Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad
Fotos tomadas de: la Contraloría de Bogotá y Colombia Reports
En las últimas semanas, ha avanzado con muy poco ruido el proceso de elección de quien reemplazará a la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro. La Auditoría General de la República es un organismo poco conocido, pero con facultades supremamente relevantes, pues vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales; es decir, controla a quien controla el erario en el país. El Auditor o, en este caso, Auditora General de la República es quien está al mando de dicha dependencia y, según fuentes de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el nombre de la próxima Auditora ya está cantado.
No obstante, la elección y la gestión del Auditor no suele ser foco de atención, ya que en ocasiones los auditores tienden a realizar una gestión deficiente y sin resultados de impacto. Si bien es cierto que se esperaría independencia total de sus labores, en determinados casos existen vínculos cercanos entre funcionarios de la Auditoría y la Contraloría, lo que podría permear el ejercicio de fiscalización, en tanto que la primera precisamente realiza control a la segunda.
¿Qué ha pasado con la elección?
La elección del director/a de la Auditoría General de la República se da por medio de la selección de una terna por parte de la Corte Suprema de Justicia, que la presenta al Consejo de Estado, para que escoja el/la candidato/a para suceder el cargo.
Para esta oportunidad, el procedimiento para la elección del auditor inició con la fase de inscripción desde el 2 de mayo de 2023 hasta el 15 del mismo mes, cuando la Corte Suprema abrió la convocatoria, a la cual se inscribieron 76 candidatos; de ellos, la Corte determinó que solo 21 eran elegibles y después de escuchar sus respectivas intervenciones, el 17 de agosto de 2023 entregaron al Consejo de Estado la terna, conformada por María Anayme Barón Durán, Patricia Duque Cruz y Carlos Silgado. Sin embargo, el proceso presentó algunas novedades, pues candidatos que no fueron incluidos interpusieron derechos de petición solicitando la nulidad del proceso y afirmaron que los ternados “no estaban a la altura del promedio del resto”. Pese a esto, el proceso continuó y en la última semana de agosto, el Consejo de Estado escuchó a cada uno de los ternados y sus propuestas. Según fuentes de Pares, el día de hoy se haría la elección por parte del Consejo de Estado.
Ternados con múltiples cuestionamientos
· Carlos Enrique Silgado Betancourt
Es abogado y especialista en Derecho Público, Ciencias y Sociología Política. Actualmente, es Secretario General de la Personería de Bogotá y fue subdirector técnico de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá. Sus hermanos, Delia Rosa y Salustiano Medardo, trabajan en la Contraloría de Bogotá, en la Dirección del Sector Movilidad y en la Dirección del Sector Servicios Públicos, respectivamente. Ha estado salpicado por el carrusel de la contratación en Bogotá, debido a que en 2009, en un hotel de su propiedad, se realizaron reuniones entre el entonces Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi -condenado por el delito de cohecho en el carrusel de la contratación-, el exrepresentante a la Cámara, Germán Olano y el ex contratista Guido Nule.
· Patricia Duque Cruz
Es administradora de empresas de la Universidad Católica Popular del Risaralda, con especialización en administración y finanzas de la Fundación Universidad Central de Bogotá. La Contraloría de Bogotá le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 35 millones de pesos, cuando se desempañaba como Directora Administrativa y Financiera del Concejo de Bogotá por presuntamente no haber ejercido controles en el pago de ciertos recursos por parte del Concejo a un funcionario. En 2013, con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, fue nombrada superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a acciones como el manejo de Emcartago, pues algunos líderes cívicos la señalaron de darle un manejo “politiquero” a la empresa. Sumado a ello, fue objeto de críticas por el contrato de obra de reforzamiento del edificio de la Superintendencia de Servicios Públicos.
· María Anayme Barón Durán
Según fuentes de Pares, su elección como próxima Auditora General de la República viene cantada desde hace semanas por contar con el apoyo del excontralor y exauditor, Felipe Córdoba. Barón es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Finanzas Públicas. Ha ocupado diferentes cargos en la Contraloría de Bogotá, como Directora de Reacción Inmediata y Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Adicionalmente, fue Contralora Auxiliar de dicha ciudad y, en marzo de 2020, el Concejo de Bogotá la nombró Contralora Encargada Distrital en reemplazo de Juan Carlos Granados, imputado por la Fiscalía en 2018 por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.
Barón y Granados, la dupla poderosa que busca quedarse con la Auditoría
María Anayme Barón y Juan Carlos Granados tienen una larga historia, pues la ternada fue Secretaria de Hacienda de Boyacá cuando Granados era Gobernador, e incluso en diferentes ocasiones durante el 2015 fue nombrada gobernadora encargada.
