Por: Sebastián Camilo Mora, Investigador Pares.
“Es muy vergonzoso el papel de las encuestas, no le atinaron a nada, ni en las regiones ni en las ciudades”, ha señalado Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación PARES. Este martes, en la Universidad del Rosario de Bogotá, se realizó el conversatorio ¿Qué pasó en elecciones y qué viene para el país en política? Allí participaron varios representantes de las encuestadoras más conocidas del país y que, debido al reciente resultado electoral del 27 de octubre, han estado en medio de fuertes críticas por parte de la opinión pública. Entre los invitados se encontraron Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría (CNC); Cesar Valderrama, de Datexco; César Caballero de Cifras y Conceptos; Carlos Ariel Sánchez de DYSET y Alejandro Pinzón de Guarumo.
La conversación giró alrededor del comportamiento de las encuestas que no fueron lo suficientemente exactas a la hora de comparar sus mediciones con los resultados del 27 de octubre. Esta discusión da pie para iniciar un debate sobre cómo actualizar la ley que regula a las encuestadoras, cómo hacer accesible sus datos a auditoria ciudadana y con esto aumentar la credibilidad de la opinión pública en las encuestas sin que estas se conviertan en un direccionador de votos.
Una reflexión importante que se hizo durante el evento, fue la necesidad de cambiar la imagen de que las encuestadoras direccionan y manipulan a la opinión pública antes de las elecciones políticas, pero para que esto ocurra, es necesario entonces que todos sus datos de medición y análisis sean completamente públicos.
¿Qué dicen las encuestadoras?
La ley 130 de 1994 dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos. El Título VI hace referencia a las encuestas políticas, en el que se exponen requisitos mínimos para hacer públicos los resultados de las encuestas, entre estos: quién la encomienda, quién la financia, tipo y tamaño de muestra, candidatos por los que pregunta, las preguntas, fecha, período de tiempo y margen de error. Todo lo anterior es lo que conocemos como ficha técnica.
Adicionalmente, las encuestadoras solo deben cumplir con tres requisitos para realizar estos ejercicios, ya sean electorales o políticos: experiencia en realización de encuestas no menor a un año, certificado de existencia, junto con representación legal para personas jurídicas o registro mercantil para particulares y tres referencias de cualquier institución o particular sobre la seriedad de su trabajo.
De esta forma, es claro que existen muy pocas restricciones para convertirse en una encuestadora para períodos electorales. Esto se puede leer de dos maneras: Primera, el acceso a este nicho es muy democrático, abierto y cualquier ciudadano con conocimientos suficientes puede participar de este. La segunda manera es la falta de rigurosidad que pueden generar estos requisitos, y, en ese mismo sentido, una de las razones por las que la credibilidad en las encuestadoras ha disminuido.
Es importante mencionar que todos los representantes de las encuestadoras en el evento demostraron su interés en discutir el cómo se aplican encuestas en los procesos electorales colombianos y por qué estas han perdido credibilidad frente a la opinión pública.
El principal argumento de los encuestadores frente a sus “descaches” en los resultados del 27 de octubre es la visión errónea entre encuestas y predicción infalible, cuando ellos las consideran aportes para el debate público, un insumo para la interlocución entre candidatos y ciudadanía. Además, señalaron la interdependencia que han desarrollado las encuestadoras de los medios de comunicación, sus objetivos, más que todo comerciales y lo más importante, la falta de profundidad que esto puede propiciar en los resultados.
Finalmente, existe un malestar alrededor del tipo de cuestionamientos a las encuestadoras y su carácter técnico, es decir que los reclamos a las encuestadoras carezcan de conocimiento técnico alrededor de los elementos científicos que constituyen el instrumento de medición.
De hecho, alrededor de lo anterior, 11 encuestadoras enviaron una propuesta de regulación al CNE en septiembre de este año, en la que proponen actualizar a la ley 130 de 1994, aumentar la trazabilidad de sus datos para permitir auditorías y regulación de nuevas metodologías de investigación correspondientes con la era digital. Aunque poco tocan el tema de los requisitos para la aplicación de encuestas.
¿Qué proponen las encuestadoras?
Aunque es rescatable y justo que las encuestadoras reconozcan que solamente el acceso a una ficha técnica no resulta suficiente para obtener resultados legítimos para la ciudadanía, no se aprecian esfuerzos más allá de esperar el cambio de la legislación para confrontar las consecuencias de la diferencia de encuestas en la era digital como la distorsión que causan o la posibilidad de ser utilizadas como una herramienta para direccionar el voto.
Las firmas proponen fortalecer la trazabilidad de las encuestas públicas pagadas por los medios de comunicación, a sus metodologías de muestreo y dispersión con el acceso a sus datos planos, así como poner en conocimiento a la ciudadanía de la realización de encuestas privadas a partidos, precandidatos y candidatos políticos en calendario electoral.
En ese sentido, Pares considera que, además de las anteriores modificaciones, también deberían permitir el acceso a sus datos, hacerlo de manera fácil y sencilla, de lo contrario se convertirá en un desincentivo y exigir una temporalidad en la que no se puedan publicar encuestas cuando se está demasiado cerca a las elecciones, lo que evitará que estas pueden ser vendidas por las campañas como una predicción. En ese sentido, también sería importante homogeneizar los tiempos de recolección de datos según el tipo de encuesta.
Por lo tanto, no es estrictamente necesario cambiar la ley para empezar a generar estos incentivos con el fin de aumentar el debate, cumplir el propósito que los mismo encuestadores arguyen y de generar incentivos a la ciudadanía y la opinión pública que las encuestadoras no trabajan de espalda a quienes pretenden dar voz en campaña, como si lo hace la mayoría del sistema electoral.
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