Por: Katerin Erazo, Periodista
El Ministerio del Interior anunció recientemente la aprobación y rediseño del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018). Este programa tiene como objetivo brindar protección a organizaciones sociales, poblaciones étnicas, líderes y lideresas ambientales que enfrentan riesgos debido a sus labores. A través de esta iniciativa, se busca abordar una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano en las periferias: la defensa colectiva de comunidades y territorios.
El Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios fue creado como parte del tercer punto del Acuerdo de Paz en Colombia, con el objetivo de poner fin al conflicto en el país. Este programa tiene diversos objetivos fundamentales:
Medidas de prevención: Busca adoptar medidas de prevención orientadas a identificar los factores de riesgo que puedan llevar a violaciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se consideran las condiciones particulares de las mujeres, reconociendo la importancia de abordar de manera integral los riesgos que enfrentan.
Medidas de seguridad y protección: Se enfoca en adoptar medidas de seguridad y protección destinadas a prevenir la materialización o mitigar los efectos de riesgos excepcionales que amenacen los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las comunidades, organizaciones y sus líderes en los territorios. También se tiene en cuenta las condiciones específicas de las mujeres, reconociendo las particularidades de su situación.
Promoción de reconciliación y convivencia pacífica: El programa busca promover la reconciliación y la convivencia pacífica y democrática en los territorios, con el fin de construir confianza entre las entidades públicas y las comunidades. Se busca fortalecer la articulación local y nacional para fomentar la confianza mutua y el diálogo constructivo.
Fortalecimiento de la denuncia de organizaciones de Derechos Humanos: Se orienta a fortalecer la capacidad de las organizaciones de derechos humanos en los territorios para denunciar violaciones y abusos, brindando apoyo y recursos para su labor.
Sin embargo, a pesar de su existencia desde el año 2018, su implementación no ha logrado traducirse en medidas reales y sus alcances han sido limitados en los cuatro pilares del programa: la convivencia y prevención, el acceso comunitario a internet, el reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones, y la superación de la estigmatización y discriminación de las comunidades.
Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) la situación actual del decreto 660. Castañeda señaló que el Ministerio del Interior carecía de personal suficiente para impulsar su aplicación y que no había garantías de una implementación adecuada. Para ilustrar este problema, mencionó que desde abril de 2018 hasta la fecha, se habían seleccionado alrededor de 42 organizaciones como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna de ellas había logrado una implementación completa de las medidas identificadas en los diversos planes integrales de prevención que se acuerdan entre las organizaciones y el gobierno como punto de partida para la implementación del decreto 660. En casi el 50 por ciento de los casos, ni siquiera se habían establecido los planes.
Con el objetivo de cerrar estas brechas y fortalecer la protección de los líderes sociales y las organizaciones, el Ministerio del Interior anunció el rediseño del programa. Franklin Castañeda explicó que se implementó un proceso de gestión que buscaba abordar los problemas identificados. En primer lugar, se gestionó un presupuesto de funcionamiento significativamente mayor, que representó un incremento del 1400% para el funcionamiento de decreto 660. También se trabajó en la selección de comunidades en riesgo, la implementación de planes integrales de prevención y la adecuación institucional para identificar previamente las medidas necesarias para las comunidades y la gestión de gobierno para lograr esas implementaciones de medidas.
Cabe recordar que el decreto 660 no basa su acción en la implementación de medidas como las camionetas o escoltas, sino medidas preventivas que facilite el transporte, la comunicación, el alumbrado y el fortalecimiento de los procesos comunitarios y de autoprotección.
Castañeda mencionó que en el marco de esta gestión, se ha fortalecido económicamente el decreto y se ha contratado un equipo de trabajo cualificado, conformado en su mayoría por profesionales provenientes de organizaciones sociales y algunas que participaron en la concertación del decreto en 2018. Castañeda también dijo que se ha dado prioridad a garantizar un funcionamiento basado en la oferta, es decir, asegurando que el Estado se comprometa a ofrecer el decreto y sus beneficios a las comunidades vulnerables. Por tal motivo que las comunidades y organizaciones sociales que deseen acceder a programas de fortalecimiento de capacidades de autoprotección y protección colectiva podrán hacerlo a través de este nuevo diseño y para esto se lanzó una convocatoria pública.