Cabe recordar que, actualmente, Granados tiene cuotas familiares propias dentro de la Auditoría, pues su hermana, Luz Adriana Granados Becerra, actualmente es Asesora del Despacho de la Auditora General Alma Erazo Montenegro.
También, desde el 2019, Mario Alexander Monroy Gallo, cónyuge de la próxima auditora Barón Durán, trabaja como Asesor del Despacho de la Auditora General de la República. Incluso, Barón Durán ha reconocido la existencia de posibles conflictos de interés debido a su relación sentimental.
De igual forma, su hija Sídney Sthefany Rincón Barón, estuvo vinculada a la Contraloría de Tunja y la Contraloría de Cundinamarca en el año 2015 y 2019, respectivamente.
Los pecados de Barón Durán
Barón no ha estado exenta de cuestionamientos a título propio. En enero de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en su contra y a otras tres personas, por presuntas irregularidades en la compra de un lote avaluado en $1.518.200.000 de pesos para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético. Los hechos ocurrieron cuando Barón fungía como Secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá (2012-2015).
La adquisición se hizo a finales de 2015, a cargo del entonces Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados; y en 2017 funcionarios de las Secretarías de Minas e Infraestructura de la nueva administración reportaron presuntas irregularidades que dificultarían la ejecución del proyecto. Así pues, la compra se realizó sin una confirmación previa sobre las características del predio, por ejemplo, la delimitación específica de los linderos, y la existencia de una vía que lo atraviesa. Según la Procuraduría, los funcionarios habrían incurrido en presunta falta disciplinaria al participar en la etapa precontractual, aprobar los estudios previos y celebrar el contrato de compra sin que dicho predio correspondiera con las características de inmueble establecidas en los estudios de prefactibilidad.
Para 2020, Barón Durán fue denunciada por el presunto uso de recursos públicos para la celebración virtual de su cumpleaños, cuando se desempeñaba como Contralora encargada de Bogotá. Al parecer, se habrían acumulado 50 millones por medio de la recolección de una cuota de $400.000 pesos entre los aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, para la compra de regalos, souvenirs y pasabocas que fueron entregados a los invitados mediante la utilización de vehículos oficiales.
La cooptación de la Auditoría General y la puerta giratoria silenciosa
En los últimos años, Felipe Córdoba y Carlos Hernán Rodríguez han protagonizado un “llamativo” relevo entre la Contraloría y la Auditoria, creando una puerta giratoria que, incluso, podría poner en duda la independencia de dichas instituciones. Córdoba fue Auditor General de la República entre 2015 y 2017, y Carlos Hernán Rodríguez Becerra lo sucedió desde el año 2017 hasta 2019. Mientras tanto, en la Contraloría General de la República, Córdoba asumió entre 2018 – 2022, y luego, Rodríguez Becerra, fue elegido para el cargo; pero no duró mucho tras declararse recientemente la nulidad de su elección.
En 2019, Alma Carmenza Erazo Montenegro se convirtió en la Auditora General, quien, además, es una de las fichas del ex contralor Felipe Córdoba. Erazo fue la encargada de realizar una investigación sobre la gestión de la Contraloría desde 2017 con el Ocad-Paz. De manera que la entidad auditora determinó que "no se advierte algún elemento que permita determinar actuaciones contrarias a derecho o presunta corrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República” en el periodo en el que, precisamente, Felipe Córdoba estaba al mando de dicho organismo (2018-2022). Además, Aníbal José Quiroz Monsalvo, designado en 2020 por Felipe Córdoba como Contralor Delegado para la Unidad de Regalías, estaba salpicado en el escándalo mencionado, por lo que salió bien librado con la resolución de la Auditoría. Cabe recordar que Quiroz es el hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, quien participó en la elección de la terna.
La actual Auditora y la actual ternada María Anayme Barón tienen un factor en común: contaban con familiares que ya laboraban en la Auditoria General de la República, previo a ser ternadas. En el caso de Barón, como ya se mencionó, su cónyuge, como Asesor del Despacho del Auditor. En el caso de Alma Carmenza Erazo, a través de su hija, Diana Carolina Villalba Erazo, directora de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de la Auditoria General de la República; que muy oportunamente renunció 20 días antes de la elección de su madre como Auditora.
Al parecer, el Consejo de Estado elegirá hoy a la próxima Auditora General de la República, de quien se esperaría que ejerza de manera autónoma y transparente las funciones de fiscalización a los órganos de control correspondientes. Pese a ello, los vínculos políticos y familiares de algunos de los ternados dejan en entredicho la posibilidad de una gestión que fortalezca la institucionalidad del país. Según fuentes de Pares, el nombre a seleccionar será el de la cuestionada María Anayme Barón Duran; por lo pronto, no queda más que esperar que, independientemente el nombre, el próximo Auditor o Auditora no se convierta en un funcionario de bolsillo.