Por: Redacción Pares
El mismo día en el que la Fundación Paz & Reconciliación lanzó el Cuarto Informe de Violencia y Dinámica Electoral, se registró un atentado en contra de Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali. El hecho se registró en la sede del candidato, ubicada en la autopista sur oriental de la capital del Valle del Cauca. Tras el ataque con arma de fuego a la sede del candidato del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff —presidente vocero de la Alianza Verde—; rechazó el hecho y pidió al Gobierno Nacional garantías de seguridad.
Este nuevo hecho victimizante se suma al total en 177 hechos de violencia electoral que denunció el informe de PARES, que viene registrando desde el 27 de octubre de 2018. Precisamente, este nuevo caso refuerza la tendencia de victimización que presenta el Valle del Cauca, como el departamento con más victimas por violencia electoral en Colombia y el segundo que más asesinatos registra.
Además, a diez (10) días de que se celebren los comicios los hechos de violencia siguen en crecimiento. El mes de octubre ya superó el registro de agosto que tuvo un saldo de 25 víctimas y septiembre que llegó a 64. Frente a esta situación, el director de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia, insistió en que los 32 asesinatos que se han registrado contrastan con las elecciones locales de 2015 y las elecciones nacionales de 2018; en las cuales no se registraron este nivel de violencia electoral.
Sumado al desastroso panorama de violencia, para el analista político resulta preocupante que el Gobierno Nacional no han dispuesto a las autoridades para que se centren en el lugar donde anida la causa. Para Valencia, es necesario revisar la hipótesis de Pares que indica que “rivales políticos mandan a asesinar, amenazar o a contener a sus contradictores”. Asimismo, Valencia resalta que el Gobierno Nacional debe presentar acciones contra grupos ilegales que, desde luego, que también están ejerciendo como agentes perpetradores de los hechos.
Justamente, según el informe de Pares, la mayoría de los hechos victimizantes no se conoce su agente perpetrador ubicando un 71,7% de casos con agente desconocido. De hecho, la situación es todavía más grave si se revisa los asesinatos; pues el 91% de los casos no se conoce autor material ni intelectual. Sin embargo, el informe deja en evidencia a grupos como Águilas Negras, Grupos Armados Postfarc, AGC, Caparrapos; como responsables de algunos de los hechos vitimizantes en época electoral.
Hace cerca de cuatro meses, en julio, el presidente Iván Duque dio a conocer el denominado ‘Plan Ágora’, que presentó como una estrategia del Gobierno Nacional para blindar las elecciones locales del próximo 27 de octubre. En su momento, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra de Interior, señaló que la iniciativa buscaría convocar una “sinergia institucional. El Estado tiene cómo dar respuesta.” La critica no tuvo espera, pues sectores de la sociedad civil y sectores políticos le exigieron a Duque acciones de prevención sobre los hechos que ya estaban violando las garantías para los y las candidatas.
De hecho, la violencia política ha afectado mayoritariamente a candidatos de partidos de gobierno que representan el 29% de los casos, al igual que los de la oposición que tienen el mismo porcentaje de victimización. Con el tiempo ha dejado en evidencia que el Estado tal como lo ha dispuesto este Gobierno Nacional no ha podido dar respuesta.
En agosto, frente a las exigencias sobre la creciente ola de violencia que enfrentaban los candidatos, el presidente Duque llevó a cabo un pacto en términos de “cultura política”. El Pacto que ha resultado simbólico pretendía la no violencia política, bajo la firma del Gobierno Nacional, los organismos de veeduría electoral y de partidos políticos. De hecho, en ese contexto, Duque señaló que “el deber de todos aquí es trabajar por una mejor democracia donde nadie puede ser estigmatizado por su forma de pensar, donde nadie sea asesinado o amenazado por la defensa de sus postulados”.
Tristemente, el gobierno Duque no ha podido mitigar la violencia que hoy ha cobrado vidas por personas que han defendido sus postulados y han pretendido ocupar un puesto a nivel local. Ausencia de garantías pese a las advertencias. Su ultimo intento lo llevó a cabo en septiembre, cuando se reunió con partidos políticos, instituciones y fuerza pública para articular esfuerzos y tomar medidas que cesen los hechos de violencia. Dicho proceso lo denominaron la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales.