Por: Katerin Erazo, Periodista
Fotos tomadas: El Universo
En una serie de declaraciones a través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro ha arrojado luz sobre un cambio drástico en la dinámica del mercado de drogas en Colombia y en todo el continente. El mandatario reveló que las tradicionales rutas del narcotráfico están experimentando una transformación significativa, mientras que una nueva y letal droga, el Fentanilo, emerge como un actor prominente en el oscuro mundo de las sustancias ilegales.
Históricamente, las rutas del tráfico de cocaína habían seguido una dirección norte, extendiéndose desde las áreas de cultivo en Colombia hacia el Pacífico o el Caribe, pasando por Centroamérica, el Caribe y México, antes de alcanzar su destino final en Estados Unidos. Sin embargo, según Petro, estas rutas tradicionales están siendo reemplazadas progresivamente por nuevos senderos que se dirigen al sur, adentrándose en la impenetrable selva amazónica al cruzar la cordillera de los Andes.
El epicentro de esta transformación es una franja de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, en territorio colombiano. Esta región, antes conocida por su belleza natural, se ha convertido en el corazón de la nueva era del narcotráfico, donde las redes de tráfico han encontrado nuevas rutas que se dirigen hacia destinos inusuales, como Brasil, África y Asia.
Este cambio en las rutas de tráfico está directamente relacionado con la disminución del mercado de la cocaína en Estados Unidos. Petro señala que, aunque la cocaína en sí misma es una droga letal, el mercado clandestino estaba contaminado con mezclas venenosas que resultaban en miles de muertes al año. La drástica caída en la demanda de cocaína en Estados Unidos ha sido atribuida a la emergencia del Fentanilo, una droga aún más mortífera que cobra la vida de aproximadamente 100,000 personas anualmente.
Desde Ecuador, la especialista en Derecho Internacional, Ivonne Téllez, ha comunicado a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la reducción en la producción global de cocaína, impulsada por la regulación del mercado y la presión sobre el fentanilo, ha dado lugar a un desplazamiento de esta actividad hacia Colombia. En consecuencia, se ha observado un fortalecimiento en la producción y tráfico de cocaína en Ecuador. Además, Téllez señaló la existencia de factores interconectados que, si bien no son directamente causales, están vinculados al recrudecimiento de la violencia en el país.
La experta en Derecho Internacional también explicó que la política ecuatoriana de legalización y emisión de permisos de porte de armas ha influido en el aumento de la violencia en la sociedad. Esta tendencia se percibe tanto en situaciones cotidianas como en la percepción general de la ciudadanía.
La adaptación del mercado de drogas a esta nueva realidad ha tenido profundas implicaciones económicas y sociales en Colombia y más allá. La caída de los precios de la hoja de coca destinada a la exportación a Estados Unidos ha llevado a que grupos armados busquen alternativas para mantener sus ingresos, recurriendo a actividades ilícitas como el tráfico de oro, la extorsión y el secuestro. Esta evolución ha desencadenado un aumento de la violencia en regiones que anteriormente habían experimentado un grado de estabilidad relativa.
Las consecuencias de esta transformación no se limitan a Colombia. Petro advirtió que la violencia se ha extendido incluso a países vecinos, como Ecuador, que ha superado a Colombia en términos de violencia, una situación difícil de imaginar hace solo unos años.
Según Téllez, los grupos delictivos en Ecuador han capitalizado la posición estratégica del país en el tráfico mundial de cocaína. Esta situación ha sido exacerbada por los cambios en los patrones globales de consumo, como menciona Petro. Estos cambios han resultado en un incremento significativo de la producción y transporte de droga por parte de Ecuador. Para ejemplificar esta magnitud, en 2015 se confiscaron 63 toneladas de droga, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 180 toneladas.
Estos ajustes en el mercado internacional han ocasionado un aumento en los flujos de capital, lo que ha alimentado el crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales locales. Téllez sostiene que en la actualidad, en Ecuador, abundan los grupos delictivos que no solo controlan puntos estratégicos en cárceles, sino también corredores clave. Además, se ha observado una evolución en la dinámica de estos grupos debido a la captura de líderes, lo que ha dado lugar a su atomización y diversificación interna en la lucha por el poder, tanto en las prisiones como en las calles.
Como respuesta a esta situación, se ha implementado la adopción del sicariato común, una estrategia que se ha venido utilizando en Colombia, como un mecanismo para ejercer control y autorregulación en medio de este contexto conflictivo. Es fundamental destacar que en esta zona también se verifica la presencia activa de carteles provenientes de Europa y México.
