Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional
Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Foto tomada de: Proclama del Cauca
El pasado viernes 29 de septiembre,el Estado Mayor Central (EMC)público a través de su cuenta de X la posible disolución del grupo de contingencia pactado conel Gobierno Nacional, cuya función seríaresolver las dificultades que se presentaran previas al cese al fuego.Según se publicó en su cuenta, dicho grupo se disolvería debido acciones contraofensivas del Gobiernoque generan“incapacidad de parar la guerra”.
El grupo de contingencia que va desde el 19 de septiembre de 2023 al 08 de octubre de 2023, tendría la responsabilidad de generar una antesala a la instalación de la Mesa, de tal forma que se encargaría de generar ajustes a los acuerdos, protocolos, concertaciones y consultas.
Sin embargo, durante las últimas semanas, más allá de generar un escenario de confianza, se han visto un conjunto de comunicados y acciones que no aportan a consolidar un clima político favorable para la instalación de la Mesa Diálogos con el EMC.
Los hechos
Tras un día del anuncio de instalación de la Mesa de Diálogos, desde primeras horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre se llevaron a cabo tres atentados en varios municipios del Norte del Cauca. El primer atentado fue un carro bomba contra la estación de policía del corregimiento de Timba, en el que al menos dos personas fallecieron y dos más quedaron heridas. Una de las víctimas mortales sería la profesora Luz Stella Balanta Solís, quien se dirigía a la escuela de Timba.
Los otros dos atentados se realizaron a una base militar en Suárez y una estación de policía en Santander de Quilichao, donde la comunidad empezó a advertir la aparición de volantes, panfletos, un cilindro de gas y pancartas alusivas a la Columna Jaime Martínez del EMC debajo del puente de la entrada a San Rafael, sobre la vía Panamericana, y donde horas más tarde se perpetró un ataque a la Fuerza Pública.
Frente a estos ataques, el 22 de septiembre salió un comunicado del EMC-FARC-EP en el cual aceptarían que esta acción de guerra contra la estación de policía, ubicada en medio de la población civil entre un colegio y el hospital, habría incurrido a una infracción a normas del Derecho Internacional Humanitario. Así, en miras a reducir las afectaciones contra la población civil, ordenó a todos sus frentes, columnas y compañías la suspensión de acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra las fuerzas militares y policiales, al igual que la generación de garantías para que las fuerzas políticas desarrollen el proceso electoral. Dejando la aclaración de que, entendiendo que no hay cese al fuego bilateral, se reservaban el derecho a la legítima defensa.
El comunicado salió mientras comunidades de la región fronteriza de Antioquia con el Sur de Bolívar denunciaron fuertes enfrentamientos entre el ELN, EMC y el Clan del Golfo, dejando serias afectaciones en la población y desplazando al menos 260 personas.
Al día siguiente, el 23 de septiembre la comunidad de las veredas Las Auras y La Cristalina en Briceño, Antioquia, reportaron combates, enfrentamientos y ataques a la población civil por parte del Frente 36 de las EMC de las FARC-EP y el Clan del Golfo.
El 28 de septiembre, tras la llegada de integrantes del Ejército Nacional a la zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, se registraron combates entre el EMC y el Ejército Nacional. Frente a dicho enfrentamiento se publicaría, en la red social X por parte de @EMCFarcEp que, ante el reporte de operaciones militares en varias regiones del país, “se reservan el derecho a la legítima defensa”.
Ese mismo día fueron entregados los soldados profesionales Nelson Gabriel Vásquez y Edwer Paz Pantoja, prisioneros de guerra custodiados por el Frente Franco Benavides de las FARC-EP al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como gesto de paz en el marco del acuerdo que había sido anunciado el 19 de septiembre.
El 29 de septiembre sería un día crítico para las negociaciones, debido a las álgidas declaraciones que desde la mañana empezó a publicar el EMC a través de su cuenta de X. En primer lugar se anunció la posible disolución del grupo de contingencia, mencionando que los escoltas del jefe de la Comisión de Diálogo de las FARC-EP, Andrey Avendaño, fueron agredidos por miembros del Ejército Nacional, quienes en actitud hostil hacían presencia fuera del hotel, donde se estaría quedando la Delegación.
El día transcurrió entre combates en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, dejando un militar muerto y varios heridos. De acuerdo con medios locales, habitantes de cuatro veredas se han desplazado al coliseo de esa zona para resguardarse.
Al finalizar el día, el cabecilla del EMC alias “Iván Mordisco”, señaló a través de un video que, a pesar de las operaciones militares, se mantiene la posición de un cese de acciones violentas contra el Ejército y la Policía. Sin embargo, pidió al presidente Gustavo Petro tomar medidas para proteger los Diálogos.
Finalmente, el 30 de septiembre, pese a los hechos violentos ocurridos en el Cauca, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que actualmente se encuentra ajustando detalles correspondientes a la instalación de la Mesa, los cuales pasan por garantizar una amplia participación de la comunidad del Catatumbo, junto a autoridades locales y departamentales, más el acompañamiento de varios países como testigos del evento.
La Delegación de la Mesa de Diálogos del Gobierno ratificó el propósito de avanzar en los acuerdos que permitan beneficiar a las comunidades y alcanzar la Paz en todo el territorio nacional.
El reto: negociar en medio del conflicto
Sin lugar a duda el anuncio del 19 de septiembre fue un respiro para las comunidades tras la intensificación de acciones armadas en varias regiones del país, y los últimos comunicados de las dos delegaciones, tanto del EMC como del Gobierno Nacional, bajan la temperatura y la tensión de las últimas semanas, además de poner sobre la mesa, una vez más, la necesidad de proteger a la sociedad civil, que sigue estando entre el conflicto.
Así, es necesario acoger las voluntades de paz y encontrar mecanismos que permitan blindar la Mesa de Negociación. En el mes de septiembre se presentaron diversos combates en los cuales han estado involucrados varios grupos armados, tal como el que ocurrió el 23 de septiembre entre el ELN y el EMC. Es claro que la guerrilla estaría involucrada en disputas territoriales, especialmente en el Sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo. Por ello sería conveniente y urgente acercar a los negociadores con el fin de pactar una posible tregua que reduzca el impacto en las comunidades.
De igual forma deben empezar a aplicarse los protocolos de respeto a la población civil, apuntando a un des-escalamiento de las hostilidades y brindando un acompañamiento directo a las poblaciones que se han venido desplazando a causa de los últimos enfrentamientos.
Por ahora, queda esperar que mientras se da la instalación de la Mesa de Diálogos el 08 de octubre, se encuentren mecanismos de comunicación efectivos que tengan la capacidad de manejar posibles dificultades y que todas las partes estén en la disposición de dar garantías de protección a las comunidades.