Por: Katerin Erazo, Periodista
Este lunes 10 de junio, la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un contundente comunicado en el que solicita a la guerrilla cesar las agresiones verbales hacia el presidente Gustavo Petro y los miembros del equipo de paz. En el documento, los negociadores expresaron su preocupación por la estrategia de confrontación mediática empleada por el ELN.
“Hemos guardado pacientemente silencio para no seguir en la lógica de la confrontación mediática. Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al Presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, manifestaron los negociadores.
El pasado martes 11 de junio, un nuevo comunicado fue emitido en respuesta a los recientes señalamientos del comandante del ELN, Antonio García, quien en publicaciones en redes sociales acusó sin pruebas contra figuras clave del proceso de reincorporación de excombatientes y de desminado humanitario. Entre los señalados se encuentran Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las antiguas FARC.
García afirmó que Jiménez y Londoño estarían involucrados en contratos de desminado con el Gobierno, y además acusó al partido Comunes de colaborar con bandas paramilitares en el Chocó. Estas declaraciones han generado una fuerte respuesta del Gobierno y de los mismos implicados, quienes niegan categóricamente las acusaciones y las consideran un intento de desestabilizar el proceso de paz.
Aunque García no lo mencionó explícitamente, sus acusaciones parecen estar relacionadas con los esfuerzos de desminado humanitario llevados a cabo en Nariño. En esta región, el grupo Comuneros del Sur, una facción que se separó del ELN en mayo del año pasado, ha estado trabajando en labores de desminado. Desde su escisión, el Gobierno ha tratado a esta estructura como una entidad distinta del ELN, lo que ha permitido un enfoque más directo y especializado en las tareas de desminado.
El equipo de paz del Gobierno rechazó enfáticamente estas acusaciones y pidió evitar lanzar imputaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 y los proyectos que desarrollan en su proceso de reincorporación.
La delegación también destacó la firma del primer punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil, a pesar de los desafíos, como el retorno del ELN a los secuestros extorsivos. “Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo No. 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, señalaron.
A pesar de las dificultades, el Gobierno ha mantenido su compromiso con el cese al fuego y la búsqueda de soluciones a las crisis, incluso ante el "congelamiento" de las negociaciones anunciado por el ELN el pasado 30 de mayo. En su comunicado, el equipo de paz instó a Antonio García a abandonar la estrategia de ataque y difamación personal. García ha acusado al Gobierno de esquivar e incumplir acuerdos, afirmando que la "Paz Total se está virando a la total incertidumbre" y sugiriendo que algunos actores se benefician económicamente de la paz.
Finalmente, la delegación gubernamental reiteró su invitación a la guerrilla a trabajar sin dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, incluyendo la participación de la sociedad civil, el cese al fuego, la suspensión de secuestros por razones económicas y las dinámicas humanitarias que demandan las comunidades. “Invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades y el país. Y sobre todo, a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”, concluyeron.
Cabe recordar que después de 18 meses de negociaciones formales, el Gobierno y el ELN lograron un hito significativo con la firma del acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Este acuerdo, firmado en Caracas, aborda transformaciones en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental, y la educación y cultura.
El documento establece iniciativas clave como la creación de una "democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano", y reformas en la doctrina de seguridad, el sistema de justicia, y el desmantelamiento del paramilitarismo y el narcotráfico. También se contempla una revisión del modelo económico, incluyendo la propiedad y uso de la tierra, y la transición energética, alineada con las políticas del presidente Petro y las demandas globales contra el cambio climático.
El acuerdo también subraya la importancia de frenar la contaminación ambiental y la implementación del Acuerdo de Escazú, garantizando la protección de líderes y defensores ambientales.
Aunque estas propuestas aún requieren desarrollo, representan un avance crucial en el largo camino hacia la paz en Colombia. Expertos señalan que el verdadero reto será la implementación de estos cambios a través del Congreso, en lugar de depender únicamente de las negociaciones con un grupo armado.