Fuerza pública y sociedad civil, entre plan pistola y ataques con dron

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Después de que el gobierno Petro decidiera dar un giro a su política de seguridad y paz —con el rompimiento de los diálogos con el ELN, la no prórroga de los ceses al fuego con las disidencias de las Farc y el ataque directo a los miembros de las organizaciones criminales— se ha configurado en el territorio nacional un teatro de guerra donde las estructuras armadas criminales combinan el uso de dos estrategias tecnológicas para atacar a la Fuerza Pública: el “plan pistola” y uso de drones.

La primera táctica de guerra no es nueva en el país, fue utilizada en la década de 1980 por los carteles del narcotráfico, cuando pusieron precio a la vida de los policías en las capitales; también, a principios de este siglo, cuando la guerrilla de las Farc, liderada por alias “el Mono Jojoy”, la usó de manera reiterada para enfrentar a la Fuerza Pública. Esta consiste en enviar a sicarios, generalmente movilizados en motocicletas, a usar explosivos contra los uniformados estatales, para luego rematarlos a disparos.

En este sentido, el “plan pistola” va más allá del uso de armas cortas, se combina con cargas explosivas en las carreteras, motos cargadas de bombas o vehículos de toda clase. La idea es detonar los artefactos para matar a los integrantes del Estado o herirlos de muerte con fusiles, para luego huir del lugar. Se trata de acciones furtivas, con las que se sorprende a la Fuerza Pública y a la población civil en el momento que menos lo esperan.

La segunda estrategia es más nueva, viene siendo usada tan solo en el último lustro, y con mayor intensidad desde 2024, cuando alias “Iván Mordisco”, máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, comenzó con el uso constante de drones para atacar la Fuerza Pública. Los ilegales están aprovechando los desarrollos tecnológicos para enfrentar a los miembros de los organismos del Estado. Se dotan de aeronaves no tripuladas para obstaculizar el avance de las Fuerzas Militares, anticipando su arribo o causando daños para evitar ser atacados.

Los drones son herramientas de ofensiva militar, de uso cada vez mayor en los conflictos armados en el mundo. Son usados por los grupos armados para atacar estaciones de policía y unidades militares. También se utilizan en espacios donde se encuentran los uniformados reunidos o acantonados. Tienen la ventaja de que pueden ser utilizados a cualquier hora —tanto de día como de noche, debido a que están  dotadas de visión nocturna—, llegan a cualquier terreno y ponen en riesgo bajo a las personas que los manipulan —usan controles remotos y temporizadores artesanales que son detonados a distancia—.

Ambas estrategias tienen en común que logran sembrar el miedo y zozobra tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a la sociedad civil que habita los territorios. Tanto los uniformados como la población no saben cuándo aparecerán los sicarios o los pequeños aparatos voladores en el cielo. Lo que sí saben es que  su uso causa inmensos daños en vidas e infraestructura de la Policía o el Ejército y de la población civil.

Además comparten un alto grado de efectividad. Tanto el uso de explosivos o armas letales contra la Fuerza Pública como los drones se caracterizan por la efectividad de la acción. En los planes pistola los sicarios están atentos al paso de uniformados para dispararle y perseguirlos, incluso hasta sus viviendas, donde son acribillados. Con los drones los ataque son cada vez más precisos, debido a las cámaras que tienen y que permiten que se usen con mayor precisión. Actos donde en la mayoría de casos, los uniformados quedan gravemente heridos.

Frente a estas dos tecnologías, la segunda es la que mayor fuerza y prestigio está ganando en el conflicto armado colombiano. Primero, porque está herramienta permite al adversario detectar con anticipación el movimiento de tropas, rastrear pequeños grupos de soldados y planificar emboscadas sin ser detectados. Segundo, los terroristas corren menos riesgo, no se exponen directamente, y por tanto la pérdida de vidas en la organización criminal es menor.

Tercero, porque conseguir en el mercado los drones es mucho más fácil que un fusil, basta con pedir un servicio a domicilio a una tienda tecnológica o hacer una compra en las plataformas internacionales. Y cuarto, cada vez son más robustos los drones y pueden cargar más gramos de explosivos —hoy lo hacen hasta un kilogramo— y tiene mayor autonomía de vuelo —hoy está entre media hora y una— lo que los pueden hacer llegar más lejos.

Estas ventajas que ofrece la nueva tecnología ha provocado que en tan solo el primer cuatrimestre que se lleva de 2025, sean más de 60 los casos donde se registra el uso de drones para atacar a la Fuerza Pública por grupos armados —un atentado cada dos días—. Estos se ubican, por lo general, en los sitios donde se enfrentan los diversos ejércitos, como son los departamentos de Cauca, Nariño, Huila y Norte de Santander; o en municipios en guerra como Cajibío, Morales y Piendamó.

En este sentido, también el uso de drones en la guerra debe ser más estudiado y regulado por parte del Estado y la Fuerza Pública. La facilidad de compra, sin que se realice un seguimiento; la facilidad de operación, que hasta un niño puede hacerlo; y el bajo costo, que va desde menos de un millón hasta los cinco, obliga al Estado a estar más atento a la comercialización y uso de estas nuevas tecnologías. El hecho no es prohibirlas sino regular su utilización.

En especial porque están afectando mucho el orden público y la seguridad ciudadana. La población está viendo cómo los adelantos tecnológicos se convierten en pesadillas permanentes. Los pequeños drones se están metamorfoseando en especies de peligrosos dragones voladores, de los que hay que esconderse cuando aparecen en el cielo, pues pueden correr la suerte de ser lo último que vean.

En conclusión, el país está pasando, en la tercera década del siglo XXI, del uso de artefactos explosivos como los lanza cilindros o pipetas de gas o las minas antipersona, al uso de drones y nuevas tecnologías. Con lo que están provocando también un cambio en la manera de hacer la guerra en el país. Ya los enfrentamientos entre las organizaciones armadas, legales e ilegales, no son las clásicas confrontaciones directas —combatiente a combatiente—, sino drones no tripulados, que se activan desde lejos, y que causan daño tanto a la Fuerza Pública como a la población y a la infraestructura que necesitan.

De allí que la tarea del Estado frente al uso que se le está dando a los drones como herramientas de guerra lo obliga a regular la comercialización de estas tecnologías. También a la Fuerza Pública a explorar otros desarrollos técnicos similares que permitan anticipar los ataques, mediante sistemas de navegación anti drones y protocolos de prevención. En breve, el despliegue de drones por parte de actores ilegales representa un reto creciente para las autoridades, que deben adaptarse a una amenaza en evolución constante y de difícil contención en los territorios más afectados por el conflicto armado.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.