Por: Mateo Córdoba, colaborador Pares
El pasado 26 de octubre inició un operativo en la zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el cual más de 1.000 efectivos de la Policía, el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), el Ejército y la Fiscalía ingresaron a jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Picachos para realizar el decomiso de cerca de 700 reses y capturar a presuntos responsables de la tala ilegal que durante los últimos meses amenaza las áreas protegidas de la Amazonía colombiana.
Ante el operativo, que se adelantó sin ningún aviso a las autoridades municipales, las comunidades campesinas habitantes de la zona denunciaron que la actuación de la fuerza pública violó sus derechos fundamentales y que, en lugar de una acción efectiva contra las mafias responsables de la deforestación, se estaba criminalizando a los campesinos, cerrando las vías de diálogo y desconociendo a cientos de familia que llevan décadas viviendo en la zona sin ninguna atención por parte del Estado.
El camino de la Reforma Rural Integral
En un video que se viralizó en cuestión de horas, aparece el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Lozada, municipio de La Macarena, denunciando el carácter arbitrario y el uso desmedido de la fuerza en el operativo dentro del PNN Picachos. Un integrante de la Dijin comunicó a los campesinos que el operativo tenía que ver con una extinción de dominio en terrenos que se encuentran dentro de la jurisdicción del parque y que son usados para actividades ganaderas. Miembros del ESMAD ingresaron al parque y, según la versión de los campesinos, quemaron los corrales y, ante el agrupamiento de varias personas que se negaban a salir de los predios, lanzaron gases y dispararon contra la población.
En la lucha contra la deforestación, el gobierno parece haber escogido la ruta de los resultados más pequeños y la criminalización de los campesinos que habitan los Parques Nacionales. Teniendo en cuenta que las actividades productivas de cualquier índole (minería, agricultura, ganadería, etc.) están prohibidas dentro de las áreas protegidas por el grave impacto que pueden llegar a tener en ecosistemas frágiles, la solución necesita de una disposición integral del Estado, privilegiando el diálogo como forma de tramitar conflictos ambientales de vieja data.
En el acuerdo final de La Habana el Estado se comprometió a adelantar un Plan de Zonificación Ambiental (punto 1.1.10) en un plazo de dos años que permitiera actualizar el inventario ambiental del país, todo en virtud del cierre de la frontera agrícola. En ese mismo punto quedó acordado que “el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y organizaciones rurales —hombres y mujeres— como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socio- ambientales y del bien común”. Los diálogos comunidad-Estado han demostrado efectividad para manejar ambientalmente áreas protegidas y, ante la salida de las FARC, el trabajo mancomunado con los campesinos puede garantizar que la paradoja ambiental del posconflicto no termine por desaparecer ecosistemas amazónicos. Insistir en el gas lacrimógeno y el cuerpo del ESMAD como guardián del bosque puede empeorar la situación de los parques nacionales y mantener intactos los verdaderos hilos de la tala ilegal en el Amazonas colombiano.
¿Qué está pasando en la Amazonía?
Entre las zonas que en el pasado fueron estratégicas para las FARC en el marco del conflicto armado se encuentra el Amazonas colombiano y, particularmente, uno de los megacorredores de biodiversidad más importantes del país que conecta a la Amazonía con los Andes colombianos. La paradoja que en el pasado hacia coincidir geográficamente a los actores armados con las zonas de mayor concentración de vida silvestre, hoy, en tiempos de postconflicto, supone un solapamiento territorial entre las zonas más biodiversas del país y los territorios más afectados por el avance estrepitoso de la deforestación. Todo lo anterior, en las llamadas zonas postfarc, de antiguo control de dicha estructura insurgente.
Hay, específicamente, cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN) fundamentales para la conservación de ecosistemas amazónicos frágiles y la conectividad con los Andes, que se encuentran expuestos, casi como ninguna otra zona del país, a la deforestación y la posterior praderización de vastas zonas dentro de su jurisdicción: Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena y Serranía del Chiribiquete. Los primeros tres mantienen jurisdicciones contiguas que conforman una de las áreas protegidas más extensas del país, iniciando en la Cordillera de los Andes con ecosistemas de páramo y continuando hacia el sureste hasta toparse con el Chiribiquete, la médula de la Amazonía colombiana. Hace dos años, ante la nueva realidad territorial que suponía la concentración y el desarme de las FARC, la deforestación empezó a ganar terreno ante el vacío de autoridad y el nuevo mapa de actores en disputa por las economías ilegales.
Para el primer trimestre del 2018, el municipio de La Macarena, Meta, registró la mayor tasa de deforestación a nivel nacional, llegando a concentrar cerca del 20% de la deforestación del país. Así mismo, fue el PNN Tinigua el área protegida más golpeada por la remoción de capas de bosque, con más del 80% de la deforestación en el total de Parques Nacionales, seguido muy de cerca por el PNN Serranía Los Picachos. De igual forma, el PNN Sierra de la Macarena reportó importantes longitudes de bosque quemadas, lo que permite perfilar la deforestación al sur del país como un problema de gran calado en materia ambiental, de seguridad y de posconflicto, pues en el municipio de La Macarena es uno de los que mayor control de las FARC llegó a tener y, actualmente, allí se encuentra el ETCR Urias Rondón.
Los responsables
La contundencia gráfica de las imágenes de la deforestación en la Amazonía ha llevado al Estado, en un afán por dar resultados, a estructurar planes sin impacto real y que agudizan la problemática en áreas protegidas. Aunque se sabe que hay mafias regionales muy lejos del Amazonas, con mucho poder político y económico, coordinando la nueva colonización en los bosques protegidos del sur colombiano, la Fiscalía y la fuerza pública enfocan sus acciones en las capturas rápidas y la judicialización de familias campesinas que llegan a la zona.
La inteligencia militar sigue rezagada en la identificación de las personas, las estructuras y el dinero que impulsa la deforestación en el país. Por ende, el último eslabón en la cadena de la deforestación está recibiendo todo el peso de los operativos de la fuerza pública. O sea, las familias colonizadoras. Los resultados que muestra la Fiscalía en las acciones que lidera contra la deforestación en áreas protegidas suelen encontrarse un par de motosierras incautadas, cabezas de ganado decomisadas y campesinos judicializados.
Se sabe que detrás de la tala ilegal y la invasión a Parques Nacionales Naturales se encuentran grupos armados, grandes latifundistas y mafias regionales que actúan arropados por la omisión e indiferencia de autoridades municipales y departamentales. La disidencia de alias ‘Gentil Duarte’ está agenciando la deforestación y el acaparamiento de tierras al sur del Guaviare y, así mismo, se sabe de latifundistas del norte del país que pagan a nuevos colonos para que adelanten la praderización dentro de áreas protegidas en Caquetá, sur del Meta y Putumayo. Particularmente en el PNN Tinigua los funcionarios de Parques Nacionales tuvieron que abandonar el área y trasladar su centro operaciones ala ciudad de Villavicencio por presión y amenazas de grupos armados que controlan la zona rural de La Macarena.
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