Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La decisión que tomó la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de dar libertad a la administración de la empresa para intervenir –entre junio y diciembre de 2023– la tarifa del servicio de energía eléctrica en el departamento de Antioquia, ha generado gran polémica durante estas últimas semanas.
La decisión de la Junta fue posibilitar la aplicación de una medida temporal de “estabilización” de la tarifa, que permite descontar durante tres meses –de junio a septiembre– un 0,6% de la factura en el componente del servicio de energía eléctrica. Y luego ir aumentando el cobro, desde octubre hasta diciembre, para que al finalizar el año 2023 se encuentre al mismo nivel que comenzó en junio.
La razón de esta medida es que la empresa está atendiendo al llamado que le hizo el gobierno de Gustavo Petro para explorar mecanismos de reducción de tarifas en los servicios públicos. Una solicitud que comenzó en octubre de 2022, con el llamado de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y que continuó en febrero de 2023 cuando el presidente de la República decretó su intervención en el control de la regulación de los servicios públicos (Ver: Petro y la función reguladora del Estado).
A ambos llamados ha respondido la empresa: primero, cuando se comprometió en octubre con otras empresas públicas de servicios de energía a controlar el incremento del precio de la electricidad, llamado el Pacto por la Justicia Tarifaria (Ver: Pacto por la Justicia Tarifaria), y que para EPM ha resultado en “un esfuerzo de 2 billones de pesos para contribuir a estabilizar las tarifas de energía y aliviar el bolsillo de los usuarios”. El segundo esfuerzo lo va a comenzar a realizar en junio y representará para la empresa otro aporte por alrededor de $400 mil millones.
Está decisión, según lo explicó el gerente general de la empresa, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, tiene dos etapas: en un comienzo la reducción será del 0,6%, que se le restará al saldo con el que cada uno llegó al mes de mayo y que se dará por cuatro meses –de junio a septiembre–. Un alivio tarifario que equivale a bajar $600 en una factura de $100.000 y que, según el gerente, permitirá en septiembre “tener la tarifa mínima”.
Luego se tendrá una segunda etapa, entre octubre y diciembre de este año, cuando comenzará a subir lentamente la tarifa, lo que se verá reflejado en la factura hasta alcanzar, al finalizar el año, el mismo valor que se pagó en junio. Reducción que, como se ha dicho, representa un subsidio directo al consumo de $400 mil millones; y que la empresa lo lee como una transferencias de utilidades a la inversión social que hace periódicamente al municipio de Medellín.
Está decisión unilateral de EPM, como se dijo, está causando mucha controversia. Una primera crítica viene de los habitantes de la ciudad y de las personas que están encargadas de cuidar y hacer seguimiento a la destinación de los recursos de Medellín. Como se dijo, esta es una decisión que compromete recursos del municipio y beneficiará a los 127 municipios de Antioquia –incluso se vinculó al municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)–, que son cerca de seis millones de personas.
Los críticos dicen que esta decisión de subsidiar a otra población por fuera de Medellín no es apropiada. Las utilidades de EPM son de la ciudad y para la ciudad, no para otros territorios, aunque allí se preste el servicio. Históricamente ha sido así y la ley lo plantea también así para cada unidad administrativa. Un alcalde no puede tomar la decisión de dar subsidios a los habitantes de otro territorio que no sean de su jurisdicción, y si lo hace estaría ante un detrimento patrimonial, incluso si a gente del otro territorio le presta el servicio y necesita el subsidio.
La segunda crítica se relaciona con la sostenibilidad financiera de la empresa. Aunque la Junta Directiva de EPM diga que “el desempeño financiero del Grupo EPM en el primer trimestre fue excepcional”, y que por esa razón, puede “tomar este tipo de medidas para beneficiar a los usuarios”, lo cierto es que la empresa en los últimos años ha tenido serios problemas financieros, que ponen al negocio en riesgo. El Concejo de Medellín cuestiona a la Junta de EPM dejar de recibir $400 mil millones que pone en apuro el futuro de la empresa, en un momento en el que, según el último balance contable, se registra una disminución anual del 10% en los ingresos de EPM Matriz.
Un tercer cuestionamiento viene de las demás empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios. EPM se presenta como una compañía que viene a alterar la natural dinámica regulatoria del país. Para las empresas del sector existe una normatividad –las leyes 142 y 143 de 1994– que EPM debe respetar. Estas normas le dan a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el monopolio de gestionar y definir las tarifas, y lo que hace la empresa es pasar por alto el acuerdo regulatorio y con ello pone en riesgo todo el mercado.
La decisión de la Junta de EPM le está dando malas señales a los diversos agentes del mercado. A los oferentes los está motivando a un comportamiento autorregulatorio que no es conveniente y que precisamente se trató de evitar con el surgimiento de la CREG. Además, la empresa, indirectamente, está cuestionando la iniciativa privada al hablar el alcalde Quintero de la “necesidad de más empresas públicas en Colombia”.
Finalmente, otro cuestionamiento es el político. Para la opinión pública, el alcalde Daniel Quintero Calle está actuando como un oportunista. Lo que busca el mandatario local es medio cumplir una promesa de campaña: aquella en la que dijo que al llegar al gobierno “congelaría las tarifas de servicios públicos”. Promesa imposible de cumplir en el país dada la normatividad existente. Lo que hace Quintero en el último semestre de su gobierno es decir que lo intentó hasta el último momento.
Sin duda, para los críticos esta decisión de congelar –incluso que funciona como baja en las tarifas– es un comportamiento demagógico, con la que Quintero busca, por un lado, cuasi-cumplir una promesa electoral y, por el otro, mejorar su imagen para apoyar sus candidatos o los del movimiento al que está inscrito y aumentar sus opciones de continuar en el poder. Pues la decisión la toma en plena época electoral, cuando va de salida y cuando la ciudad y el departamento elegirán los nuevos mandatarios locales y regionales.
En conclusión, a pesar de las críticas que tiene esta decisión, este momento lo podemos ver como una oportunidad para que en el país se discutan temas clave de la regulación de los servicios públicos domiciliarios. La estabilización de las tarifas de energía eléctrica en Antioquia es una invitación directa al Gobierno Nacional para que piense en la posibilidad de crear un fondo para la estabilización de tarifas del sector, pues como vimos el año anterior, el alto incremento de la tarifa en el país generó graves problemas, como ocurrió en la Costa Caribe, donde las tarifas subieron hasta un 50% en un año.
Además, la decisión de EPM deja sobre la mesa importantes temas para discutir, como la autonomía o no que pueden tener las empresas del sector para bajar la tarifa de los servicios públicos –si lo pueden hacer de manera unilateral o no– y cuándo lo pueden hacer –para que no se considere esto como una decisión política y electoral–. También una ocasión para hablar de la forma como se establece la tarifa del servicio y la actualización de la misma, en especial, en un periodo en el que el fenómeno climático está elevando los precios de bolsa de la energía eléctrica y afectará, sin duda, las tarifas en los próximos meses.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.