Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
A partir del 8 de agosto comenzará en Colombia a implementarse el Decreto 763 del 18 de junio de 2024. Con esta norma el Gobierno nacional busca acabar el mecanismo diferencial de estabilización de precios para el Aceite Combustible para Motores (ACPM). Comenzando por los grandes consumidores, quienes, a partir de este mes, empezarán a comprar el combustible diésel de acuerdo con la variación del precio del mercado internacional.
Esta valiente decisión la tomó Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda y Crédito Público, como una de las acciones para controlar el acelerado déficit estatal. Luego del desplome en el recaudo fiscal, que ha provocado un recorte de $20 billones de pesos del presupuesto nacional, con lo que hoy se tiene menos recursos para varios ministerios —aproximadamente 5.6% de menos recursos para este año—. Y después de que el Congreso de la República le autorizara la ampliación del cupo de endeudamiento de USD 17.000 millones.
Recordemos que desde el año 2020, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de congelar el precio de los combustibles, tanto de la gasolina corriente para motor como del ACPM. Este último ha permanecido en $9.315 pesos el galón. Lo que significó para el Estado asumir el diferencial entre el precio interno y el externo por más de cuatro años y medio. Deuda que tiene con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), que estaba en 37 billones en 2022 y logró bajarse en 2023 a $15,2 billones debido a la reducción del subsidio a la gasolina.
De allí que el gobierno Petro haya tenido que tomar la decisión de acabar con el subsidio a los combustibles, a pesar de los costos políticos que tiene para su gobierno. La estrategia ha sido, primero, aumentar mensualmente el precio de la gasolina corriente, pasando de $9.200 pesos en octubre de 2022 hasta igualarla hoy al precio internacional a $14.300. Y luego pasar a esta segunda medida de acabar con el subsidio al combustible del ACPM.
Con el Decreto 763, el Gobierno comenzará con los grandes empresarios —aproximadamente 150 grandes empresas, que consumen mensualmente más de 20 mil galones y que representan el 5% del consumo total de ACPM—. La idea es que estas, en lugar de pagar $9.315 que cuesta en promedio el galón de diésel hoy, paguen a partir de agosto —el Decreto estableció 45 días de colchón para su aplicación— el precio internacional, que es aproximadamente $4.500 más alto.
Y aunque está cifra aparenta ser muy pequeña, en términos porcentuales, representará para el Estado un ahorro de $50 mil millones mensuales o, si se quiere, 600 mil millones al año. Un subsidio que estaba generando un gran déficit en la deuda pública y que a partir de ahora dejará de crecer tan rápidamente. Una demanda diaria de ACPM que está alrededor de los 145.000 barriles por día para el país —un poco más de 6 millones de galones por día—, que multiplicados por 4.500 pesos que se subsidian suma 27 mil millones de pesos diarios que se privatizan, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares.
Como era de esperarse, tan pronto salió el decreto la reacción en su contra fue inmediata. Los gremios que las agrupan a las empresas petroleras, mineras, cementeras y el sector agroindustrial, comenzaron a lanzar comunicados en contra de esta medida —desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, la Cámara Colombo Americana hasta los gremios, como la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas) y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entre otros—.
Todos ellos buscan que el Gobierno se llene de motivos para echar atrás la medida y continúe subsidiando diariamente la astronómica cifra que representa el subsidio. Asocaña, por ejemplo, advirtió que al quitarle el subsidio al combustible pone en riesgo las cosechas este año y perjudica gravemente la competitividad de la empresa. Según su comunicado, son más de 240 mil hectáreas de caña que se verán afectadas, debido a que sus tractores cosechadores usarán un combustible más caro, y se ven a gatas para comprar los más de 10 millones de galones de ACPM necesario para transportar las cosechas en sus trenes cañeros—cifra consumida en 2023—.
Otros argumentos son el efecto que podrá tener la medida en el nivel de inflación. Como saben, uno de los objetivos del Banco de la República es controlar el aumento de los precios y, además, que los combustibles son uno de los insumos más importante para el nivel de precios de todo el sistema. De allí que advierten los críticos que se podría afectar está variable debido a la división transporte, acelerando el crecimiento inflacionario y retardar la reducción en las tasas de interés. Afectando, finalmente, a los consumidores y a la economía en general.
Pero esto es solo un pataleo de un actor gran consumidor. Es tiempo ya de que los grandes empresarios actualicen sus costos. La idea es que estos tengan claro los gastos en combustible. El estar atado el precio interno del combustible al internacional hará que las empresas puedan planificar mejor sus inversiones y tomar mejor las decisiones para asumir la competencia.
Incluso, hay que pensar en extender la media con rapidez a los medianos pequeños consumidores. El Decreto 763 sólo suprime el subsidio a los grandes consumidores —a aquellos empresarios que compran directamente a los distribuidores mayoristas— y sacó del aumento a las estaciones de servicio o bombas que distribuyen el combustible de forma minoritaria. Pero el Gobierno debe continuar con firmeza implementando el programa de ponerle fin al subsidio de los combustibles fósiles.
Deberá este año, como lo hizo con la gasolina, quitarle el subsidio a las empresas transportadoras de carga, aumentando el precio en las estaciones de combustible. Y luego extender la medida a toda la economía. Es cierto que quitar el subsidio tendrá impactos en la economía, en especial, en la inflación, sobre todo en sectores como el Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de Pasajeros o en las empresas generadoras de energía situadas en Zonas No Interconectadas (ZNI). También podrían haber bloqueos en las vías, problemas de seguridad y bajos volúmenes de carga transportados. Pero es necesario para que pare este desangre fiscal y la pesada carga que dejó el gobierno anterior.
Quitar el subsidio a los combustibles fósiles es una medida que se justifica. Pues, además de ayudar con el saneamiento de las finanzas públicas, servirá para reducir la privatización de los recursos de la nación. Serán 27 mil millones de pesos que dejarán de privatizarse diariamente, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares. Dejará de salir del bolsillo del Estado una gigantesca cifra que se privatiza en unas cuantas empresas dedicadas a la minería, la producción de petróleo o refinadoras de azúcar.
Además, se convierte en un valioso instrumento para impulsar la transición energética. El subsidio al consumo de combustibles fósiles, como el ACPM, contiene un mensaje inverso al que quiere dejar sembrado el Gobierno en la cabeza de los consumidores. Se lee como un incentivo al uso de un bien que causa daños ambientales. El quitar el subsidio conlleva entregar el mensaje de sustituir esas tecnologías por otras con energía limpia y que sirven para apoyar la descarbonización del planeta.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.