Por: Katerin Erazo, Periodista
El próximo 26 de febrero, la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila, será el epicentro de un encuentro crucial para evaluar las medidas y acciones tomadas por diversas entidades estatales, departamentales y locales frente al continuo flagelo del asesinato de excombatientes de las FARC.
La convocatoria, realizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca examinar los resultados y avances de las investigaciones judiciales relacionadas con hechos victimizantes cometidos contra ex miembros de las FARC en la región del Sur, abarcando los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Asimismo, se pretende conocer las acciones emprendidas para desmantelar las organizaciones criminales responsables de estas agresiones.
En un auto de 24 páginas que cita a esta trascendental diligencia, se destaca la necesidad de poner en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) como una estrategia interinstitucional. Este plan tiene como objetivo primordial garantizar una protección integral a aquellos individuos que han renunciado a las armas y están inmersos en su proceso de reincorporación a la sociedad.
Diversas entidades han sido citadas para rendir cuentas sobre la implementación del PESP, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las alcaldías de los municipios más afectados por esta problemática, como Florencia, La Montañita y San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Asís y Mocoa (Putumayo); Neiva y Pitalito (Huila); e Ibagué, Planadas e Icononzo (Tolima). Asimismo, se espera la participación de los gobernadores de Tolima, Caquetá, Putumayo y Huila, así como de representantes de la sociedad civil.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según la misión de verificación de la ONU, más de 400 excombatientes han sido víctimas de asesinato, subrayando la urgencia de acciones concretas para proteger a este grupo vulnerable.
Además de evaluar el estado de implementación del PESP, la JEP indagará sobre la ejecución de la Política Pública y Plan de Acción para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, así como sobre los compromisos de grupos ilegales en el marco de la Paz Total para proteger a los excombatientes. Para ello, se ha citado al Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a diversas figuras clave como el Fiscal General de la Nación, el Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.
La presencia de instituciones como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Directora de la ARN, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIPRAT), entre otros actores relevantes, garantiza un enfoque integral en la búsqueda de soluciones efectivas para esta problemática.
Este encuentro representa una oportunidad única para evaluar, coordinar y fortalecer las medidas encaminadas a proteger la vida y la integridad de quienes han optado por el camino de la paz. La sociedad civil también tendrá un papel fundamental en este proceso, participando activamente en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la construcción de un país más seguro y justo para todos sus ciudadanos.