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“En Urabá todo es posible, hoy hablamos y mañana podemos estar muertos»

Por: Angélica Gutiérrez, asistente de investigación de la línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares

En la región del Urabá Antioqueño la violencia no cesa contra los líderes defensores de Derechos Humanos y los programas de PNIS y de restitución de tierras. La Fundación Paz y Reconciliación, por medio del Observatorio de Violencia Política, registra que entre 2013 y agosto de 2018, se contabilizaron cuatro homicidios a líderes de restitución: uno en Apartadó (2017), dos en Turbo (2014 y 2017) y uno en San Pedro de Urabá (2018). Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación afirma que, entre 2008 y 2017, fueron asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá. Somos Defensores denuncia que entre 2009 y 2016 actores armados asesinaron a 24 líderes en esta región.

Dos defensores de Derechos Humanos de la Comunidad de San José de Apartadó, que prefirieron ocultar su identidad por problemas de seguridad, denuncian las violencias que viven día a día. Para ellos, «en Urabá todo es posible, hoy hablamos y mañana podemos estar muertos». Y es que hace 8 meses, el 29 de diciembre de 2017, uno de ellos sufrió un atentado que casi le cuesta la vida.  “Alias “Samir”, que pertenecía al Frente 5 de las FARC, hoy está en la Brigada 17 paramilitar acusando a líderes campesinos de antiguos colaboradores de la guerrilla. Hasta hace dos años la guerrilla controlaba la región, incluso tenían subyugados a los paramilitares. Con la firma del Acuerdo todo cambió, mucha gente fariana se fue y ahora el control es paramilitar”, afirma uno de ellos.

Como en muchas otras regiones del país, el vacío de poder que dejó la desmovilización de las FARC, y que el Estado no ha podido llenar, está empezando a cobrar factura.  Según Prensa Rural, en este año se ha disparado la violencia y “el 15 de enero en las veredas y el corregimiento hubo presencia masiva de hombres que llevaban insignias de AGC, y estaban reuniendo a pobladores de la región, advirtiéndoles que si no trabajaban con ellos se tenían que ir de la zona o morirían”.

Paradójicamente, a pesar de esta situación, la región del Urabá presenta un alto crecimiento económico. Según el informe de la Cámara de Comercio en 2016, esta zona históricamente bananera y platanera “mostró un excelente desempeño durante 2016. La constitución de empresas creció en un 5,4% entre 2015 y 2016; la construcción está en ascenso y la compra de vivienda creció en 16 %,”; pero existe otra cara de estas positivas cifras: el costo de la victimización contra líderes, campesinos e indígenas que se da paralelamente con este desarrollo económico.

En esta Comunidad se oponen, además, a la “inversión social” realizada por los grupos ilegales. Por esto han sido acusados de impedir el desarrollo de la región. Sin embargo, “el deseo del progreso está presente pero no bajo la luz de la violencia e ilegalidad”, como afirma uno de los líderes, ellos prefieren que sea el Estado el encargado, ya que las carreteras que tienen son ilegales y son utilizadas para transportar mercancía ilícita.

Por el momento, la comunidad sigue esperando, al menos, una retractación efectiva por parte del Estado, pues en el 2005 el expresidente Uribe los tildó de guerrilleros y terroristas. En el gobierno de Santos se dio una retractación que, para la comunidad, no fue satisfactoria ya que no se hizo en la Comunidad de  Paz de San José sino en televisión nacional. Desde ese momento la Comunidad decidió cortar relaciones con el Estado. Las peticiones para reanudar el dialogo son las siguientes:

  1. Retractación del expresidente Uribe

  2. Evaluar puesto de policía y militares, puesto que desde que han hecho presencia en el territorio, las bases de Carepa controlan el flujo de armas por el territorio, además se ha generado desplazamiento forzado y por ello se fundó San Josecito. 

  3. Respeto a las Zonas Humanitarias y construcción de Escuela y Centro de Salud

  4. Creación de una Comisión de Evaluación a la Justicia

“Hay veces en que nos ponemos a pensar, a hacer el recuento de lo que ha pasado en 20 años y no entendemos como aún existimos y estámos vivos. En el gobierno de Uribe, en el año 2005, se emprendió un exterminio contra la comunidad, pero gracias a la presencia internacional y la resistencia se ha podido lograr sobrevivir y resistir”, concluye uno de los líderes.

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