Por: Sebastián Solano
Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil
Foto tomada de: Tour Colombia
El Departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, ha sido históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales y dinámicas de conflicto. La situación se ha agravado en los últimos días, según las denuncias recibidas por la Fundación Pares por parte diferentes jóvenes y líderes sociales en el departamento. Estas denuncias expresan la profunda preocupación por los riesgos que enfrenta la juventud caucana, riesgos que se han intensificado debido a las dinámicas del conflicto armado y las violencias generadas por grupos al margen de la ley.
Esta crisis de seguridad se agrava al evidenciar un aumento exponencial en la vinculación de jóvenes a estos grupos, así como su participación activa en cultivos ilícitos y bandas delictivas. Es aún más inquietante observar la normalización y voluntariedad de esta participación ante la falta de oportunidades, sumado al reclutamiento forzado que representa una seria amenaza para la integridad de la juventud caucana. La escalada de homicidios colectivos o muertes sistemáticas contra jóvenes y líderes sociales enciende las alertas del departamento.
En este contexto, dos pilares fundamentales afectan de manera significativa a la juventud del Cauca: el narcotráfico y el conflicto armado. Además, es esencial destacar la falta de organización territorial que afecta negativamente los esfuerzos por lograr una paz sostenible en la región.
Según los denunciantes, se indica un incremento del 50% en la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley en los últimos años. En la actualidad, se estima que más de 2.000 jóvenes están involucrados en actividades relacionadas con el conflicto armado en el Cauca. La distribución geográfica de esta problemática se concentra en municipios estratégicos como Guachené, Puerto Tejada, Buenos Aires, Corinto, Suárez, Guapi, Jambaló, y Caloto.
¿Cuál es la presencia de grupos al margen de la ley en el Cauca?
Según investigaciones de la Línea de Paz Territorial de la Fundación Pares, revelan la presencia de tres grandes grupos guerrilleros en el Cauca: ELN, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. Estas estructuras no solo participan en el conflicto armado, sino que controlan significativas economías ilegales en la región.
Estado Mayor Central
El EMC, con una presencia significativa en todas las subregiones del Cauca, se fragmenta en varias estructuras que controlan extensos territorios. El Frente Carlos Patiño, ubicado en el sur, abarca Patía, Balboa, Argelia y el sur del Tambo. Por su parte, el Frente Rafael Aguilera se despliega en Guapi y Timbiquí, influyendo directamente en el Pacífico caucano.
La Columna Móvil Dagoberto Ramos concentra sus acciones en el norte y oriente del departamento, abarcando municipios como Corinto, Miranda, Caloto, Toribio, Caldono, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Silvia, Totoró, Inzá y Páez. Mientras tanto, la Columna Jaime Martínez se posiciona en el noroccidente, extendiéndose por Buenos Aires, Suárez, Morales, Santander de Quilichao, Cajibío y el Tambo. Desde agosto, esta estructura ha emprendido acciones de desplazamiento en Suárez y Morales, llegando incluso hasta López de Micay en la región Pacífica.
Ejército de Liberación Nacional (ELN):
El ELN, con su compleja estructura, despliega fuerzas en el Cauca a través del Frente José María Becerra, que se manifiesta en el Tambo, Timbiquí, Argelia, López de Micay y Guapi. El Frente Manuel Vásquez Castaño, históricamente arraigado en el sur y macizo colombiano, abarca Bolívar, La Vega, Almaguer, Mercaderes, San Sebastián, Florencia, Santa Rosa y Sucre. La Compañía Milton Hernández, creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC, busca consolidar su presencia en Caldono, Santander, Buenos Aires y Toribío.
Segunda Marquetalia:
Este grupo, aunque cuenta solo con un frente, ejerce influencia en varios municipios, destacándose en Argelia, Balboa, Timbiquí y Guapi. Sin embargo, su presencia se extiende a Caldono, Buenos Aires, Páez y Suárez.
El análisis revela que más del 80% del territorio del Cauca está bajo la influencia de al menos una de estas estructuras armadas, siendo el EMC el grupo dominante con presencia en 22 de los 42 municipios.
¿Qué ha pasado con el cese al fuego?