Los grupos que tienen una presencia más pronunciada en Ecuador son los siguientes: Los Choneros, quienes se distinguen por su ferocidad y su envergadura, mantienen alianzas con el Cartel de Sinaloa. Se estima que cuentan con una fuerza de más de 12.000 miembros; Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, con estos últimos actuando como una facción derivada de los Choneros. Además, ha emergido un nuevo grupo denominado Nueva Generación, resultado de la colaboración entre los Chone Killers y los Tiguerones.
Según Francisco Daza, coordinador en la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, en la región del Bajo Putumayo, ubicada en el Departamento de Putumayo, existe una presencia constante de grupos disidentes. Por un lado, se encuentra el Frente Carolina Ramírez, integrante del Estado Mayor Central, y por otro, los Comandos Bolivarianos de la Frontera, parte de la segunda Marquetalia. De acuerdo con informes emitidos por Pares, se ha identificado una presencia ininterrumpida de estos grupos, así como una dinámica activa de conflicto armado entre ellos.
Los Comandos Bolivarianos de la Frontera han establecido un ejercicio de dominio territorial a través de la región del Amazonas y el río Putumayo. Este control territorial está fuertemente ligado a la gestión de las rutas fluviales, utilizadas para actividades económicas ilícitas relacionadas con el narcotráfico en el departamento de Amazonas. Además, se puede constatar la presencia de ambos grupos disidentes, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, en la región del departamento de Amazonas.
En eventos más recientes, ha sido evidente la apertura de un mercado de estupefacientes, en el cual los carteles brasileños han tenido una participación notable. Esta coyuntura ha intensificado la dinámica de traslado de economías ilícitas hacia esta región del continente. En el departamento de Putumayo, se registraron 26.072 hectáreas de hoja de coca en 2020, y este incremento no se debe a la falta de voluntad por parte de la población civil para realizar sustituciones en sus cultivos.
Desde 1995, se ha venido debatiendo la posibilidad de llevar a cabo una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esta área. En dicho año, el Movimiento Cívico Regional negoció con el Gobierno para encontrar una solución al problema de las drogas. Los resultados de estas negociaciones quedaron reflejados en el Acta de Acuerdo del 11 de enero de 1995, la cual, lamentablemente, no fue cumplida por el gobierno.
Transcurridos 27 años desde entonces, esta falta de cumplimiento se repite, esta vez en relación con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un plan derivado del Acuerdo Final de Paz. (Ver: Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 – 2022)
Petro en sus declaraciones planteó una serie de hipótesis sobre los posibles desarrollos futuros en el mercado de drogas. Sugiere que mafias de países como Paraguay y Uruguay podrían intentar establecer economías ilícitas en Bolivia, aprovechando la nueva geografía del narcotráfico. También plantea la posibilidad de que los laboratorios de cocaína se trasladen a Europa, en un intento por competir con las drogas químicas y sintéticas que están en aumento, como el Fentanilo.
En respuesta a esta crisis en evolución, Petro insta al Gobierno a implementar medidas de prevención y salud pública. Propone la instalación de puestos de detección gratuitos en zonas de entretenimiento nocturno para abordar el consumo de Fentanilo entre los jóvenes, una estrategia que podría ayudar a evitar un aumento alarmante en las muertes relacionadas con esta droga mortal. Además, resaltó la importancia de educar a la población sobre los efectos mortales del Fentanilo y las tácticas utilizadas para inducir la adicción.
Ivonne Téllez destacó que en relación con los cultivos de coca, la producción persiste principalmente en Colombia. Desde allí, la droga se canaliza a través de puntos de acceso irregulares en Carchi y luego se distribuye por vía terrestre dentro del país. Este proceso busca, en su mayoría, llegar a las zonas costeras para su envío a los mercados internacionales. Aunque no se disponga de cifras precisas, la información recopilada en investigaciones sugiere que alrededor del 41% de la producción total de drogas en Colombia, medida por la extensión de áreas de cultivo, se concentra entre Nariño y Putumayo, abarcando la línea fronteriza.
En términos del promedio anual estimado para toda Colombia en cuanto a producción total de cocaína, aproximadamente la mitad se origina en estos departamentos y posteriormente es trasladada a Ecuador, alcanzando un total de alrededor de 670 toneladas por año. Es relevante mencionar que también existe información que señala la existencia de cargamentos que parten desde Buenaventura y llegan a las Islas Galápagos, evitando el territorio continental. A partir de este punto, la distribución se lleva a cabo. No obstante, se carece de datos precisos sobre las cantidades involucradas en este tipo de traslado.
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