Foto: Marisol Córdoba, Oficina Pacífico – Pares
Por: Marisol Córdoba, Oficina Pacífico – Pares
La Oficina Local de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que, desde principios del mes de agosto, los combates que tienen lugar en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá han causado el confinamiento de 751 familias de 14 comunidades indígenas en el Chocó.
Desde enero de este año, las constantes amenazas y riesgos de confrontaciones armadas entre el ELN y y el Clan del Golfo, o AGC, llevaron a la Defensoría del Pueblo a declarar alerta temprana en los municipios de Medio Atrato y Bojayá, en Chocó, y Vigía del Fuerte, en Antioquia. La Defensoría argumentó que esta decisión estaba basada en «la persistencia de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario» que se presenta en los territorios.
Además, según información del Sistema de Alertas Tempranas, en un comunicado emitido el pasado viernes 17 de agosto, cerca de 3.700 indígenas han sido forzados a estar confinados por los enfrentamientos entre narcotraficantes del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el noroeste de Colombia.
Sumado a esta situación, las comunidades de los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, y Bojayá, en Chocó, se encuentran en riesgo inminente de destierro. Un caso concreto es el de la comunidad de Pogue en Bojayá, en la cual grupos armados ilegales asesinaron al joven Juan David Hurtado ante la mirada impotente de su familia y habitantes. Después de este hecho, las amenazas de desplazamiento contra del resto de la población se intensificaron. En estos municipios, la comunicación y la movilización son controlados por el ELN y las AGC.
Los últimos acontecimientos violentos que han tenido lugar en estos territorios, intimida a las familias, lo que las lleva a no denunciar estos hechos. Por lo tanto, han optado por prepararse para su desplazamiento a comunidades cercanas donde puedan resguardar sus vidas.
Habitantes de la comunidad, que por su seguridad piden no ser reveladas, afirman que se encuentran confinados en sus casas sin poder salir por temor a ser retenidos a la fuerza. Esta situación ha causado el desabastecimiento de alimentos, pues los habitantes no pueden ir a sus fincas y parcelas a recoger los cultivos. Pues, aseguran, sus tierras se encuentran contaminadas de minas antipersonales, lo que representa un factor más de riesgo que se suma a la zozobra de estas comunidades.
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