A pesar del cese al fuego bilateral iniciado el 3 de agosto entre la fuerza pública y el ELN, el reclutamiento forzado y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos al margen de la ley no han cesado. Según la Unidad de Victimas, el 2023 registró un total de 32 víctimas por reclutamiento forzado, siendo el EMC y otros grupos no identificados los principales responsables.
En municipios clave como Argelia y Caldono, donde convergen las tres estructuras armadas, se vivieron intensos enfrentamientos durante el 2023. En Argelia, el foco estuvo en el corregimiento del Plateado, un centro de control en Cañón del Micay utilizado para el tránsito de drogas y cultivos ilícitos. En Caldono, los enfrentamientos involucraron al EMC, la Segunda Marquetalia y el ELN, específicamente en zonas limítrofes con Silvia. Estas áreas estratégicas facilitan la movilidad de grupos armados hacia el oriente del departamento y otros territorios clave para el tráfico de drogas y cultivos ilícitos.
Aunque se logró reducir los enfrentamientos en el último trimestre del año gracias a la implementación de los ceses al fuego, el norte del Cauca, con gran influencia del EMC, experimentó afectaciones a la vida e integridad de comuneros indígenas.
¿Qué ha pasado con el programa "Jóvenes en Paz"?
El Programa Nacional Jóvenes en Paz, presentado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2023, busca proporcionar alternativas y oportunidades a jóvenes vinculados a grupos al margen de la ley. Criticado por ser denominado como "pagar para no matar", el programa enfrenta desafíos significativos, especialmente dada la situación crítica en el Cauca y otras regiones del país.
La vicepresidenta Francia Márquez, durante su recorrido por el Pacífico colombiano, anunció que 7.000 jóvenes serán beneficiados con el subsidio monetario en el litoral Pacífico. La primera fase del programa se centrará en los municipios de Guachené y Puerto Tejada. Aunque la iniciativa parece ser una respuesta a la problemática, avanza lentamente en comparación con el crecimiento exponencial de las amenazas de seguridad que enfrentan los jóvenes.
¿Qué ha pasado con el gobierno en su paso por el Pacífico, especialmente por el Cauca?
La semana de gobierno del presidente Gustavo Petro por el Pacífico colombiano dejó expectativas sobre los compromisos adquiridos con la región. En su visita a López de Micay en el Cauca, la Agencia Nacional de Tierras otorgó la titulación colectiva de 28.417 hectáreas al Consejo Comunitario del Afrorenacer del Micay, cuyo territorio está ubicado entre los municipios de El Tambo y Timbiquí. Además, se anunciaron detalles del Programa Jóvenes en Paz, con un enfoque inicial en Guachené y Puerto Tejada.
Aunque estos eventos marcaron un precedente positivo en el departamento, la incertidumbre persiste entre la sociedad civil y, en particular, los jóvenes respecto a su seguridad e integridad en el territorio. La demanda por garantías de derechos y protección para los jóvenes en riesgo sigue siendo un tema crucial.
Hacemos un llamado
La lenta y, en ocasiones, insuficiente respuesta institucional del gobierno nacional y los gobiernos locales genera preocupación por el futuro de la juventud en el Cauca y otras regiones gravemente afectadas por la violencia. Es por esto que hacemos un llamado urgente para que las autoridades competentes brinden seguridad y protección a los jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado y otras acciones victimizantes.
Se insta a los gobiernos locales de los municipios mencionados a fortalecer la inversión social en programas que generen oportunidades y prevengan la vinculación voluntaria de los jóvenes a grupos armados. Al Gobierno Nacional, se le hace un llamado a velar por el cumplimiento estricto de los decretos que reglamentan los ceses al fuego con el EMC y el ELN. Es necesario llegar a acuerdos con el EMC para reducir los reclutamientos de menores y las acciones de control territorial.
Además, se proponemos avanzar en la pedagogía de la normativa con las nuevas autoridades locales, Consejos Municipales de Paz y la articulación con la Oficina del Alto Comisionado de Paz para monitorear su implementación en los territorios. Continuar avanzando en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz sería una medida crucial, ya que permitiría abordar uno de los factores persistentes del conflicto armado en el país.
Finalmente, se hace un llamado al Gobierno Nacional para que no pierda de vista las necesidades expresadas por la región del Pacífico, en particular el Cauca, durante su reciente visita. La atención y acción sostenida son esenciales para abordar la compleja realidad que enfrentan los jóvenes y la sociedad en general en esta parte del país.
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