Por: Katerin Erazo. Periodista
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó la suspensión temporal de trámites ambientales en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar) debido a la grave situación de orden público. La medida se enmarca dentro del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado 24 de enero de 2025, en respuesta a la crisis de seguridad y desplazamientos forzados en la zona.
El Decreto 0116 de 2025 establece que, mientras persistan las condiciones actuales, no se otorgarán nuevas licencias, permisos, concesiones ni autorizaciones para proyectos, obras o actividades. El objetivo es evitar posibles impactos ambientales hasta que las entidades responsables puedan retomar sus labores en la región.
Los enfrentamientos entre grupos armados han afectado gravemente la operatividad de organismos como la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dificultando el monitoreo y control ambiental en estos territorios.
En el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, las actividades dentro del área protegida han quedado suspendidas. Asimismo, por razones de seguridad, los funcionarios de CORPONOR han limitado sus desplazamientos en la región, lo que ha restringido aún más la supervisión de los ecosistemas.
El decreto advierte que la falta de vigilancia en estos espacios podría agravar la deforestación y otros daños ambientales, particularmente en zonas donde operan actividades ilegales como la minería y los cultivos ilícitos. Sin la presencia de las autoridades, el riesgo de deterioro ecológico aumenta considerablemente.
Para mitigar el impacto económico y ambiental de la crisis, el Gobierno estableció un mecanismo de trámite abreviado para proyectos dirigidos a la recuperación ambiental, social y económica. Este procedimiento permitirá reducir en un 66% los tiempos de aprobación, facilitando la reactivación de condiciones básicas sin afectar los estándares de protección ambiental.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que "el decreto busca proteger áreas altamente sensibles de biodiversidad en la subregión del Catatumbo, especialmente porque en este momento, por efecto del conflicto armado, las autoridades ambientales tuvieron que salir de la zona". Además, enfatizó que la medida no comprometerá los estándares de control ambiental ni los derechos de contradicción y publicidad sobre las actuaciones de las autoridades.
De acuerdo con información del medio de comunicación El Espectador, el departamento de Norte de Santander registra pérdidas que ya alcanzan los $58.465 millones. Los sectores más afectados incluyen:
Sector palmicultor: $23.265 millones
Hortofrutícola: $16.000 millones
Explotación de minas y canteras: $10.000 millones
Comercio: $7.400 millones
Transporte y logística: $1.800 millones
Según Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, la crisis ha impactado también la producción de café y carbón, este último con una caída del 60%. En cuanto al aceite de palma, la reducción oscila entre el 40% y 50%. Además, más de 900 negocios han cerrado, con pérdidas que superan los $7.000 millones y miles de empleos desaparecidos.
López agregó que la agroindustria palmicultora, según reportes de Fedepalma, ha sufrido una disminución del 65% en el transporte de fruta a los centros de acopio, acumulando pérdidas de más de $15.000 millones y afectando a cerca de 14.000 empleos.
El Ministerio de Ambiente enfatizó que, una vez finalice el Estado de Conmoción Interior, previsto por 90 días, las autoridades ambientales tendrán tres meses para evaluar las condiciones ecológicas del Catatumbo y definir las acciones a seguir. Vencido este plazo, se reanudarán los trámites suspendidos, garantizando el debido proceso de los solicitantes.
La ministra Muhamad también destacó que "en momentos de conflicto armado en la historia del país, muchas veces se ha utilizado esta situación por parte de actores ilegales para presionar a autoridades ambientales en la expedición de trámites". Por ello, el Gobierno ha tomado medidas para proteger a los funcionarios y asegurar la capacidad de control ambiental en la región.
Finalmente, Muhamad advirtió que los daños ambientales derivados del conflicto pueden constituir crímenes de guerra según el Derecho Internacional Humanitario y delitos ambientales en la normatividad colombiana. "Estaremos atentos a las situaciones del conflicto que afecten a la naturaleza para actuar en consecuencia", puntualizó.
Con esta medida, el Gobierno busca mitigar el impacto ambiental del conflicto y garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos. "Es fundamental dejar a la naturaleza fuera del conflicto. Debemos hacer paz con la naturaleza", concluyó la ministra.
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