municipales como lo es el caso de Tumaco, situación que se replica en varias zonas de Colombia. En Putumayo, esta guerrilla comenzó a citar población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento, contenidas en un manual. Este es utilizado como preparación para el post conflicto, además se refiere a la conducta que debían de asumir durante los días de la tregua y posteriormente a los largo de todo el 2014, donde por ejemplo es obligatorio la participación en las reuniones de formación política y se establecen criterios para la protesta social y en general para la movilidad en los territorios.
Se encontró que el Bloque Sur de las FARC que opera en el sur del país (Huila, Caquetá y Putumayo), no está divido y fue una de las estructuras que mejor cumplió la tregua unilateral el pasado diciembre y enero pese a los pronósticos de algunos analistas que preveían lo contrario.
En algunas zonas del sur del país, se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia tradicionalmente de las FARC, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de post conflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en estas zonas en la etapa de postconflicto. En el bajo Putumayo la banda de los “Constructores”, antiguos Rastrojos, ha comenzado a ostentar mayor presencia e influencia.
Finalmente, otros dato clave indica que en La Guajira Marcos Figueroa se estaría consolidando en el sur, aliado con la banda de los Urabeños y al mismo tiempo se estaría formando la Oficina del Caribe de la mano de una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, Los Rastrojos y Paisas, la cual estaría avanzando por el Magdalena e incursionarían en La Guajira.
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