Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
La violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo una constante, y más aún cuando liderazgos de esta comunidad deciden participar en política. La Misión de Observación Electoral en su informe de LGBTIfobia en Política del 2022 destaca que, si bien las personas LGBTI+ han sido históricamente excluidas de los espacios de representación política, se ha registrado un aumento en las candidaturas abiertamente LGBTI+, revelando nuevas dinámicas y retos institucionales.
Si bien, en las elecciones legislativas de 2022 se vivió un hito histórico en materia de personas electas en el Congreso que se identifican pública y visiblemente con una orientación sexual e identidad de género diversa, pasando de dos en el periodo pasado a siete en el actual periodo, sigue existiendo una fuerte subrepresentación de esta comunidad en los escenarios de poder debido a múltiples barreras y violencia estructural. La violencia política contra las personas LGBTIQ+ es una categoría poco registrada. Entre el 29 de junio de 2021 y el 29 de junio de 2022, la MOE registró nueve hechos de violencia contra líderes de esta comunidad, de los cuales 4 fueron asesinatos.
Los liderazgos LGBTIQ+ viven una doble condición de riesgo, tanto por las causas que defienden como por la discriminación que sufren por su identidad sexual y de género diversa. La exclusión de la comunidad LGBTIQ+ de los espacios de representación política y toma de decisiones públicas en América Latina y el Caribe tiene un impacto profundo en la democracia. Esta falta de visibilidad y representación restringe el avance de agendas políticas que respondan a sus necesidades.
El derecho a la participación política de las personas LGBTIQ+ debe ser protegido y promovido de manera efectiva. Las experiencias de participación en las últimas elecciones demuestran que, aunque ha habido avances en relación con años anteriores, aún existen prejuicios que limitan la aceptación pública de candidaturas LGBTIQ+. Estos prejuicios afectan a quienes postulan sus candidaturas, y también limitan el apoyo de la ciudadanía a la agenda de derechos de las personas LGBTIQ+.
Es necesario un compromiso mucho más fuerte por parte de las organizaciones políticas con la promoción y defensa de la agenda sobre la diversidad, porque es la presión social la que va a lograr que realmente se logre la inclusión de las personas y enfoque LGBTIQ+ en el desarrollo y elaboración políticas para asegurar que sus necesidades sean consideradas. Tanto los procesos electorales como la participación social y política en general deben incorporar un enfoque de derechos que permita una real garantía de participación y representación de esta comunidad.
La violencia política contra las personas LGBTI+ es una amenaza para la democracia y para los derechos humanos.
Las organizaciones sociales y políticas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad primaria de trabajar fuertemente para erradicar los prejuicios basados en la orientación sexual e identidad de género. La visibilización de los problemas que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ es esencial para generar acciones efectivas de transformación.
* Continuando con el objetivo del mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estuván dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad.