Por: Katerin Erazo, Periodista
En medio de las tensiones que han surgido por la implementación de la política de 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro, los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de Santander, Juvenal Díaz, han alzado la voz en señal de alerta. Ambos mandatarios han expresado públicamente su preocupación y rechazo hacia los acercamientos que el Ejecutivo ha entablado con organizaciones criminales como el 'Clan del Golfo' y las disidencias de las FARC, que continúan siendo actores violentos en sus respectivas regiones.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido particularmente enfático en su oposición a las conversaciones que el Gobierno Nacional ha iniciado con el 'Clan del Golfo', una organización que, según Rendón, no ha demostrado voluntad real de desmovilización o de contribuir a la paz en el territorio.
En una reciente declaración, Rendón calificó estos diálogos como una "cachetada a los antioqueños", subrayando que la presencia de este grupo en regiones como el nordeste, Bajo Cauca y el oriente del departamento ha exacerbado la violencia y la inseguridad.
El 'Clan del Golfo', conocido por su control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, ha sido señalado por Rendón como una de las principales fuentes de violencia en Antioquia. El gobernador destacó que, bajo el pretexto de ser un grupo insurgente, esta organización ha generado una profunda crisis humanitaria en más de 80 municipios, afectando a comunidades que sufren a diario por homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y confinamientos. Además, el drama de los migrantes que intentan cruzar el Darién, siendo víctimas de extorsiones y violaciones de sus derechos por parte del 'Clan del Golfo', fue otro punto crítico mencionado por Rendón.
El mandatario departamental insistió en que la visión del Gobierno Nacional de entablar un diálogo con este grupo es errónea, ya que considera que no se puede hablar de paz con quienes no han mostrado ningún interés en abandonar sus actividades delictivas.
"La paz es seguridad, la paz es justicia, la paz son oportunidades sociales", afirmó Rendón, enfatizando que cualquier proceso de paz debe estar basado en el respeto a la ley y en la protección de las comunidades afectadas.
En Santander, el panorama no es menos preocupante. El gobernador Juvenal Díaz ha lanzado duras críticas contra las disidencias de las FARC, quienes, a pesar de los diálogos con el Gobierno Nacional, han continuado con sus actividades criminales, poniendo en jaque la seguridad del departamento. Díaz, visiblemente molesto, denunció que las disidencias han violado el cese de hostilidades acordado con el Gobierno, desplegando acciones violentas como el "plan pistola" que ha generado una alerta roja en la región.
El gobernador Díaz hizo un llamado urgente para que se active el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, mencionando que ha enviado varias cartas al Gobierno Nacional sin obtener una respuesta contundente. Según Díaz, las amenazas y los actos de intimidación por parte de las disidencias no solo representan un desafío a la autoridad del Estado, sino que también ponen en peligro la vida y la tranquilidad de los ciudadanos de Santander.
Díaz fue claro en su posición de que la paz no debe ser confundida con impunidad. "No vamos a permitir que estos bandidos de las disidencias de las Farc, que hoy negocian con el Gobierno Nacional, vengan impunemente a Santander a amedrentar a nuestros ciudadanos", afirmó el gobernador, quien además insistió en la necesidad de una respuesta firme por parte del Ejecutivo ante estas violaciones al acuerdo de cese de hostilidades.
Las críticas de los gobernadores de Antioquia y Santander se suman a una creciente preocupación a nivel nacional sobre la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro en su política de 'Paz Total'. Si bien el objetivo del presidente ha sido poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia a través del diálogo y la negociación con diversos grupos al margen de la ley, las recientes denuncias sobre violaciones a los acuerdos de cese al fuego y la continuidad de actividades criminales han generado dudas sobre la efectividad y los riesgos de este enfoque.
El Gobierno ha defendido su postura argumentando que el diálogo es un camino necesario para lograr una paz duradera en el país, y que los acercamientos con grupos como el 'Clan del Golfo' y las disidencias de las Farc buscan desescalar el conflicto y encontrar soluciones negociadas. Sin embargo, los mandatarios regionales, como Rendón y Díaz, han señalado que estos intentos podrían estar enviando un mensaje equivocado, incentivando a los grupos armados a mantener su capacidad de violencia mientras negocian desde una posición de fuerza.
El reciente anuncio del Gobierno sobre el inicio de conversaciones con el 'Clan del Golfo' ha sido particularmente polémico, ya que este grupo ha sido uno de los principales actores en el incremento de la violencia en varias regiones del país.
Para los gobernadores como Rendón, cualquier diálogo con este tipo de organizaciones debería estar condicionado a un cese completo de sus actividades ilegales y a la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas.
Por su parte, en Santander, la situación es igualmente tensa. Las disidencias de las FARC, que han estado en conversaciones con el Gobierno, podrías estar siendo una amenaza activa para la seguridad del departamento, lo que ha llevado a Díaz a exigir una revisión y fortalecimiento de los mecanismos de verificación del cese al fuego.
Las críticas de los gobernadores de Antioquia y Santander reflejan una creciente desconfianza hacia la política de 'Paz Total' del Gobierno Petro, subrayando la necesidad de un enfoque más riguroso que garantice la seguridad de las comunidades afectadas y el cumplimiento de los acuerdos por parte de los grupos armados. La paz en Colombia, según los mandatarios, no puede ser alcanzada a costa de la justicia y la protección de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias del conflicto durante tantos años.
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