Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El termómetro que se esperaba para medir la respuesta de las bases políticas del gobierno ante el anuncio de la apertura de la investigación contra el presidente Gustavo Petro llegó finalmente el 23 de octubre, fecha en la que varios de los grandes sindicatos del país convocaron una movilización de respaldo al presidente.
El resultado se quedó corto frente a las expectativas, y en las principales ciudades el país hubo pequeñas manifestaciones en la jornada entre la mañana y la tarde. En Bogotá, por ejemplo, la marcha comenzó sobre las 10:00 am y terminó sobre las 2:00 pm, con una afluencia de 1.200 personas, según datos de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, con algunos puntos de bloqueo sobre la carrera séptima, a la altura del Parque Nacional, y sin mayores contratiempos. En otras ciudades, la presencia fue mucho menor.
La marcha, que había sido convocada por los grandes sindicatos que hacen parte de las bases políticas del progresismo (FECODE, CUT, CGT, conglomerados de pensionados CPC y CDP) tuvo participación de algunas organizaciones sociales, y contó en su mayoría con la presencia de ciudadanía sindicalizada.
El gobierno, por su parte, que se encuentra en su mayoría cubriendo la COP16, marchó en Cali, donde las principales figuras del progresismo acompañaron a las movilizaciones. Lo relevante de las marchas en Cali estuvo en una declaración importantes por parte del MinCultura, Juan David Correa, quien anunció en la tarima que los manifestantes instalaron, que el próximo domingo entregará el expediente para iniciar la declaratoria del Monumento de la Resistencia como patrimonio del país. El monumento, elevado en 2021 tras el Estallido Social, se ha convertido en uno de los elementos simbólicos más importantes del paro nacional de aquella época, y de los colectivos y organizaciones sociales que han surgido desde ese tiempo.
En medio de las tensiones dentro de su gabinete frente a salvar el Acuerdo Nacional o profundizar la narrativa de un golpe de Estado en su contra (que, según El Espectador, es una directriz dada desde la Casa de Nariño hacia la mayoría de los funcionarios de alto nivel en el gobierno), parece que el gobierno ha decidido parquear, de nuevo, las marchas y apelar a estrategias mucho más institucionales para articular a sus bases dentro de la defensa de su programa de gobierno. Aun así, tal parece que la reacción de las mismas bases sobre la coyuntura ha sido, por ahora, menor de lo esperado.
Al gobierno se le prendieron dos incendios con los mineros y los campesinos
Fuente: Agencia EFE.
Lo que sí ha ocurrido en esta semana, en medio de la COP16, han sido dos fuertes paros, uno campesino y otro minero, que el gobierno ha buscado contener para evitar que hagan ruido frente al evento internacional de biodiversidad más importante de este año en el país.
Por un lado, estalló un paro campesino en la región nororiental del país, luego de que varias comunidades se quejaran de las delimitaciones de la frontera agrícola y las zonas protegidas en el páramo de Santurbán y El Almorzadero, ubicados entre los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá.
Por el otro, se reactivó el paro minero en la región del Bajo Cauca antioqueño, luego de que colectivos mineros denunciaran que el gobierno ha incumplido con su promesa de formalizar y regular la minería ilegal, además de manifestarse contra el decreto 1035 de 2024, que da autoridad a la fuerza pública para incautar maquinaria amarilla destinada al uso minero. Caucasia, en Antioquia, se ha convertido en el epicentro de las protestas que se han extendido a otros departamentos con fuerte presencia de pequeños y medianos mineros.
Hay que recordar que en 2023 el gobierno enfrentó un fuerte paro minero en la zona del Bajo Cauca, Chocó y Córdoba, que duró 33 días y que se levantó con la promesa del presidente Petro de formalizar a los pequeños mineros tradicionales, misma promesa que hoy la mayoría de las organizaciones, lideradas por el Comité por la Vida y la Formalización Minera, consideran que se ha quedado en el papel.
Tras más de 3 días de protestas, y con varios puntos de bloqueo a nivel departamental (con graves afectaciones en Antioquia y Boyacá) que ya amenazan con desabastecimiento de combustible y alimentos tanto en estas regiones como en Bogotá, varios de los ministros, que se encuentran en la COP16, designaron a sus viceministros para conformar mesas técnicas y sentar las mesas de diálogo tanto con los campesinos como con los mineros. No obstante, para las organizaciones y colectivos, la presencia de los funcionarios no basta, y exigen que los ministros estén presentes en las mesas. Los viceministerios de Agricultura, Ambiente y Minas están coordinando estos esfuerzos.
Estos dos paros recuerdan al paro camionero de inicios de septiembre, y a la decisión del gobierno de retrasar la publicación de su Acuerdo Nacional tras el estallido de estos, al indicar que estaban motivados por sectores políticos opositores. Aunque la respuesta de los ministerios ha sido pronta, también es importante recordar que el gobierno señaló que parte del paro minero de 2023 fue incitado por el Clan del Golfo.
Es claro que para el gobierno estos paros generan incomodidad por haber estallado en medio de la COP16, pero de su capacidad de maniobrarlos y resolver las demandas de campesinos y mineros, depende también su fuerza dentro de colectivos y organizaciones sociales que están pidiendo respuestas frente a sus necesidades, más allá de la defensa del programa de gobierno.
Los 18 que se fueron de la Colombia Humana y la crisis que sigue viviendo el interior de ese partido
Fuente: Página web de la Colombia Humana.
