Por : Katerin Erazo, Periodista
El Gobierno Nacional está considerando la presentación de una nueva reforma tributaria en este año 2025, con el propósito de garantizar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación (PGN) y sostener los proyectos estratégicos del país. Esta iniciativa surge en un contexto de tensiones políticas y económicas, luego de que la ley de financiamiento propuesta en 2024 fuera archivada por el Congreso, lo que obligó a la administración a realizar ajustes presupuestarios.
El PGN de 2025, aprobado por decreto presidencial tras la negativa del Congreso a la propuesta inicial del Ejecutivo, contempla un gasto de $511 billones. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de los $523 billones que el Gobierno había solicitado, lo que llevó a un recorte de $12 billones en distintas áreas.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha señalado que el Gobierno busca alternativas para cubrir este faltante y, al mismo tiempo, establecer una estructura fiscal más estable a largo plazo. Entre las prioridades de la nueva reforma estaría la financiación de programas sociales y la recuperación de inversiones clave que fueron aplazadas debido a la falta de recursos.
Uno de los sectores más afectados por los recortes ha sido la inversión en infraestructura, donde proyectos estratégicos han visto reducidos sus presupuestos. En este sentido, el presidente Gustavo Petro ha advertido que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, varias de estas partidas podrían convertirse en recortes definitivos, impactando directamente a las regiones.
El anuncio de una posible reforma tributaria ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar nuevos ingresos para sostener el gasto público y atender emergencias como la crisis humanitaria en el Catatumbo, sectores de la oposición cuestionan el impacto que mayores tributos podrían tener sobre la economía nacional.
Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), su director, Alexander López Maya, ha defendido la iniciativa, asegurando que el actual esquema fiscal no permite atender las necesidades del país sin comprometer inversiones esenciales. López también ha criticado la postura de algunos sectores políticos que, según él, han bloqueado las iniciativas del Gobierno con fines electorales en lugar de priorizar el bienestar de la ciudadanía.
En contraste, analistas y gremios empresariales han expresado su preocupación por el posible impacto de una nueva reforma tributaria en la inversión y el empleo. Algunos advierten que cambios en el régimen fiscal podrían generar incertidumbre y desincentivar el crecimiento económico en un momento en el que el país aún enfrenta desafíos en materia de reactivación productiva.
Según Alejandro Chala , investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares)
Más allá de la urgencia de recaudar nuevos recursos, el Gobierno ha planteado la necesidad de diseñar una política fiscal más robusta que evite la recurrencia de reformas tributarias en cada administración. El ministro de Hacienda ha indicado que la estructura actual del sistema de financiamiento público genera un problema estructural, lo que obliga a cada gobierno a buscar alternativas temporales para sostener el gasto.
El desafío ahora será lograr un consenso en el Congreso para sacar adelante la reforma sin profundizar las divisiones políticas ni afectar el desarrollo económico. Con un panorama legislativo complejo y un margen de maniobra reducido, la discusión sobre el futuro de la política fiscal en Colombia promete convertirse en uno de los temas más relevantes del próximo año.