Por: Katerin Erazo, Periodista
En el complejo entramado de la búsqueda de la paz en Colombia, cada paso hacia delante parece acompañado de retrocesos y obstáculos que ponen en tela de juicio la viabilidad misma de un acuerdo duradero. En este escenario, el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se erige como una pieza fundamental, pero también como un reflejo de las dificultades inherentes a la construcción de consensos en un país marcado por décadas de conflicto armado.
El reciente comunicado del ELN, en el que reafirma el congelamiento de las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, arroja luz sobre las tensiones persistentes que impiden avanzar hacia una solución definitiva. La guerrilla, en su declaración, acusa al Gobierno de incumplir una serie de compromisos previamente establecidos, lo que ha llevado al estancamiento del proceso.
Uno de los puntos más álgidos señalados por el ELN es el no retiro de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs), una medida que la guerrilla considera crucial para su legitimación como actor en el escenario político colombiano. Este punto, aunque puede parecer meramente simbólico, tiene profundas implicaciones para el ELN en términos de su reconocimiento como interlocutor válido en las negociaciones de paz y su transición hacia la vida civil.
Además, la falta de un mecanismo efectivo de monitoreo y verificación del cese al fuego ha generado desconfianza en ambas partes, socavando los esfuerzos por mantener una tregua duradera. El ELN denuncia operaciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, así como presuntos vínculos entre el Gobierno y grupos paramilitares, lo que agrava la situación y dificulta la construcción de un clima de confianza mutua.
En el ámbito humanitario, la situación no es menos preocupante. La ausencia de avances concretos en la materialización del fondo multidonante y los alivios para los prisioneros del ELN ha generado frustración y descontento en las filas guerrilleras.
En este contexto, la reactivación de la mesa de diálogos parece cada vez más distante. A pesar de un intento reciente por parte de ambas delegaciones de firmar un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz, las discrepancias persisten y la voluntad política para superarlas parece menguar. El estancamiento prolongado de las negociaciones no solo alimenta la desesperanza entre la población colombiana, sino que también abre la puerta a la escalada de la violencia y el recrudecimiento del conflicto armado.
La respuesta del Gobierno a las acusaciones del ELN ha sido ambigua y cautelosa. Si bien ha expresado su preocupación por la decisión de la guerrilla de retomar los secuestros, también ha reconocido la necesidad de abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones políticas inclusivas. Sin embargo, las acciones concretas para cumplir con estos objetivos siguen siendo esquivas, lo que genera incertidumbre y desconfianza en el proceso de paz.
El ELN, por su parte, ha destacado la firma reciente del acuerdo referido al diseño de la participación ciudadana como un paso positivo hacia la construcción de una paz inclusiva y participativa. Sin embargo, este avance se ve empañado por la falta de claridad sobre su alcance y su impacto real en la resolución de las causas estructurales del conflicto. Además, la reticencia del Gobierno a abordar temas sensibles como el modelo económico o el régimen político añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones.
En última instancia, la búsqueda de la paz en Colombia requiere un compromiso genuino y sostenido por parte de todas las partes involucradas. Esto implica no solo la voluntad política para superar las diferencias y llegar a acuerdos mutuamente aceptables, sino también la capacidad de abordar las causas profundas del conflicto y construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos.
En este sentido, el ELN y el Gobierno Nacional tienen una responsabilidad compartida en garantizar que el proceso de paz avance de manera significativa y efectiva. Esto significa no solo cumplir con los compromisos adquiridos, sino también estar dispuestos a ceder en ciertos puntos y buscar soluciones creativas a los desafíos que se presenten en el camino hacia la reconciliación y la paz duradera.
A pesar de los obstáculos y las dificultades, la esperanza de una Colombia en paz sigue viva en los corazones de millones de colombianos que anhelan un futuro mejor para las generaciones venideras. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para hacer realidad este sueño compartido y construir un país donde reine la justicia, la igualdad y la fraternidad.