Por: Redacción Pares
En noviembre del 2023 Mongabay mostró en un informe unos datos impactantes: la actividad ilegal minera había aumentado en el 22 un 8%, unas 5.139 hectáreas de más en sólo 12 meses. El 73% de las explotaciones mineras en el país son ilegales. A medida que se analizan las cifras el panorama se vuelve más nebuloso: el 49% de dicha actividad minera se concentra en áreas protegidas. Viendo lo que ha sucedido en Brasil desde el 2012, y que se agravó aún más con los años de Bolsonaro, y el ecocidio que sucede en Venezuela con el Arco Minero del Orinoco, el Amazonas, territorio compartido entre los tres países, pulmón del mundo, está colapsando.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto como una de sus banderas el cuidado del medio ambiente, que comprende una Transición Energética justa. Por eso, en su Plan Nacional de Desarrollo, estipuló el artículo 231 por los que se daría inicio a los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Con ellos se buscará planificar la minería y, según el portal Energía Estratégica será “llevar diferentes soluciones a las comunidades donde se presenta una alta dependencia de la actividad minera, permitiendo que se complemente y direccione para atender las necesidades de los territorios”.
Los conflictos mineros en el país, algunos llevan Cuatro siglos. En Buriticá se está sacando oro desde que los españoles llegaron a esa región en 1538. Segovia ha sido un municipio que ha vivido en carne propia la maldición de la riqueza. En Marmato, el 80% de sus habitantes viven de la minería. Los españoles también comenzaron a explotar el oro desde el siglo XVI. En el Bajo Anchicayá la EPSA ensució sus aguas, 14 comunidades que vivían del rio se han organizado desde el 2000 para combatir y enfrentar el problema. Por eso tres de los primeros departamentos donde se implementarán los distritos mineros serán Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. Al reglamentarse el decreto 0977 por parte del Ministerio de Minas, se espera, según la entidad, lograr “la delimitación en conjunto con las entidades y otras instituciones nacionales, municipales, departamentales en concertación con los pueblos y comunidades étnicas. A partir de esta delimitación, se dialogará mediante mesas intersectoriales de trabajo con todos los niveles y con la representación de las comunidades de los diferentes sectores productivos, para establecer mecanismos y acciones que logren solucionar las problemáticas que se hayan identificado".
Los otros departamentos en donde se ha tenido este problema y que se verán beneficiados con los distritos mineros son Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Cauca y Chocó. Los distritos son una respuesta a los pedidos que durante siglos han tenido las comunidades, aplastadas por una explotación que, no sólo se ha llevado los recursos naturales, sino que muchas veces ha arrastrado las vidas de los que defienden el territorio. Los distritos mineros para una transición energética justa, buscan, también, descarbonizar el país, contribuir a que el planeta reduzca la contaminación. La aplicación de estos distritos son fundamentales para una de las pretensiones más firmes de este gobierno: la Transición Energética.
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