Por: Línea Democracia y Gobernabilidad; Línea Migración, Región y Frontera
En la frontera nororiental de país los cuerpos de las mujeres continúan siendo cuerpos inscritos por la guerra. El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (OAG-NDS) destacó en su Boletín Número 6 ¡No son casos aislados, es el patriarcado! que la ausencia de una política fronteriza y migratoria con enfoque de género ha sido aprovechada por las estructuras armadas ilegales (EAI) que hacen presencia en Norte de Santander.
Según el monitoreo de medios de comunicación realizado por esta organización para el informe, el 23,6% de los agresores de violencia basada en género (VGB) durante 2022 en Norte de Santander fueron los actores armados. El centro de investigación destacó que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y el Instituto Departamental de Salud (IDS) no estandarizan los tipos de agresores y no precisan cuántos corresponden a las EAI, mientras que el Departamento de Policía de Norte de Santander y la Fiscalía General de la Nación no cuentan con una clasificación de los victimarios en el departamento.
Gráfico No. 1. Tipos de agresores de violencia basada en género durante 2022 en Norte de Santander
Fuente: Observatorio de Asunto de Género de Norte de Santander (2023)
Gráfico No. 2. Actores que ejercieron VBG (2022) en Norte de Santander según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022)
Gráfico No. 3. Actores que ejercieron VBG (2022) reportados en Norte de Santander según el Instituto Departamental de Salud
Fuente: Instituto Departamental de Salud (2022)
Si bien el INMLCF y el IDS no estandarizan la clasificación de tipos de agresores, ambos coinciden en que los tipos de victimarios que registran más casos son personas cercanas a las víctimas. De acuerdo con el INMLCF, el mayor porcentaje de agresores fueron las parejas o ex parejas, con un 53%, y según el IDS, los familiares con un 58%. Así, la persistencia e impunidad de las violencias basadas en género en territorios de disputa entre EAI ha permitido también que quienes no están involucrados como actores armados puedan violentar a las mujeres sin consecuencias.
El acceso a la justicia y la posibilidad de que estos casos lleguen ante los medios está influenciada por el poder que poseen los victimarios. De acuerdo con el Observatorio, existe “un ocultamiento sistemático de los medios locales frente a casos de abuso sexual relacionados con hombres con cierto nivel de influencia social y política”, pues en el departamento los medios se dedicaron a registrar violencias ocurridas en otras ciudades del país, mientras que los medios de carácter nacional sí publicaron los hechos que se presentaron en el territorio. Ejemplo de lo anterior son los dos casos que no se visibilizaron en la prensa local: Félix Mario Galvis Uribe, hijo del exmagistrado Félix Galvis Ramírez, fue denunciado por abuso sexual en la Fiscalía General de la Nación y un funcionario de la Alcaldía de Cúcuta fue denunciado por abusar a sus dos hijas, una menor de nueve años y otra de quince meses de edad.
Ahora bien, la ausencia de la política fronteriza y migratoria con enfoque de género ha permitido que los actores armados en zonas álgidas del conflicto reafirmen su poder y dominio a través del cuerpo de las mujeres que residen en estos territorios. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, esto se debe principalmente a que las distintas EAI han comprendido que controlar los territorios implican per se controlar la vida y el cuerpo de las mujeres.
Esta lógica del conflicto armado pese al Acuerdo de Paz se encuentra latente en subregiones como el Catatumbo, donde para romper el tejido social de los territorios se ha violentado a sus principales defensoras, las mujeres que han organizado la vida en medio de la precariedad y ausencia del Estado. Tras la ola migratoria que vive Norte de Santander desde 2015, no solamente las mujeres nacionales son víctimas de estas dinámicas, sino que también lo son ahora con mucha frecuencia las mujeres migrantes que transitan o residen en el territorio.
Conforme a un ejercicio investigativo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha podido establecer que el Tren de Aragua es aparentemente una de las EAI detrás de la trata de personas. Por su parte fuentes locales le mencionaron al Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander que el ELN ha ejercido violencia contra mujeres que se dedican a la prostitución, mientras que estructuras como el Tren de Aragua se lucran aparentemente de este ejercicio.
De acuerdo con una lideresa social de Villa del Rosario, consultada por Pares, el Tren de Aragua se queda con el 60% de las ganancias de esta actividad. La vocera también señaló que existen espacios de tortura por ejercer la prostitución o por ser considerada una informante:
Hay zonas que les llaman El Hueco que hacen referencia a espacios donde son llevadas mujeres a torturar a cambio de información o por castigo por ejercer la prostitución. Muchas no salen con vida de eso y desaparecen. La mujer puede resultar sospechosa de ser informante de un grupo ilegal contrario o de la Fuerza Pública. Se han presentado casos donde se castiga a las mujeres y las obligan a cargar piedras a lo largo de la trocha.
Asimismo, el OAG-NDS señaló la necesidad de articulación entre los actores institucionales, pues la Fiscalía General de la Nación reportó 1.248 casos de violencia basada en género (VBG) para el 2022, pero el Instituto Departamental de Salud (IDS) informó 3.832 en la misma temporalidad, lo cual refleja que una de cada tres víctimas que acceden a servicios de salud, no acceden a la justicia.
Gráfico No. 4. Casos de Violencia Basada en Género (2022) reportados en Norte de Santander por la Fiscalía General de la Nación
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Gráfico No. 5. Casos de Violencia Basada en Género (2022) reportados en Norte de Santander por el Instituto Departamental de Salud
Fuente: Instituto Departamental de Salud
Igualmente, el OAG-NDS resaltó en el boletín el carácter diferencial de violencia de las mujeres migrantes de origen venezolano, ya que las condiciones de quienes migran de manera irregular las hace susceptibles a ciertos repertorios de violencia entre los que se destacan las distintas modalidades de trata de personas, como la explotación sexual. Esta condición de irregularidad no solamente las hace mayormente vulnerables, sino que también mayormente invisibles ante el Estado debido a que se les impide su identificación y acceso a la justicia.
Según las cifras del Departamento de Policía de Norte de Santander, de las 4.408 víctimas del 2022, 307 tienen nacionalidad venezolana, 4.031 colombiana y dos otras nacionalidades. Por su parte, el IDS registró 3.832 casos de VBG, de los cuales 327 corresponden a personas nacidas en Venezuela y 3.505 a nacidas en Colombia.
Gráfico No. 6. Nacionalidad de las víctimas de VBG según el Departamento de Policía de Norte de Santander
Fuente: Departamento de Policía de Norte de Santander
Gráfico No. 7. Nacionalidad de las víctimas de VBG según el Instituto Departamental de Salud
Fuente: Instituto Departamental de Salud
En ese sentido, y como señaló el OAG-NDS, son precisas las articulaciones entre el sistema de salud y el sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, es necesaria la cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por último, es relevante que el Ministerio de Relaciones Exteriores construya una política migratoria con enfoque de género.
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