Por: Katerin Erazo, Periodista
En un contundente pronunciamiento, más de 200 destacadas figuras del ámbito político, académico y exministros han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia. Este acto de oposición se intensificó tras la reafirmación de la iniciativa por parte del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sugirió la posibilidad de adelantar dicho proceso constituyente.
El comunicado, rubricado por personalidades influyentes como la excanciller Carolina Barco y el exministro Alfredo Rangel, subraya la importancia de defender la Constitución Política de 1991, que cumplió 33 años el pasado 4 de julio. Según los firmantes, la Constitución vigente es fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país. Además, consideran que los beneficios generados por esta Constitución han sido múltiples y poderosos, desencadenando importantes conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales.
Uno de los argumentos clave presentados en el comunicado es que existen mecanismos institucionales y democráticos adecuados para realizar reformas constitucionales, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana. Los firmantes insisten en que estos mecanismos deben ser fortalecidos y respetados, en lugar de optar por una Asamblea Constituyente que podría generar inestabilidad política e institucional.
“Es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución", señalaron los firmantes.
Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, asegura que en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC existe la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente. Su argumento se centra en que se trata de una declaración unilateral de Estado, que se convirtió en documento oficial ante las Naciones Unidas. Sin embargo, esta tesis ha sido cuestionada por otros expertos, quienes consideran que la convocatoria a una Asamblea Constituyente podría traer serias consecuencias de inestabilidad política para Colombia.
"Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia", afirmaron los firmantes. Además, advirtieron sobre los potenciales costos económicos significativos que conllevaría la realización de una Asamblea Constituyente en un momento en que el país necesita priorizar la inversión en áreas estratégicas y la reactivación económica.
Oscar Ortiz, ex zar anticorrupción y uno de los líderes de la Séptima Papeleta, asegura que no existe escenario en el que el presidente de la República pueda saltarse el Congreso para convocar una constituyente. Los firmantes del comunicado aseguran también que una constituyente podría ser una especie de caja de Pandora que podría generar un riesgo para la democracia del país.
"Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia", aseveran. Agregan que se generaría "una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, la ralentización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social".
Por último, hablan de los enormes riesgos que se vendrían para la economía de Colombia, cuando en este momento la prioridad es fortalecer los diferentes sectores. "La realización de una Constituyente implica altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica. Recientemente el gobierno hizo un recorte de 20 billones de pesos, por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente", concluyeron.
Por su parte, los exconstituyentes del 91 también se pronunciaron en una carta separada, destacando la amplitud y adaptabilidad de la Constitución vigente. Rechazaron la premisa de que el Acuerdo de Paz con las FARC justifique un proceso constituyente y enfatizaron la importancia de trabajar por transformaciones democráticas con serenidad y respeto al orden jurídico establecido.
En este contexto, Eduardo Montealegre, exfiscal general, apoya la interpretación de que el presidente puede saltarse el Congreso y convocar una constituyente por decreto, basándose en el acuerdo de paz con las FARC. No obstante, esta postura ha generado controversia y ha sido fuertemente criticada por diversos sectores.
Entre las figuras que apoyan esta postura se encuentran Alejandra Carvajal, Guillermo Botero, y Juan Carlos Echeverri. Estas personalidades subrayan la necesidad de utilizar los mecanismos democráticos vigentes y evitar la inestabilidad política y económica que podría resultar de una Asamblea Constituyente.
Este rechazo generalizado refleja una preocupación compartida por sectores clave de la sociedad colombiana ante la propuesta presidencial. Enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país. La defensa de la Constitución de 1991 y el llamado a utilizar los mecanismos democráticos vigentes son elementos centrales de esta oposición, subrayando la importancia del debate público sobre el futuro constitucional de Colombia y las vías democráticas para abordar reformas legislativas.
Según Alejandro Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el clima político actual no es favorable para una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, dentro de los sectores de la oposición, solo Germán Vargas Lleras y un pequeño sector de Cambio Radical están de acuerdo con la idea. Desde el centro político, nadie apoya la iniciativa, y en la izquierda, muchos sectores que antes estaban interesados han decidido moderar su postura, especialmente después de que figuras como Iván Cepeda, María José Pizarro y David Racero manifestaran apoyar la idea de un Acuerdo Nacional. Estos líderes han preferido apoyar la idea del poder constituyente antes que arriesgarse a promover una nueva Asamblea Nacional.
Chala también destaca que, incluso si existiera un clima político propicio, no habría posibilidades de que una Asamblea Nacional Constituyente fuera aprobada debido a la situación en el Congreso. Este proceso debe pasar primero por el Congreso como propuesta que debe ser votada por ambas cámaras, seguido de un referendo para que la ciudadanía vote si quiere una asamblea constituyente. Si se aprueba, se suspenderían las funciones del Congreso, se elegirían los constituyentes y se iniciaría el proceso asambleario. Sin embargo, el investigador subraya que ni los gremios económicos ni los actores políticos externos al Congreso apoyan esta idea. Juan Manuel Santos, por ejemplo, cuestionó recientemente la necesidad de modificar la Constitución de 1991, señalando que no se ha identificado claramente qué aspectos no funcionan y requieren cambios en la constitución actual.
En cuanto a los riesgos políticos y económicos, Chala considera que una Asamblea Constituyente afectaría más el clima político que el económico. Aunque podría impactar la confianza crediticia e inversionista si la transformación fuera muy radical, experiencias anteriores en Venezuela y Ecuador no resultaron en profundos impactos económicos. El investigador de Pares enfatiza que la Constitución de 1991 ha logrado avances significativos en derechos sociales e individuales, y una nueva constituyente podría poner en riesgo estos logros, así como el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza al sistema político colombiano.
Finalmente, Alejandro Chala menciona que es posible que un poder constituyente lleve a reformas constitucionales, dependiendo de la capacidad de Juan Fernando Cristo para consolidar un acuerdo nacional entre todos los partidos. Cristo podría desempeñar un papel crucial en la aprobación de reformas moderadas en el Congreso, evitando así la necesidad de una Asamblea Constituyente. Chala concluye que existe la posibilidad de llegar a un consenso para implementar reformas moderadas que preserven el espíritu de la Constitución de 1991, garantizando al mismo tiempo la estabilidad democrática del país.
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