Las organizaciones interesadas en acceder al programa deben descargar un formulario en la página web del Ministerio del Interior. En este documento, deberán presentar información detallada sobre su organización, incluyendo su historia, enfoques, derechos que defienden y estructura. También se les solicitará describir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que han enfrentado en los últimos tres años, así como los conflictos sociales, territoriales y ambientales presentes en sus territorios.
El Ministerio del Interior liderará este programa, aunque según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la Unidad Nacional de Protección (UNP) será la entidad encargada de las rutas de protección colectivas. Es importante destacar que el Decreto 660 de 2018 reglamenta este programa y establece las bases para su funcionamiento.
El Decreto 660 también contempla la asignación de recursos y la implementación de medidas específicas para garantizar la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás actores que trabajan en favor de sus comunidades. Reconociendo el importante papel que desempeñan, se busca salvaguardar su integridad y promover un entorno seguro para su labor.
Según Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, en los próximos seis meses de este año, se busca implementar lo mínimo con 55 comunidades, que incluyen aquellas en riesgo y la población reincorporada que firmó el Acuerdo de Paz y vive en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Además, mencionó que están trabajando en la gestión de cooperación internacional para incrementar el número de comunidades que se verán beneficiadas directamente este año.
Es importante recordar que en gobiernos anteriores se beneficiaron alrededor de 30 organizaciones. Sin embargo, este año, en solo seis meses, se busca llegar a 40 comunidades adicionales, sumadas a las 10 que comenzaron el proceso de implementación el año pasado bajo la actual administración, y a aproximadamente 15 ETCR. En total, se espera atender a 55 comunidades, además de las 32 o 30 que ya se beneficiaron en gobiernos anteriores.
Castañeda puntualizó en que con el rediseño de este programa, el objetivo es brindar una atención óptima a estas comunidades. El director de derechos humanos del Ministerio del Interior hizo énfasis en que se está avanzando en el fortalecimiento de los componentes de autoprotección. Se destinarán más de 12 mil millones de pesos para dotar a organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de la ruralidad colombiana con recursos que les permitan mejorar sus capacidades de autoprotección.
Es importante resaltar que esto no significa transferir la responsabilidad de protección del Estado hacia las comunidades. El Decreto 660 llega, según Franklin Castañeda, para fortalecer las capacidades ciudadanas y fomentar la formación en mecanismos de autoprotección. También busca promover el intercambio de experiencias en autoprotección entre la sociedad civil y el Gobierno, así como implementar estrategias concretas para una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. No pretende reemplazar los mecanismos de protección individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni el rol de las autoridades de policía y militares en términos de seguridad.
Finalmente, Castañeda mencionó que las principales diferencias con la implementación anterior del decreto es que radican en el enfoque en la oferta, es decir, salir a promover y difundir el decreto 660. Se busca dar a conocer la institucionalidad del decreto, concertar con las comunidades las medidas necesarias y financiar dichas medidas mediante la entrega de recursos. Además, el Ministerio del Interior ha establecido un modelo de gobernanza de derechos humanos que garantizará la gestión y coordinación interinstitucional de las medidas implementadas en el marco del decreto 660.
Para Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, el rediseño es mucho más ordenado que lo que hay hoy, pero lo que realmente se debe tener en cuenta es que se pueda instalar la capacidad necesaria en los entes territoriales para que la implementación de estos entes territoriales pueda ser una realidad y asimismo garantizar que haya complementariedad y concurrencia en entidades como la unidad nacional de protección, ministerio del interior, policía nacional y otras entidades del orden nacional que tienen que contribuir a la concreción de este plan.
Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, lo realmente importante es asegurar que se pueda establecer la capacidad necesaria en las entidades territoriales para lograr una implementación efectiva de estas medidas. Es fundamental garantizar la complementariedad y colaboración entre entidades como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras entidades a nivel nacional que deben contribuir a la realización exitosa de este programa.