Tal y como lo hemos contado en otras historias, la disputa al interior de la Colombia Humana sigue estando álgida, luego de que se nombrara una nueva mesa directiva y que el pleno del partido aprobara la unificación dentro del Pacto Histórico a mediados de agosto. La ruptura se ha venido profundizando luego de que algunas de las militancias de base denunciaran que el partido no le permitió la inscripción a varios grupos y colectivos regionales, de que no existiera quórum para la elección de la nueva mesa directiva, y de que un sector de los llamados “parlamentarios” (congresistas de la Colombia Humana) impusieran su decisión de que Gloria Flórez fuera elegida presidenta de la colectividad.
Como lo contábamos en esta historia, esto era importante porque denotaría la capacidad de convocatoria y respuesta de las bases de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro, frente a la narrativa del lawfare y la apertura de la investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, las divisiones internas frente a una llamada “continuación” de la Asamblea Nacional del partido (que se supone había quedado suspendida luego del 18 de agosto) y la renuncia de 18 militantes del partido a mediados de octubre han limitado la capacidad de respuesta de la Colombia Humana, que más allá de pedir a sus bases que acompañaran las movilizaciones del 23 de octubre, no hizo mayor movimiento para sacarlas a la calle. De la asamblea nacional, también sigue suspendida, luego de algunos avances sobre la nueva estructura que proponen para el Pacto Histórico hace dos semanas.
Muy pocos colectivos y nodos que componen las bases salieron a las calles, aunque estuvieron activos en redes sociales y en sus propias conversaciones hablando de la necesidad de defender al gobierno Petro de un potencial golpe de Estado, incluso con tesis mucho más radicales y conspirativas frente a los intereses que se ocultan detrás de la decisión del CNE.
El gobierno parquea las marchas y se abre a las respuestas moderadas e institucionales:
Gobierno con los barrios populares
Fuente: Vicepresidencia de la República, a través de El Tiempo.
Con las bases de su propio partido mermadas en medio de disputas internas, junto con dos paros que denotan que su capacidad de conversar con otros sectores sociales se ha vuelto limitada (como sucedió en el paro camionero de inicios de septiembre) y con el escenario de la COP16 en la que el gobierno ha evitado al máximo cualquier atisbo de anormalidad (incluso protestas de colectivos contra el cambio climático en medio del evento), el gobierno está haciendo una lectura diferente de su capacidad de movilizar a la gente en las calles.
El gobierno ha buscado reactivar, de nuevo, su programa de gobierno a las calles con una nueva convocatoria de “Gobierno con los barrios populares”, que estaba pausada desde mayo de este año por varios problemas ligados a la contratación y de agenda de presidencia.
El gobierno retoma esta estrategia que ya venía implementando desde el año pasado con “gobierno con el pueblo” en el que el gabinete ejecutivo se movía toda una semana a un territorio para tomar decisiones desde allí y atenden las sugerencias de la ciudadanía de manera más directa. No obstante, ha cambiado su enfoque este año hacia los barrios populares, donde el gobierno percibe que tiene más fuerza de convocatoria.
Esta estrategia busca continuar en las ciudades de Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Villavicencio, durante la semana del 25 al 29 de noviembre, luego de las manifestaciones de la oposición, convocadas para el 23 de noviembre, y con la que el gobierno espera contestar y contener de una manera distinta a las “contramarchas” que suelen convocarse por los grandes sindicatos.
A modo de cierre: la creciente desconexión del gobierno con sus bases
Fuente: El Tiempo.
Lo que estos tres elementos observados en la coyuntura tienen en común es una posible crisis de legitimidad y de articulación política del gobierno de Gustavo Petro con algunas de sus bases sociales y actores clave que está emergiendo, especialmente, desde el año pasado y que no ha terminado de consolidarse, pero que ya muestra que al gobierno le va a costar muchísimo más movilizar a un sector de la sociedad que le eligió, pero que se siente desgastado.
La convocatoria limitada de las marchas del 23 de octubre, los paros campesinos y mineros, y el replanteamiento de la estrategia gubernamental hacia la estrategia de llevar el ejecutivo durante 5 días a los barrios populares, no son hechos aislados, sino síntomas de una potencial desconexión creciente entre el gobierno y sectores sociales que han sido claves para su proyecto político.
Las divisiones internas en la Colombia Humana, junto con la dificultad del gobierno Petro para cumplir con promesas importantes a sectores campesinos y mineros, han erosionado su capacidad para movilizar de forma efectiva a sus bases en momentos cruciales, especialmente frente a la respuesta que esperaba con su narrativa de golpe de Estado.
Esto refleja, además, cierto desgaste que los movimientos sociales han sufrido tanto por el costo político que han tenido que acarrear en su defensa del gobierno, como en los llamados a la calle que hace el presidente (en promedio, hay marchas y contramarchas cada 3 meses) que se traduce en menor convocatoria en las calles y una creciente desconfianza en su capacidad para implementar los cambios prometidos.
Ante esta situación, el gobierno parece estar explorando nuevas estrategias de conexión con sectores sociales que le han votado, como los barrios populares, donde percibe aún tener cierta fuerza de convocatoria. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias dependerá de su habilidad para resolver las tensiones internas dentro de su partido (que amenazan con extenderse a otros partidos que buscan la unidad dentro del Pacto Histórico) y tratar de recomponer y fortalecer los lazos con sus bases sociales y políticas, por fuera de los sindicatos y FECODE.
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