Este será el impacto de la revocación de las ordenes de captura de cabecillas del ELN

 Por: Katerin Erazo, Periodista

Foto tomada de: El Colombiano

Anunciada este 22 de enero de 2025, la decisión de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo Garzón, de revocar las suspensiones de las órdenes de captura contra 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un momento crítico en el panorama del conflicto armado en Colombia. Entre los afectados se encuentran Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, quienes fungían como voceros en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

La medida responde a evidencias de que este grupo armado ha perpetrado graves actos criminales en la región del Catatumbo, violando los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones. Según la fiscal Camargo Garzón, “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos da lugar a la reactivación de las órdenes suspendidas”. Basada en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, la decisión fue notificada a la Presidencia, al Alto Comisionado para la Paz y a las autoridades judiciales.

Desde el 16 de enero, la región del Catatumbo ha sido escenario de una escalada de violencia que ha dejado a la población civil atrapada en una crisis humanitaria. Los ataques, reivindicados por “Antonio García” y respaldados en comunicados posteriores por Gregorio Manuel Pérez Martínez, líder del Frente de Guerra Nororiental, han afectado a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. Según la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre el ELN y otras estructuras armadas han causado más de 30 muertes y 32.000 desplazamientos.

El historial de incumplimientos del ELN, incluido el atentado del 17 de septiembre de 2024 en Arauca que dejó tres militares muertos y 25 heridos, marcó un punto de quiebre en el proceso de paz, suspendido desde entonces por el presidente Gustavo Petro.

Paola Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que las recientes incursiones del ELN en el Catatumbo son un reflejo de violaciones al cese al fuego y a los derechos humanos. La experta explicó que “parte del accionar de terror del ELN en la región está relacionado con la persecución a personas que, según ellos, hacen parte de la base social de las FARC”. Esta persecución ha generado desplazamientos masivos y evoca épocas oscuras de la violencia contra miembros de la Unión Patriótica.

Marín afirmó que la decisión de la Fiscalía responde a una clara violación de los términos de la negociación por parte del ELN y tiene un impacto en la opinión pública, la credibilidad institucional y el futuro de los procesos de paz total.

Aunque la medida busca enviar un mensaje contundente al ELN, también representa un desafío para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta menos de dos años para consolidar resultados en la paz territorial. Marín destacó que la violencia en el Catatumbo ya había sido advertida por ONGs y actores en las mesas de negociación, pero estas alertas no lograron prevenir el escalamiento del conflicto.

“El gobierno debe asumir responsabilidad por lo ocurrido y desplegar una estrategia institucional clara que combine seguridad militar con inversiones sostenibles en la región”, agregó Marín, citando como ejemplo el modelo implementado en el Cañón del Micay.

La revocatoria de las suspensiones de captura, que había sido implementada en 2023 bajo la administración del exfiscal Francisco Barbosa y continuada por Camargo Garzón, pone en jaque las negociaciones de paz que se mantuvieron abiertas durante más de dos años. Los recientes hechos de violencia evidencian que el compromiso del ELN con los diálogos era, cuanto menos, cuestionable.

Otro aspecto preocupante es la capacidad del ELN para coordinar ataques simultáneos en diferentes regiones, incluyendo Catatumbo, Arauca, Córdoba, Chocó, Antioquia y Bolívar. Según analistas, estos movimientos podrían estar facilitados por dinámicas transfronterizas con Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre posibles alianzas o apoyos indirectos desde el vecino país.

A pesar de los retrocesos, Marín considera que la paz territorial podría ser la clave para avanzar. “La única salida viable es focalizar esfuerzos en las facciones que quieran negociar y dejar las armas”, indicó. Sin embargo, advirtió que esto exige voluntad política, recursos y una estrategia clara por parte del gobierno.

El accionar reciente del ELN sigue siendo uno de los principales obstáculos para la paz total en Colombia. Mientras el gobierno insiste en el diálogo, el grupo armado parece utilizar las negociaciones para fortalecerse y expandir su influencia.

Con un reloj político en cuenta regresiva, los retos para Petro no solo radican en contener la violencia, sino en recuperar la confianza de las comunidades y consolidar una paz que aún parece lejana.

La reactivación de las órdenes de captura contra líderes del ELN no es solo un trámite judicial; es un mensaje claro de que el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de negociaciones tendrá consecuencias. Ahora, la gran pregunta que los colombianos se hacen es: ¿el camino hacia la paz en Colombia sigue siendo incierto?