Erradicación y sustitución: duplas por superar

Por: Estefanía Ciro-Analista invitada PARES

La política antidrogas se expresa en la historia de Colombia en la dupla “sustitución -erradicación”: se promete un proyecto productivo competitivo a la coca, pero se condiciona a la previa erradicación; el incumplimiento no se mide por el fracaso del Estado de “crear la nueva economía” sino en la resiembra por parte del campesino quebrado. Es decir, en el momento de acceder al proceso de sustitución, los campesinos dan un salto al vacío, dependen de la capacidad o voluntad del Estado de cumplir. Uno de los ejemplos más trágicos es Putumayo, laboratorio del Plan Colombia en 1998. Los campesinos, la defensoría del pueblo y las organizaciones de derechos humanos se cansaron de mostrar que el gobierno no les cumplió lo prometido, que los proyectos productivos nunca llegaron, no fueron escuchados y se activaron las aspersiones. Cualquier cambio real en la política antidrogas significa romper este círculo trágico.

La erradicación se expresa en tres formas: vía aspersión aérea de herbicida, vía terrestre manual y terrestre con aspersión de glifosato. Por mucho tiempo se priorizó la aspersión aérea con glifosato pues el gobierno de los Estados Unidos y la policía decían que no podían acceder a muchos territorios por la presencia de la guerrilla. Este plan evolucionó y se denominó PECIG - Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato-. De otro lado, la erradicación terrestre manual se utilizó en La Macarena, durante el Plan Consolidación, cuando se trajeron erradicadores civiles del eje cafetero bajo sospechosas contrataciones. De este experimento quedaron víctimas de minas las cuales siguen sin reparación. La tercera estrategia es el PECAT, o programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre. Mientras el PECIG fue suspendido en el 2017 por la Corte Constitucional hasta tanto se cumplieran unas condiciones, el PECAT tuvo su piloto en 2016 y siguió operando hasta el 2024 asperjando 153 mil hectáreas en 9 años. El máximo histórico asperjado en terreno ha sido en el 2020 y 2021, en plena pandemia; el gobierno de Gustavo Petro disminuyó su ejecución: mientras que en el 2022 fueron destruidas 26 mil hectáreas, en el 2023 se hizo esto con 4,487 y en el 2024 se suspendió definitivamente.

La política de drogas actual “Sembrando Vida Desterramos al Narcotráfico” critica la ineficiencia de la erradicación como estrategia antinarcóticos así, “Pese a que entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843 mil hectáreas de coca, el área sembrada aumentó en un 327% (ODC, 2023).” Contradictoriamente, el documento concluyó que esta vez sí iba a ser eficiente, y se iba a hacer erradicación forzada entre otros sobre “quienes incumplan compromisos de sustitución y otros mecanismos de tránsito a economías lícitas”. Es decir, la misma fórmula de salto al vacío de las anteriores estrategias. La dupla de “disuasión” sustitución-erradicación se mantuvo, dejando inalterable la política de drogas y con un país en llamas: récord de producción de cocaína y de incautaciones, pero nulo avance en la agro industrialización de las áreas cocaleras en el país. El decreto de Conmoción Interior para el Catatumbo insistió en eso,

“En caso de que en la verificación se evidencia el incumplimiento, se procederá a la cesación de pagos para el núcleo familiar respectivo y la erradicación forzosa, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales a las que haya lugar”.

Es decir, nadie evalúa la eficiencia del Estado colombiano en el cumplimiento, al contrario, cada campesino que se suma a la sustitución está supeditado a la erradicación – terrestre manual o con glifosato-, confiando en que el gobierno va a cumplirle en crear un nuevo proyecto económico de vida.

Por supuesto, la presión se aumenta con el gobierno de Donald Trump y enfiló todo el gobierno nacional en sustituir 50 mil hectáreas de coca para evitar la descertificación – como afirmó el ministro de interior- pero es bueno también aclarar que el proceso de reactivación del PECAT empezó a mitad del 2024 en las oficinas del ministerio de defensa y en otras dependencias, como lo muestra el documento que detonó el debate público, un estudio previo para contratos de suministro de glifosato para el PECAT con fecha del 5 de marzo de 2025. Por lo pronto no se conoce ningún informe de los impactos de este plan en estos 10 años, pero sí se puede hablar de la relación de cuatro fenómenos que ocurrieron y están por estudiar: a. la desfinanciación de la sustitución desde el 2018, b. el naufragio de la transformación territorial, c. los más altos índices de erradicación terrestre con glifosato entre 2019-2022 y d. el claro crecimiento de las hectáreas de coca y la producción de cocaína en esos mismos años. ¿Es eficaz esta erradicación?

Repetir esta estrategia es una derrota simbólica, por el hecho de que se regrese a pensar que el glifosato es la salida. También es una derrota en términos de política pública, porque no hay ninguna valoración seria de que esta estrategia realmente disminuya los cultivos, mientras en el mundo se acumulan evidencias sobre los daños de este herbicida en la salud y los ecosistemas. Es una derrota política porque mientras el país está esperando que se activen distritos agroindustriales en todos los territorios cocaleros, el presupuesto se está yendo en recolección de datos de la población vía la inscripción a un programa de transferencias condicionadas- sustitución/erradicación- que se ha venido aplicando hace por lo menos 25 años, con la promesa de siempre: “esta vez sí va a funcionar”.

Más allá de la discusión de si el presidente Gustavo Petro sabía o no sabía, es importante rechazar la reactivación de un programa que se había suspendido de facto, hacer crítico seguimiento a las experiencias previas y las que quieren activar, exigir la publicación de un plan ambiental y estar atentos a las decisiones del ANLA e ICA. A su vez, monitorear para dónde van los datos que se están recogiendo de los campesinos en Catatumbo y Cauca, reclamar la real transformación de los territorios cocaleros y la anhelada gradualidad, y demandar el principio de distinción entre civiles y combatientes. Toda operación de erradicación es militar o policiva en el contexto actual del conflicto, y los trágicos recuerdos de la masacre de El Tandil, en Nariño, no puede volver a repetirse. Puede, además, estar jugando en contra del proyecto de izquierda, al sumar al caos en el llamado preelectoral que ya nos tocó la puerta.