Por: Laura Cano, periodista Pares.
El pasado 15 de mayo líderes del progresismo colombiano y del Grupo Puebla, entre presidentes, expresidentes y referentes políticos y sociales, se reunieron virtualmente en el espacio que sustituiría el V Encuentro, el cual iba a ser realizado los días 5,6 y 7 de mayo en la ciudad de Santa Marta.
El evento reunió alrededor de cuarenta (40) personas, quienes discutieron acerca de las medidas que urgen tomar en América Latina frente a la crisis generalizada como resultado del Covid-19, pero también relacionadas con escenarios de paz y económicos.
Allí estuvieron discutiendo personalidades como: Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, Clara López, Alejandro Navarro, Gustavo Petro, José Mujica, Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez, Iván Cepeda, María José Pizarro y León Valencia, director de Pares.
La paz mide el grado de civilización de un país, dice José Luis Rodríguez Zapatero en la reunión del Grupo de Puebla y deplora la actitud del actual gobierno colombiano frente a la paz, escribía Valencia en su cuenta de twitter.
Covid-19: urgen políticas sociales y económicas
Se ha alertado a través de varios informes y estudios que los meses venideros significarán duros golpes a la economía, lo que implicaría una caída del PIB en la región cercana al 5.3% que tendría unos impactos también en términos sociales relacionados con el desempleo, el cual se estima que tenga una contracción del 5.3%, generando a su vez un incremento de la pobreza que llegaría a los 270 millones de personas y a cerca 80 millones viviendo en la miseria.
Por esto, se ha venido instando en la creación de políticas sociales y económicas que atiendan la crisis, la cual terminará poniendo sus más graves consecuencias en las clases más empobrecidas y la clase media, secuelas ya se han acentuado desde la propagación del virus en los distintos países del continente; en donde se han evidenciado fuertes crisis en los sistemas alimentarios, de salud, carcelarios, de hábitat, laborales, educativos, entre otros.
El Grupo de Puebla y los líderes y lideresas que participaron en el Encuentro no están ajenos a estas realidades, por eso desde este espacio salieron una serie de propuestas para que los dirigentes nacionales de cada país puedan considerar y ponerlas en marcha, esto con un fin común que es garantizar que existan los recursos para promover la vida digna en cada hogar durante el tiempo de la pandemia y después de esta.
Así, las propuestas para este contexto están divididas en diez ejes, los cuales incluyen perspectivas políticas, como ambientales, económicas, de veeduría y unión. De esta forma, se plantea en una primera instancia proveer bienes públicos colectivos, medida que ha sido reemplazada en el modelo neoliberal que rige a la mayoría de los países de la región.
Igualmente, se hizo énfasis en cambiar los sistemas de producción los cuales están basados en la extracción, acumulación y consumo, señalando que una de las consecuencias de este modelo es potenciar los efectos del calentamiento global, los cuales “se pueden exacerbar en el corto y mediano plazo en medio de la pandemia”.
Seguidamente se expuso concentrar esfuerzos desde todos los sectores sociales para convocar una reunión extraordinaria con la Asamblea General de Naciones Unidas, así poder establecer rutas de gestión para tratar el virus, en la cual con la experiencia de cada una de las organizaciones se generen medidas que propendan por la equidad social y la protección de quienes se ven más vulnerables con el contexto actual.
A lo anterior se agregó uno de los planteamientos que se ha hecho desde distintos partidos políticos del país: el mínimo vital, el cual permitiría dar solvencia a las familias durante la emergencia a través de una renta extraordinaria que cubriría los gastos básicos y necesarios. Para esto se apelaría a otro de los puntos que se establecieron en el Encuentro; una moratoria de la deuda externa, lo que generaría “canalizar esfuerzos para atender la emergencia y redefinir de cara al futuro, las prioridades sociales desatendidas o delegadas en el mercado”.
Salud, unidad y nuevos modelos
Los siguientes ejes en los que se concentraron las propuestas establecen varias medidas basadas principalmente en el sistema de salud y la organización y unión internacional progresista.
Por esto, por una parte, se insiste en la urgencia de asumir la salud como bien público global, esto partiendo de la dinámica de muchos países, incluyéndose Colombia, en el que la salud y el acceso a esta está instrumentalizada por el mercado y los intereses que de allí se desprenden.
“Nos preocupa que sean los más vulnerables quienes terminen pagando los costos de la crisis. No existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”.
Por todo lo anterior se insta en la necesidad de un nuevo modelo de inclusión social que esté creado en relación con la coyuntura regional y en el que se tengan en cuenta las singularidades a las que debería responder ese nuevo modelo, poniendo en uno de sus focos quienes están más vulnerables social y económicamente con el Covid-19.
Para esto se establece que una de las prioridades deber ser, por un lado, la creación de un ente fiscalizador para el manejo de bienes sociales “un régimen fiscal más equilibrado y devolviéndole a la esfera pública el manejo y distribución de bienes sociales, entre ellos la salud todo dentro del marco del progresismo”.
Por otra parte, en relación con lo anterior, se sostiene que debe promoverse la articulación y unificación de esfuerzos, lo que suscitaría la organización de la Primera Internacional Progresista para atender las coyunturas latinoamericanas desde el debate, el diálogo, las propuestas y las acciones.
Las particularidades de Colombia
En este Encuentro en el que Colombia estaba como país anfitrión se tocaron temas importantes para el contexto nacional, tal como la inoperancia del Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz, situación que ha generado, entre otras cosas, que a la fecha se registren, solo durante el 2020, 101 líderes sociales asesinados, reportándose los últimos hechos el más reciente fin de semana en el que las víctimas fueron el líder ambientalista Jorge Enrique Oramas en Cali, y el líder comunal Freddy Angarita Martínez en Cúcuta.
Sin olvidar, que en un escenario similar y durante el mismo año, se han asesinado 25 personas en proceso de reincorporación, siendo el último hecho el de Wilder Daniel Marín Alarcón, registrado el pasado 07 de mayo en Bello, Antioquia.
“Como Grupo de Puebla expresamos nuestra preocupación por la paz en Colombia, seriamente amenazada por la postura del actual gobierno empecinado en desestimar compromisos fundamentales contraídos”, agregaron.
Así mismo, llamaron la atención frente a la poca voluntad de continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además del desconocimiento del rol que ha tenido Cuba para establecer rutas que permitan procesos de paz, lo que también pone más trabas a reanudar una posible mesa de diálogo con el ELN, lo que significa dar la espalda a la violencia que se recrudece en algunos territorios del país.
“En tiempos sin pandemia son condenables aquellas medidas, en tiempos pandémicos son sencillamente un crimen de lesa humanidad”, añadieron.
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