Por: Katerin Erazo, Periodista
Después de nueve días de terror e incertidumbre, el Frente de Guerra Occidental del ELN decidió poner fin al paro armado que había impuesto en el departamento del Chocó. Esta medida ilegal paralizó la vida en la región, afectando principalmente a las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y en la carretera que conecta a Nóvita con Torrá. En un comunicado divulgado al mediodía del pasado domingo, la guerrilla anunció que a partir de las 6:00 a.m. del lunes festivo, las comunidades de más de diez municipios, incluyendo Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, podrían retomar su movilidad y actividades.
El mensaje del grupo insurgente, conocido también como el Frente ‘Ómar Gómez’, agradeció a la población por seguir las restricciones impuestas durante los días del paro, asegurando que no se presentaron incidentes. Sin embargo, esta versión contrasta con la dura realidad que vivieron miles de personas en la región. Autoridades locales y organizaciones sociales documentaron que cerca de 50.000 personas estuvieron confinadas, lo que generó una crisis humanitaria con impactos devastadores en servicios básicos como la salud, la educación, el transporte y el acceso a alimentos.
La gravedad de la situación quedó reflejada en la muerte de tres personas durante estos días de zozobra. Entre las víctimas se encuentra una niña de 18 meses, quien falleció debido a una combinación de desnutrición severa y la imposibilidad de recibir atención médica o ser trasladada a un centro de salud. La menor no pudo ser llevada por el río San Juan ante el temor generado por las amenazas del ELN.
En otro trágico caso, una mujer embarazada y su bebé también perdieron la vida. La mujer, que estaba siendo atendida por una partera, sufrió complicaciones durante el parto, y aunque se intentó trasladarla a un puesto de salud, la falta de combustible en los vehículos hizo imposible el traslado.
Este paro armado también afectó profundamente a la niñez y la educación. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 5.000 menores de edad pertenecientes a 85 comunidades afrodescendientes e indígenas se vieron forzados a interrumpir sus clases. Los docentes, por su parte, han sido blanco de amenazas, incrementando el temor y la vulnerabilidad de las comunidades educativas. Además, el pasado domingo 20 de agosto, fecha en la que estudiantes de grado 11 debían presentar las pruebas Saber 11, cerca de mil jóvenes de los municipios afectados no pudieron presentarse debido a las intimidaciones del grupo armado. Esta situación provocó una enérgica respuesta por parte del Gobierno Nacional. El canciller Luis Gilberto Murillo, originario del Chocó, condenó la manera en que tanto el ELN como el ‘Clan del Golfo’ han estado impactando negativamente a la comunidad, asegurando que es "inaceptable la forma en que estos grupos siguen optando por la violencia, afectando directamente los derechos de la población civil".
Ante la gravedad de lo sucedido, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, utilizó su cuenta en X para informar que solicitó al Ministerio de Educación y al ICFES el aplazamiento de las pruebas en 16 municipios del departamento. Según el cronograma establecido, las pruebas Saber en estas zonas han sido reprogramadas para el próximo 8 de septiembre. Córdoba también reiteró la necesidad de una intervención urgente por parte del Gobierno Nacional, no solo para atender la crisis humanitaria sino también para apoyar la transición económica y garantizar la dignidad y el acceso a servicios esenciales en la región.
Para mitigar el impacto de los nueve días de confinamiento, la Gobernación del Chocó inició la entrega de kits de alimentos y productos de aseo a las familias desplazadas. Hasta el momento, se han distribuido un total de 100 kits, beneficiando a 33 familias que se encuentran refugiadas en la casa Acadesan en Istmina. Otras ayudas han sido asignadas a personas que han encontrado refugio en casas de familiares. No obstante, la respuesta humanitaria enfrenta serios desafíos debido a la magnitud de la crisis y las dificultades logísticas en una región históricamente abandonada por el Estado.
En cuanto a las medidas de seguridad, más de 5.000 efectivos de las Fuerzas Militares han sido desplegados en la zona para garantizar la movilidad y la protección de la población. Entre estos, se encuentran hombres y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes se han movilizado para evitar nuevos confinamientos y asegurar la tranquilidad de los habitantes. Fuentes judiciales revelaron que las órdenes detrás de este paro armado provinieron de dos líderes del ELN: Isaac Tuberquia, alias “Bernardo” o “el Paisa”, y Hernán Chica, alias “Santiago” o “Argiro”. Ambos tienen un amplio historial delictivo, con cargos que van desde reclutamiento forzado hasta terrorismo.
Paola Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), enfatizó que el primer aspecto a considerar sobre el reciente paro armado del ELN en Chocó es su profundo impacto humanitario. Este tipo de acciones exacerban las crisis en comunidades históricamente vulnerables, ya afectadas por deficiencias en áreas como educación, movilidad y acceso a servicios básicos. El paro no solo agudiza estas condiciones de desigualdad, sino que también evidencia la gravedad de las afectaciones, como la pérdida de dos vidas – una madre y su bebé – que no lograron llegar a un centro de salud, así como los cientos de jóvenes que no pudieron presentar el examen ICFES debido a las restricciones de movilidad impuestas.
Marín destacó que este paro se suma a otros similares que el ELN ha venido promoviendo en respuesta a las incursiones y la presencia militar del Clan del Golfo. Según denuncias del ELN, estas operaciones reflejan una convivencia entre las fuerzas militares y el Clan, lo que también ha generado situaciones críticas en otras regiones como el sur de Bolívar y Arauca.
La investigadora explicó que, en medio de estas tensiones, la mesa de negociaciones sigue congelada. La semana pasada, el Gobierno Nacional envió una propuesta de confidencialidad para reactivar las conversaciones, pero esta fue rechazada por la delegación del ELN. Aunque dicha propuesta no estaba directamente relacionada con el paro, tenía el propósito de descongelar el diálogo. Sin embargo, el cese del paro armado el lunes pasado no ha aliviado las tensiones, y la crisis en la mesa de negociación persiste sin soluciones claras.
Finalmente, Marín resaltó que la constante confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN, sumada al abandono territorial por parte del Estado, intensifica la crisis humanitaria y la violencia en el departamento. En cuanto a lo que se avecina tras el paro, señaló que se requiere una decisión firme tanto del ELN como del Gobierno Nacional para descongelar la mesa y reactivar el cese al fuego. El panorama sigue siendo complejo y, sin un espacio de diálogo donde ambos actores puedan discutir y resolver estos conflictos, será difícil lograr un alivio humanitario para las comunidades más afectadas.
El paro armado y su impacto en el Chocó ponen en evidencia las contradicciones del ELN, un grupo que al mismo tiempo busca la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que sigue utilizando la violencia para imponer su poder en las comunidades. Mientras las negociaciones de paz avanzan en la mesa de diálogo, la situación en terreno sigue siendo crítica para miles de chocoanos que enfrentan, día tras día, la difícil realidad de vivir bajo el control de grupos armados.
Con el retorno a la normalidad, las comunidades del Chocó aún tienen un largo camino por recorrer para superar los efectos de este paro armado. El llamado de las autoridades locales y la sociedad civil es claro: se requiere una intervención integral que no solo aborde la emergencia humanitaria, sino que promueva un desarrollo sostenible que permita a la región salir del círculo de violencia y pobreza que la ha asfixiado por décadas.
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