Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: El Tiempo
En medio de una compleja coyuntura política y social en Colombia, las recientes acusaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, una facción disidente de la guerrilla, han desatado un torbellino de controversias que amenaza con posiblemente desestabilizar el ya frágil proceso de paz en el país.
El Gobierno colombiano, a través de un comunicado oficial, ha respondido de manera contundente a estas alegaciones, rechazando categóricamente las acusaciones del ELN y reafirmando su compromiso con la mesa de negociación oficial.
La Dirección Nacional del ELN, por su parte, insiste en que el Estado estaría relegando la mesa de diálogo para centrarse en conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, al que califican de "infiltrados".
Esta confrontación dialéctica entre las partes involucradas en el proceso de paz refleja una profunda división y desconfianza que ha marcado las relaciones entre el Gobierno y el ELN durante años. Desde el inicio de las negociaciones, han sido recurrentes los desencuentros y las acusaciones mutuas, lo que ha obstaculizado el avance hacia una paz duradera y estable en Colombia.
Es relevante señalar que el Gobierno emitió un comunicado oficial el pasado 8 de mayo, anunciando la viabilidad de iniciar un diálogo con la organización del Frente Comunero del Sur, siempre y cuando se la reconozca como una entidad independiente del ELN.
Esta crisis se agrava es por la situación interna del ELN, especialmente en el Frente Comuneros del Sur, que ha evidenciado tensiones y divisiones internas durante años. Este grupo disidente, surgido hace más de dos décadas y geográficamente apartado de los frentes mejor consolidados, ha mantenido acercamientos con delegados gubernamentales desde el año pasado, buscando iniciar un proceso de diálogo independiente de la dirección principal del ELN.
La iniciativa del comandante Yepes Mejía de entablar conversaciones con el Gobierno sin el respaldo de la Dirección Nacional del ELN ha generado controversia dentro de la guerrilla, con algunos observadores del proceso especulando sobre posibles motivaciones y consecuencias de esta decisión. La falta de consenso interno en el ELN respecto a la estrategia a seguir en las negociaciones de paz ha contribuido a la incertidumbre y la inestabilidad en el proceso.
En este contexto tenso y desafiante, el Gobierno colombiano se enfrenta a la difícil tarea de mantener la cohesión y el rumbo de las negociaciones de paz, mientras responde a las acusaciones del ELN y busca superar los obstáculos que amenazan con descarrilar el proceso. El rechazo del Gobierno a las acusaciones de priorizar negociaciones con el Frente Comuneros del Sur y su llamado a respetar el proceso de diálogo oficial son señales de su determinación de no ceder ante presiones externas y de seguir adelante en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, la situación se complica aún más con la reciente decisión del ELN de reactivar el secuestro como forma de presión sobre el Gobierno, alegando incumplimientos por parte del Estado en el financiamiento de proyectos de paz. Esta medida ha generado rechazo tanto dentro como fuera del grupo guerrillero, evidenciando las divergencias internas y la falta de consenso sobre la estrategia a seguir en las negociaciones.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha señalado que la reciente decisión del ELN de retomar las retenciones con fines económicos es lamentable. Esta acción socava los avances logrados en el proceso de negociación, donde la suspensión de estas prácticas había sido un punto de fortalecimiento y credibilidad. Marín explica que, en respuesta a este tipo de acciones, se había concebido la propuesta del Fondo Multidonante. Este fondo no se planteaba como un incentivo para que el ELN cesara en sus secuestros, sino como un mecanismo para financiar los procesos territoriales que acompañaban las negociaciones, incluyendo la participación de la sociedad civil en la mesa. El retorno a estas prácticas no solo genera tensiones dentro de la delegación gubernamental, como lo evidencian las declaraciones de Lafaurie, sino que también afecta negativamente la percepción de la sociedad civil sobre el proceso de negociación de paz.
Marín también destaca que el ELN ha enfrentado históricamente divisiones internas, con grupos que son considerados como infiltrados. Este es el caso del reciente rompimiento en Nariño y los encuentros territoriales con el gobernador, donde se acusó de infiltración a ciertos actores. La falta de respuesta por parte del comando central del ELN a estas discrepancias ha contribuido al rompimiento y la decisión del Frente Comuneros de cortar lazos con la dirección nacional.
La investigadora de Pares subraya que estas divisiones internas no son nuevas, dado el carácter federado de la guerrilla, con frentes operando de manera independiente. Esto ha generado ideas divergentes y falta de cohesión, a pesar de los congresos periódicos que buscan unificar criterios. Con el rompimiento del Frente Comuneros del Sur, surge la necesidad de definir quién representará al ELN en Nariño, donde este frente tenía una presencia destacada.
Marín sugiere que la creación de un espacio de diálogo territorial podría ser un enfoque interesante para el Gobierno Nacional, especialmente considerando las alianzas que han fortalecido la presencia del Frente Comuneros del Sur, como su colaboración con la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia, que ha expresado su disposición al diálogo. Esto podría ser una oportunidad para fortalecer el diálogo territorial en Nariño, siempre y cuando el gobierno logre establecer una presencia efectiva en la región.
Finalmente, resaltó que se aguarda con expectación la próxima reunión entre el Gobierno y el ELN programada entre el 20 y el 25 de mayo en Caracas. En esta ocasión, que se busque dar cumplimiento al primer punto de la agenda de diálogo, previamente acordado en México, el cual se centra en la inclusión de la sociedad civil en el proceso de construcción de paz liderado por el Comité Nacional de Participación.
Se espera que esta reunión propicie avances significativos, ya que este punto ha sido relativamente consensuado, en parte gracias al trabajo conjunto del Comité Nacional de Participación, que aglutina diversas organizaciones y ha promovido diálogos regionales en todo el país.
Asimismo, se aspira a que tanto el Gobierno Nacional como la comandancia del ELN utilicen este espacio para sostener un diálogo constructivo, buscando la resolución de conflictos. Es deseable que se puedan superar las diferencias que han sido persistentes, especialmente por parte de la delegación del ELN, y que se pueda consolidar un canal de comunicación oficial que contribuya a la solución de las crisis y problemáticas en curso.